Investiga Función Pública a director de la SRA

Luis Camacho Mancilla, director de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), es investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) en la dependencia. El funcionario habría incurrido en supuestas irregularidades al emitir el Acuerdo de Titulación de una superficie de más de 250 hectáreas en Tijuana, Baja California.

El predio, denominado El Arco, ya había sido adjudicado a favor de Gustavo Alvarado Marrón, un agricultor que en 1984 pagó más de 44 mil pesos a la Subdirección de Terrenos Nacionales de la SRA. El hombre de 62 años sólo estaba en espera de que la dependencia, encabezada por Abelardo Escobar Prieto, emitiera los títulos de propiedad.

De acuerdo con el expediente 54138-1 –que lleva la secretaría encargada de proporcionar certeza jurídica de la tenencia de la tierra a la población rural–, Camacho Mancilla firmó como procedente la inconformidad interpuesta por Martha Osuna de Martínez y Ana María Martínez de Otañez para que no procediera la adjudicación del terreno que Alvarado Marrón pagó.

Osuna de Martínez y Martínez de Otañez, quienes dicen poseer el mismo predio que el campesino, fueron favorecidas por el Acuerdo de Titulación, luego de presentar una escritura pública que avala la compra venta del terreno en disputa a otra particular. El documento es “irregular”, ya que no fue liberado por la SRA al tratarse de terrenos nacionales.

Alberto Pérez Gasca, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, asegura que ya se inició una investigación en el OIC, que depende de la Secretaría de la Función Pública, para esclarecer y fincar responsabilidades a quien corresponda, ya que en “efecto hay algunas cuestiones en el caso, que advierten irregulares”.

Pérez Gasca dice que hubo un “exceso de atribuciones de un funcionario menor” al emitir el acuerdo. El encargado de resolver los asuntos jurídicos de la dependencia precisa: “El único que tiene facultades para resolver sobre la titulación, de acuerdo con la Ley Agraria, es el titular de la secretaría”.

De comprobarse las irregularidades, el director de Ordenamiento y Regularización podría ser removido de su cargo. Camacho Mancilla se sumaría a la lista de funcionarios cesados a finales de julio de este año por hechos que suponen corrupción.

El 31 julio pasado, las autoridades de la SRA determinaron que el director general de Política y Planeación Agraria, Wilfrido du Solier Espinosa y Luis González, quien prestaba servicios profesionales en el Programa Joven Emprendedor Rural-Fondo de Tierra, triangularon fondos federales a favor de sus familiares, según publicó el periódico El Universal.

Administración tortuosa
Desde 1941, la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento abrió el expediente 54138-1 en la Dirección General de Terrenos Nacionales para que le fuera otorgada la titulación del predio El Arco –ubicado en Tijuana, Baja California– a Leoncio Martínez Meléndez.

El 25 de abril de 1954, Martínez Meléndez cedió los derechos de posesión a Gustavo Alvarado Marrón, representado por su padre, Gustavo Alvarado Reynoso.

Después de casi 30 años de trámite, el 14 de febrero de 1983, la Dirección de Terrenos Nacionales dio constancia de que Alvarado Marrón tenía posesión “quieta, pacífica y de buena fe” del predio, para proceder a su adjudicación. El mismo dictamen fue avalado por las presidencias municipales de Tecate y Tijuana.

El 10 de junio del mismo año, Ignacio Aguayo Saavedra, comisionado de la SRA, realizó los trabajos técnicos de deslinde y medición del predio. Él mismo notificó a los colindantes que la superficie total del terreno era de 252 hectáreas.

Luego, a través del oficio 443450 emitido el 3 de septiembre de 1984, la Dirección General de Procedimientos Agrarios de la SRA indicó que el predio de 252 hectáreas tenía un costo de 44 mil 146 pesos, mismos que fueron depositados 21 días después en la cuenta de la Subdirección de Terrenos Nacionales.

Pese a la comprobación de estos trámites, el 17 de abril de 2007, Camacho Mancilla y el titular de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, Carlos Alberto Medina Rodas, firmaron el Acuerdo de Titulación a favor de Martha Osuna de Martínez y Ana María Martínez de Otañez.

