A 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en México persisten –y se agudizan– las violaciones a las garantías individuales. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales coinciden que en México se reforman las leyes para criminalizar la protesta.
Mientras las cámaras de diputados y senadores legislan, los organismos de seguridad pública y las fuerzas castrenses vulneran los derechos humanos con el propósito de mantener el control social.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 1 de diciembre de 2006 a mayo de 2008, el organismo recibió un total de 634 quejas en contra de efectivos militares por cometer 1 mil 373 violaciones a las garantías individuales.
En el documento Relación de quejas y recomendaciones contra militares en la presente administración, cuya copia posee Contralínea, la CNDH expone el número de hechos violatorios de los derechos humanos en que habrían incurrido los efectivos castrenses: 250 ejercicios indebidos de la administración pública; 221 cateos y visitas domiciliarias ilegales; 182 casos de trato cruel y degradante; 147 detenciones arbitrarias; 94 casos de uso indebido del cargo; 85 robos; 55 casos de prestación indebida del servicio público; 41 amenazas; 40 retenciones ilegales; 32 casos de intimidación; 26 violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; 23 casos de imputación indebida de hechos, y 20 negativas al derecho de petición.
Además, 16 casos de ejercicio indebido del servicio público; 16 incumplimientos de prestaciones de seguridad social; 16 empleos arbitrarios de la fuerza pública; 15 casos de irregular integración de averiguación previa; 14 de daño en propiedad ajena; 14 de violación a los derechos de migrantes; 14 de violación al derecho a la vida; 14 violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal; 13 casos de incomunicación; 13 negativas a prestación del servicio público de salud, y 12 casos de aseguramiento indebido de bienes.
Sin embargo, a las 634 quejas por los 1 mil 373 hechos contra los derechos humanos se les deben agregar “otros hechos violatorios que han sido queja en menor medida”; entre éstos, violación a la libre expresión, desaparición forzada y tortura.

Mientras que en 1999 fueron 66 las quejas interpuestas ante la CNDH contra militares, en 2007 ascendieron a 384. Y en los primeros cinco meses del presente año la cifra ha llegado ya a las 242 denuncias contra efectivos castrenses. De éstas, la mayoría se originaron en ocho entidades: Michoacán (139), Distrito Federal (106), Tamaulipas (68), Sinaloa (38), Chihuahua (33), Coahuila (31), Nuevo León (29) y Oaxaca (28).
Por lo anterior, la CNDH subraya que durante el periodo reportado fueron cinco las recomendaciones que el organismo emitió a la Secretaría de la Defensa Nacional: 38/2007, 39/2007, 40/2007 y 10/2008.

Daniel Cazés Menache, especialista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “todo el país está ocupado por militares al igual que en 1968, hace 40 años; pero ahora con el pretexto del narcotráfico, lo que es anticonstitucional. Yo no sé por qué lo persiguen, es un negocio muy floreciente –ironiza–, el neoliberalismo está a favor de eso”.
El doctor en antropología y lingüística, también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, considera que con el Ejército Mexicano en las calles los derechos a una vida digna son vulnerados por la violencia del Estado.
Sin embargo, Martha Leticia Sosa Govea, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, considera que las principales violaciones a los Derechos Humanos son la situación carcelaria y las actividades de la delincuencia organizada.
Para la legisladora por el Partido Acción Nacional, los enfrentamientos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca son un ejemplo de que los conflictos sociales representan “amenazas latentes”.
—Cuando la sociedad, con o sin razón, decide adoptar posiciones radicales y confronta a la autoridad, ésta tiene que usar la fuerza; quien violenta los derechos humanos es ella –considera la legisladora.

El panorama nacional

En su último reporte, Balance anual 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expone que en Chiapas las violaciones a los derechos humanos son atribuibles a las nuevas ofensivas neoliberales que se incrementan contra la población y en particular contra los pueblos indígenas, “ante la crisis de representación política” que padece el régimen.
Actualmente los gobiernos en Chiapas desarrollan “una etapa de mayor ofensiva económica. Los planes son diseñados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial”, cita el documento.
En entrevista, Michael Chamberlin, subdirector de Incidencia Política del centro, especifica que la agresión es por el desarrollo del Plan Puebla-Panamá (ahora Mesoamericano), pues implica el despojo de tierras a los pueblos indígenas. “Contrario a lo propuesto en los acuerdos de San Andrés, está el reordenamiento territorial que ha originado ataques violentos y armados con el fin de presionar a quienes se oponen al despojo”.

Ejemplifica con el cambio integral planeado para Palenque. “En noviembre de 2006 hubo un ataque armado en la comunidad de Viejo Velasco en donde las familias fueron desplazadas y hubo cuatro muertos y cuatro desaparecidos”.

