Los latinoamericanos hemos sido testigos en estos últimos días de una aguda confrontación de clases en Bolivia, donde la oligarquía, junto con la embajada norteamericana, desarrollan un plan subversivo y golpista, que incluye el cierre de carreteras, la toma y saqueo de edificios gubernamentales, estallido de válvulas de gas, tomas de pozos petroleros; ocupación de cuarteles, desabastecimiento de productos básicos, desestabilización económica, creación de un clima de inseguridad y desgobierno, un plan de hostigamiento, amenazas y el uso de la violencia armada.

Esta criminal estrategia imperialista-oligárquica cobró la vida de más de 30 hombres y mujeres del pueblo, que fueron masacrados por asesinos a sueldo, contratados por el prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, y secundados por bandas de jóvenes separatistas pertenecientes a los comités cívicos.

En este nuevo y sangriento suceso contra los campesinos y trabajadores bolivianos ha tenido una descarada participación el embajador norteamericano Philip Golberg, artífice de las matanzas y el separatismo desarrollados en Los Balcanes, quien pretendió aplicar esa macabras experiencias junto a la oligarquía boliviana y a los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni.

Los resultados electorales del referéndum realizado el 10 de agosto pasado que le dieron un mayoritario respaldo al gobierno de Evo Morales, fueron desconocidos, de hecho, por la oligarquía separatista, provocando sangrientos enfrentamientos, que desataron el terror y una violencia brutal contra la población que se les opone.

Entre los propósitos de la oligarquía, además, está advertir al resto de la población de que están dispuestos a todo para evitar los cambios democráticos que empuja el gobierno, creando así un estado de miedo e incertidumbre; también, sobre la base de la violencia, presionar y doblegar al gobierno para afirmarse en sus posiciones separatistas, y, por último, estaría la intentona de un derrocamiento del Presidente.

Estas posiciones retrogradas, estos planes y recursos de subversión y crimen están articulados por el imperialismo norteamericano en toda la región, donde las clases dominantes tradicionales y sus partidos políticos han sufrido contundentes derrotas y donde el andamiaje neoliberal en la que sustentaban sus privilegios y poder están siendo desmontados por la acción popular y de gobiernos de corte democrático y progresista, que han cuestionado e incluso enfrentado la intromisión yanqui en nuestros países.

Esto ha quedado en evidencia con las denuncias de un plan de golpe de Estado en Paraguay, contra el presidente Fernando Lugo, recientemente elegido, con el plan de asesinato al presidente Hugo Chávez, el espionaje contra el Presidente de Guatemala; la acción de la oligarquía ecuatoriana, de sus grandes medios de comunicación, de los viejos partidos de derecha y de la cúpula de iglesia, que pretenden evitar el triunfo SÍ en el referéndum para aprobar una nueva constitución, y que aspiran a que el NO gane en Guayaquil para contar con un enclave opositor y conspirador, a la manera boliviana.

Otro elemento que ha quedado claro es que las fuerzas armadas, creadas, formadas y educadas para la defensa del sistema capitalista y de las oligarquías, siguen defendiendo esos intereses. Varios de los intentos golpistas y conspirativos en la región han tenido también como protagonistas a varios oficiales, incluso en el caso boliviano fue evidente la acción de ‘brazos caídos’ de la fuerzas armadas, por decir- lo menos, frente a la orden del presidente Evo Morales para intervenir en la situación de Pando. Por ello resultaría ingenuo pensar que las fuerzas armadas caminan en su mayoría con las corrientes de cambio.

El imperialismo norteamericano y los terratenientes y empresarios de la región oriental se proponen dividir el territorio de Bolivia y quedarse con la parte más rica en hidrocarburos y tierras de ese país y, para ello, un golpe de estado de los prefectos orientales es una vía, y la otra es doblegar al gobierno para que dé paso a la aprobación del estatuto autonómico elaborado por ellos, y que les daría las facultades de gobernar y usufructuar de esa región a su antojo.

En esta situación, la expulsión del embajador norteamericano de Venezuela por parte de Hugo Chávez, en solidaridad con su homologo boliviano, y las denuncias de que detrás de esto estaba la acción imperialista, puso en la preocupación general de América Latina la crisis boliviana, que motivó a su vez la convocatoria a la reunión de la UNASUR, en Chile, donde por unanimidad los presidentes de los países miembros acordaron rechazar todo intento separatista y golpista, y dieron su apoyo al gobierno constitucional de Evo Morales.

Esta posición de la UNASUR es positiva y digna en defensa de un gobierno suramericano legítimamente constituido, y fue oportuna pues logró abortar un golpe de estado en marcha, al menos por el momento. De hecho también le dio un respiro a las organizaciones populares que fueron las protagonistas directas en la resistencia y la lucha contra las fuerzas pro imperialistas y oligárquicas.

Es también un espaldarazo político al gobierno de Evo Morales para que recobre la iniciativa y la fuerza para combatir a una derecha pro fascista y no hacerles ninguna concesión, pues lo que el pueblo gana en la urnas la oligarquía pretende arrebatarle con las armas.

No cabe duda, como muestra esta experiencia boliviana, que la oligarquía está dispuesta a recurrir al hostigamiento, al terror, en definitiva a la violencia armada para sostener sus privilegios, que los cambios por los que luchan y por los que han votado mayoritariamente nuestros pueblos, no podrán avanzar sin tener en cuenta esos nuevos escenarios y niveles de confrontación, que establecen la necesidad de una férrea unidad, de una fuerte organización social y política, que esté en condiciones de enfrentar y derrotar la acción del imperialismo y las oligarquías, que esté en condiciones no solo de no dejarse arrebatar los cambios, sino que más bien alcancen la fuerza para profundizarlos.

Ramiro Vinueza