No hace falta un estado del arte sobre el hambre o un diagnóstico emitido por alguna instancia gubernamental o una política pública en auge para hacer visible el devastador efecto de la pobreza, expresado en esta problemática que sufren gran parte de los habitantes del Distrito Capital clasificados como vulnerables.

Solamente es necesario aproximarse al modelo social actual de nuestro país para dar cuenta que ha sido legitimado el “sálvese quien pueda” y que a pesar de los colosales esfuerzos de la administración distrital los alcances del problema de inseguridad alimentaria de la población exceden las soluciones que el Estado puede brindar, a través de importantes estrategias como las impulsadas recientemente con los programas de apoyo alimentario.

Es imperativo entender que la definición de Seguridad Alimentaria no hace referencia exclusiva a la garantía del derecho al “consumo” de alimentos inocuos y seguros; por el contrario, hay evidencia de la pérdida de seguridad alimentaria cuando el entorno socioeconómico y político no posibilita la disponibilidad de alimentos y el acceso a los básicos por la pobreza extrema en que se ven sumidas cientos de familias capitalinas, las cuales, además, generalmente presentan problemas de salud y los escasos alimentos que consumen no son aprovechados biológicamente para cubrir en alguna proporción sus requerimientos nutricionales.

Así mismo, tampoco podemos olvidar la profunda crisis de la ruralidad, caracterizada por el afán de las metrópolis para incrementar la producción de agrocombustibles, lo cual crea mayores niveles de miseria en la población y, por si fuera poco, el campesino ni siquiera sueña con el derecho a consumir lo que cultiva, puesto que se ve obligado a venderlo para subsistir.
Es hora de entender, entonces, que la política social no lo soluciona todo. Es hora de enfrentar la realidad y dejar de soñar con utópicos discursos y elaborados objetivos con los cuales se pretende “mejorar el estado nutricional de la población”. Llegó el momento de reconocer que sin profundos cambios en el entorno socioeconómico y político que rodea el verdadero problema agrario seguiremos mitigando y dando cuidado paliativo a la condición más extrema de la inseguridad alimentaria: El Hambre. En efecto, del dicho al derecho.

Finalmente, en el marco de un estado social de derecho se deben orientar estrategias articuladas de todos los sectores en los ámbitos comunitarios, regionales y nacionales. Además, se sugiere dar una mirada integral al problema de Inseguridad Alimentaria, junto a la continuidad de los programas de apoyo alimentario, que además de restablecer un derecho fundamental como la alimentación, mitigan el problema. Estas estrategias serán una alternativa de solución transitoria, semejantes a unos caminos o rutas hacia la dignificación del ser humano.

Claribel Rodriguez Norato