El acuerdo
Según el Acuerdo de Titulación, el 20 de septiembre de 2003 –seis décadas más tarde de haber iniciado los trámites de posesión del predio El Arco– Martha Osuna de Martínez y Ana María Martínez de Otañez interpusieron su inconformidad ante la regularización del terreno a favor de Alvarado Marrón, bajo el argumento de que fue adquirido por ellas desde 1974.

Las “inconformes” manifiestan, según el documento oficial, que tienen “exclusiva posesión” del predio. Ellas niegan que Alvarado Marrón siquiera tenga vecindad con el terreno en disputa, o que exista el predio El Arco. Camacho Mancilla toma en cuenta todos los argumentos emitidos por las mujeres y avala un informe técnico que indica que éste se sobrepone al Rancho la Loma o Rocas Grandes, propiedad de las quejosas.

Como prueba de sus argumentos, Osuna de Martínez y Martínez de Otañez presentaron un certificado expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tecate, Baja California, en donde se muestra la compra a Aurora Salas de Flores.

Para emitir el fallo a favor de las mujeres, la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural comisionó, mediante el oficio 144930 del 12 de octubre de 2006, a personal dispuesto a su cargo para realizar una inspección ocular que delimitara la ubicación y relación entre los predios.
Los resultados, indica el informe de los comisionados, establecen que la relación geográfica de ambos predios es la misma, que están sobrepuestos y que el lindero sur “señalado por los interesados como límite de sus terrenos es idéntico en los dos casos”.

El dictamen, elaborado en el Área Técnica de la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, resalta: “En particular, el rancho El Arco se sitúa en su totalidad traslapado con el denominado La Loma o Rocas Grandes. Se observó infraestructura que denota posesión física de la parte inconforme, con actos de dominio como cercos, brechas, caminos, accesos controlados, corrales, etcétera”. Mientras, en el polígono señalado por Gustavo Alvarado Marrón “sólo se comprobó la posesión física de 500 metros cuadrados”.

La defensa
Luis Camacho Mancilla, quien es investigado por el OIC en la SRA, asegura que el Acuerdo de Titulación que signó “se mantiene firme”. El director de Ordenamiento y Regularización de la dependencia dice desconocer si hay alguna indagatoria en su contra, pues hasta la fecha no se le ha hecho la notificación correspondiente ni se le ha pedido ningún informe.

El funcionario, quien asumió la dirección del área en 2003, se defiende. Asegura que serán los tribunales agrarios los que den una resolución definitiva: ahí se determinará si Osuna de Martínez y Martínez de Otañez tienen preferencia o Alvarado Marrón. “Administrativamente se resolvió que las señoras tienen posesión”, enfatiza.

Camacho Mancilla dice que éste es un “conflicto de posesión resuelto desde el punto de vista administrativo. Está firme y ha sido combatido ante los tribunales por parte del señor Alvarado Marrón, a quien no le han dado la razón, por lo sigue promoviendo juicios tratando de que sea revocado”.

Explica que en el transcurso de más de 20 años, a partir de que Alvarado Marrón paga más de 44 mil pesos, el predio no es titulado porque tiene “conflictos”. Es entonces cuando se mandan a hacer trabajos porque solicita la titulación y existe la inconformidad que presentan las señoras. Ellas presentan sus documentos y se envía una comisión de la Ciudad de México para que hagan la ubicación de los predios.

“Con el informe y las documentales que presentan, que son las escrituras de propiedad y diversas constancias, se resuelve que es atendible la inconformidad que presentan las señoras y que en un momento dado la superficie, que es susceptible de regularizar sin conflicto para el señor Alvarado Marrón, es de alrededor de 43 hectáreas, pero no se les reconoce propiedad, sino como posesionarias.”

Luis Camacho Mancilla expone: “El pago sí se tomó en cuenta a la hora de emitir el acuerdo, pero la Ley Agraria señala que tienen preferencia para adquirir quienes tienen posesión. Los comisionados presentan un informe que dice que las señoras están en posesión de la mayor parte de la superficie: tienen cercado un predio, tienen animales ahí adentro, mientras que el señor está en posesión de una superficie de 40 y tantas hectáreas”.