Señala que en los desalojos de las comunidades asentadas durante tres generaciones en Montes Azules, el caracol de La Garrucha y San Jerónimo Tulijá, las acciones fueron emprendidas por miembros del Ejército, la Marina Armada de México, la Agencia Federal de Investigaciones y la Policía Federal Preventiva.

Por su parte, el informe Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco en torno a los derechos humanos, presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –en el marco de su 20 aniversario– destaca que el Estado imposibilita las garantías individuales mediante “la continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad política”.
El informe concluye que las reformas al sistema de justicia vulneran las garantías, mientras que el papel del Ejército en las calles es garantizar la estabilidad económica que dinamicen el mercado, aseguren el control sobre los recursos energéticos y garantice la inversión.
Por su parte, en el análisis 2007, estancamiento y regresión en el campo de los derechos humanos, que presentó a sus 14 años de existencia el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, se señala que, desde 2006, el gobierno federal “mantiene una lucha sorda y apuesta a las vencidas sin pensar en el desgarramiento del tejido comunitario; para 2008 se avizora un escenario lúgubre para los pueblos indígenas y campesinos”. Además, califica de “triada funesta” al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, el Plan Mérida y la reforma judicial.

En seis capítulos señala que se castiga la pobreza y se criminaliza la lucha social.
En el periodo de junio de 2007 a mayo de 2008, las cifras de dicha criminalización en la entidad repercutieron en la persecución, detención y encarcelamiento de líderes indígenas: 201 casos de vulneración de garantías documentadas.
De acuerdo con el informe, en ese periodo se han abierto 73 procesos penales; 75 órdenes pendientes de ejecutarse; nueve expedientes cerrados por resoluciones favorables, y 44 averiguaciones previas en integración contra líderes sociales.
Tlachinollan también identifica las organizaciones que han sido perseguidas y criminalizadas: Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, Consejo para el Desarrollo del Pueblo Me’phaa de la variante lingüística batá, Consejo Ciudadano de Chilapa, Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, Radio Comunitaria Ñomndaa; la Coordinadora de Autoridades Regionales y Comunitarias, entre otras.
Abel Barrera, director de Tlachinollan, explica que a los luchadores se les inculpa con delitos fabricados, luego de que han denunciado abusos del Ejército y de los paramilitares que existen en la región.
Entre las violaciones a las garantías individuales cometidas por militares en Guerrero destacan: 84 casos de abuso de autoridad; 37 relacionados con el derecho a la salud (incluyendo los de esterilización forzada y falta de atención médica), y 29 relacionados al debido proceso. “Lo que constatamos es que en Guerrero la finalidad es alinearse a todas las políticas privatizadoras que plantea el gobierno federal”, indica Abel Barrera.
Por su parte, en junio de 2007, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria denunció que “en numerosas zonas indígenas, investigadores y empresas tienen gran interés de explotar aquellos recursos naturales de los que se pueden obtener beneficios, principalmente monetarios, mediante la comercialización. Las reformas siguen subordinando a los pueblos indios y desconocen la titularidad de sus derechos políticos, territoriales y económicos”.
Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos dice que las políticas de gobierno generan procesos excluyentes que fomentan la desigualdad, la cual, “aunada a los cambios jurídicos y políticos, en la tenencia de la tierra, la reforma judicial, la energética y la alimentaria, repercuten en el traslado de conflictos sociopolíticos al ámbito familiar”.
El investigador considera que la única opción que encontró Felipe Calderón a su falta de legitimidad fue el Ejército.
“Buscar la salida militar es ponderar la muerte, la falta de respeto a la vida y a los derechos humanos. Este proceso de sanear la economía con una economía de guerra confronta a los pueblos y sus luchas.”

Visión internacional

En junio pasado, Amnistía Internacional presentó en México su Informe 2008. En su estudio, el organismo encontró que “las violaciones a derechos humanos en el país se generalizaron en los estados y, en algunos, fueron sistemáticas”.
Respecto de la acción del Ejército, documentó que había más de 20 mil militares en el territorio nacional realizando labores policiales “para luchar contra las bandas de narcotraficantes”. Según sus informes, “algunos de estos militares detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones”.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de la organización, subraya que la impunidad impera en el sistema de justicia del país. “En algunos casos el Estado ha reconocido fallas, pero no se han determinado responsabilidades”. Detalla como uno de los casos paradigmáticos el de tortura y meses de arraigo de Magdalena García Durán, quien fue detenida en San Salvador Atenco y a quien se le responsabilizó de ataque a las vías de comunicación y secuestro.
Por otra parte, pese a que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, respecto a crímenes del pasado contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos, el 15 de marzo de 2008 la CIDH demandó cumplir sus recomendaciones en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero el 25 de agosto de 1974.
Así, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos considera que México no ha cumplido con las “recomendaciones sustantivas” en la materia.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de julio de 2008