Riesgos en la frontera de Colombia y Venezuela

San José de Cúcuta, Colombia. Esta ciudad limítrofe con Venezuela, y capital del norte de Santander, condensa en su vida cotidiana las problemáticas y desafíos de la realidad política y económica de la región: inseguridad pública, diferendos políticos, trasiego ilegal de bienes y paso ilegal de personas.

En la frontera se construye un nuevo espacio geopolítico de 2 mil 300 kilómetros de extensión –que incluye el Mar Caribe hasta la selva amazónica–, con una identidad binacional y un mercado común que sobrepasa los 6 mil millones de dólares anuales. En ese mismo espacio ocurren incursiones de paramilitares colombianos hacia territorio venezolano, actos de la guerrilla y denuncias por los actos de la delincuencia organizada.

Semanalmente cruzan esa frontera 250 mil personas para trabajar en faenas temporales agrícolas, en instalaciones de la pequeña y mediana industria y en el comercio informal. A pesar de ese constante flujo humano, ambos países comparten la que se considera la más peligrosa frontera regional. También contribuye el fenómeno del contrabando por el desarrollo desigual en la frontera; basta mencionar que hasta 2001 San Cristóbal era la ciudad menos pobre de Venezuela, mientras que Cúcuta (su ciudad vecina) ostenta hace varios años la menor tasa de desempleo del país (8.6 por ciento).

La frontera que comparten Colombia y Venezuela es una zona geopolítica lejana de sus respectivos centros, donde se diluyen las nacionalidades. Aunque permanecen las tensiones entre los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez, avanza la integración social y comercial entre San José de Cúcuta y San Cristóbal.

De acuerdo con el informe Caracterización de la frontera colombo-venezolana, de la Comunidad Andina de Naciones y de la que forma parte Colombia, esta zona constituye “el sector fronterizo de mayor interés e importancia para la relación bilateral” y para la integración andina, porque aquí tiene lugar uno de los procesos de integración “más intensos a escala de todo el subcontinente suramericano”. Cúcuta (Colombia) y San Cristóbal (Venezuela) congregan, en conjunto, casi 3 millones de habitantes; predomina en ese universo el 85 por ciento de jóvenes en una población urbana y con alta movilidad geográfica.

No obstante, el límite geográfico que comparten Colombia y Venezuela “se caracteriza por la ausencia significativa del Estado, una gran militarización y reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de la población que habita en ella”, indica el estudio Género, desplazamiento y refugio. Frontera de Colombia y Venezuela del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, elaborado en 2005 por la investigadora Nubia Pedraza Palacios.

En julio de 2008, Jesús Gregorio González, director del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, expresó al diario regional Panorama que en el estado de Zulia habían detectado un centro de entrenamiento de paramilitares colombianos a los que se señaló como responsables de los secuestros y asesinatos cometidos en la zona.

A su vez, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Metroseguridad), que se apoyan en datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, apuntan que entre enero y septiembre de 2008 Cúcuta fue escenario de 412 muertes violentas: asesinatos, suicidios y defunciones por incidentes de tránsito, así como por enfrentamientos armados.

Contrabando

Ante las denuncias del comercio ilegal de armas, de drogas, de personas y el contrabando de todo tipo, la prioridad de la actual alcaldesa (2008-2012) María Eugenia Riascos es el Plan Fronteras, que busca acercar al gobierno nacional con las ciudades limítrofes. En materia de seguridad, además, se ha concentrado en la creación de la Policía Metropolitana para Cúcuta.

Desde abril de 2008, la alcaldesa Riascos propuso el pago de recompensas para que los cucutenses delaten a los criminales. También impulsó un plan de desarme y puso en marcha un programa para abatir la explotación sexual de menores, que prosperaba en esa ciudad.

La actividad guerrillera, particularmente atribuida al Ejército de Liberación Nacional y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que causó enfrentamientos en plena zona urbana de Cúcuta entre paramilitares y comandos guerrilleros, ha disminuido desde 2006, cuando se estableció una coordinación entre los ministerios de Defensa de Venezuela –encabezados por Isaías Baduel, general de aquel país, quien más tarde pasó a la oposición– y Colombia.

Con la problemática guerrillera en segundo plano, el dinamismo comercial de Cúcuta depende prácticamente de los visitantes venezolanos. Así lo manifestó Pedro Sayago Rojas, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. De acuerdo con la información de ese organismo empresarial, “si Chávez reduce el cupo Cadivi (Comisión de Administración de Divisas del gobierno venezolano) y si se cierra la frontera un minuto, él sabe que nos crea un obstáculo y lo resentiremos terriblemente”.

El empresario y economista cucutense aludía así al mecanismo de control de divisas que estableció el gobierno de Chávez Frías, por el que permite a cada familia la disposición de una tarjeta de 5 mil dólares; un capital que multiplicó el poder de compra de los venezolanos y que, en la mayoría de los casos, se traslada a la zona fronteriza, pues, a quienes cruzan el río una vez que llegan a San Antonio del Táchira, no se les exige visa ni pasaporte.

A pesar de la crisis financiera mundial, San José Cúcuta vive un auge económico como resultado de la autonomía que le otorga su estatuto de Distrito Especial de Desarrollo Fronterizo y Turístico. Ésta es la sexta ciudad de Colombia con mejores oportunidades de negocios, según el índice Doing Bussiness.

Periodismo acotado

Los trabajadores de los medios electrónicos son de todas edades; esta ciudad de más de 1 millón de habitantes sólo tiene un periódico impreso. Todos han sido testigos de la intolerancia del poder político contra la libertad de expresión y, además, han sufrido los embates de la delincuencia organizada.

“En Colombia, prácticamente la libertad de expresión no ha existido”, porque los propietarios de los medios están comprometidos con figuras políticas o con las empresas y exigen que el reportero dé un sesgo a la información, asegura J. Mario Martínez, reportero de la emisora Vox Dei de la diócesis de Cúcuta. Sin embargo, el también productor acota que “los espacios para ejercer el periodismo independiente sí existen”.

Rosy Reyes explica que en Cúcuta sólo un diario –La Opinión– es “el que manda, el que dice cuál es la noticia de actualidad”. Los periodistas consultados denuncian que mucha información valiosa no se divulga y, en cambio, otra que no tiene sustento o que es la voz oficial sí sale a la luz.

En el municipio se hace un “periodismo de barriga: si te pagan, hablas bien”, dice John Roso, autor de la página electrónica SOS Cúcuta. (NE)