En aparente contradicción dice que “las señoras tienen, según las escrituras de propiedad que presentaron, 309 hectáreas, pero nosotros no les reconocimos propiedad porque ellas están allanando el procedimiento de terrenos nacionales al tener una solicitud también”.

Inspección ocular de la PGR
A pesar de la defensa de Camacho Mancilla a favor de Osuna de Martínez y Martínez de Otañez, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/BJ/TIJ/320172007-II, en la que indica que únicamente Alvarado Marrón es quien se encuentra en el predio.

La inspección ocular que realizó la procuraduría el 6 de noviembre de 2007 se deriva de la denuncia de hechos presentada el 4 de septiembre de 2004 ante Alfredo Guadalupe Becerril, delegado de la PGR en Baja California.

El documento señala que, a inicios de noviembre del año pasado, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa II de Averiguaciones Previas, acompañado de los testigos Jesús Valencia y Rosalía Martínez Guerrero, se presentaron en el predio El Arco para realizar una inspección ocular y dar fe ministerial.

De la visita resultó que en el predio de 252 hectáreas “sólo existe un asentamiento humano y que corresponde a una casa móvil, de las denominadas trailas, de color blanco con franjas de color azul... cubierta por medio de un plástico y cercada en su totalidad, observándose en su interior diversas cabezas de ganado bovino y dos caninos”.

Al hacer una insistente llamada a los moradores del lugar –dice el documento que forma parte de la averiguación previa AP/PGR/BJ/TIJ/320172007-II– es Gustavo Alvarado Marrón quien se presenta. Lo describe como un hombre de 62 años de edad, originario de Tijuana, Baja California, que se identifica con su credencial de conducir emitida por el gobierno estatal.

Alvarado Marrón manifiesta al agente del Ministerio Público ser el propietario del lugar; los enviados de la PGR asientan en el informe que “no se observa otra construcción o asentamiento alguno en el área inspeccionada”.

Alberto Pérez Gasca, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SRA, dice que este caso ha resultado controvertido para la secretaría; actualmente existen 13 juicios de amparo promovidos por Alvarado Marrón. Asegura que hasta el momento no se ha emitido ningún título. “La secretaría está en espera de que la autoridad resuelva. No queremos hacer nada en este momento, porque hay una suspensión de amparo que generaría una violación a la ley, que evidentemente sería un delito”.

En la denuncia interpuesta por Gustavo Alvarado Marrón se señala como “indiciados” a Luis Camacho Mancilla, director de Ordenamiento y Regularización; Carlos Alberto Medina Rodas, director de Regularización de la Propiedad Rural; Francisco Ricardo Shefield Padilla, secretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural; Eva María Vásquez Hernández, representante estatal de Baja California; también a las mujeres Martha Osuna de Martínez y Ana María Martínez de Otañez.

Corrupción en la SRA
Abelardo Escobar Prieto, secretario de la Reforma Agraria desde el sexenio de Vicente Fox, asegura que durante el tiempo que ha durado el trámite del predio ubicado en Tijuana, Baja California, algunos exfuncionarios públicos han pedido dinero a Alvarado Marrón para “solucionar el caso”.

Cuando Alvarado Marrón se acercó a la SRA, relata el titular de la secretaría, “me dijo que le habían solicitado 200 mil pesos para concluir su proceso de titulación”. Y es que después de las reformas a la Ley Agraria que se dieron en 1992, había que revalidar los documentos que estaban en trámite.

“Entonces, cuando vino el abogado –de Alvarado Marrón– reconoció que dio los 200 mil pesos a esta persona. Después de un año de haber pagado dicha cantidad se acercó a la SRA. Le dije que no había que propiciar la corrupción con exfuncionarios ni funcionarios en activo. Actualmente, tengo cantidad de denuncias en la PGR y en el Órgano Interno de Control por este motivo”, dice.
Escobar Prieto asegura que por estos actos ha habido funcionarios cesados de sus cargos: “A veces, la gente hace cosas indebidas y cuando se detectan, se llama al Órgano Interno de Control y se hacen las investigaciones. La ley nos faculta como funcionarios públicos para poder prescindir de los servicios de quienes llegamos a perder la confianza”.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2008