Nancy Flores
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Los fideicomisos, mandatos y contratos análogos forman parte de la lista de las 13 áreas de opacidad y riesgo de la administración pública, integrada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A estas figuras se les conoce como “los hoyos negros del gobierno federal”, pues desde 2001 los secretos fiduciario y bancario han obstaculizado su fiscalización.

Al cierre del primer trimestre de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta 356 actos jurídicos vigentes en la administración federal, que comprometen recursos públicos por 486 mil 964 millones 800 mil pesos. Además, refiere un movimiento financiero entre dos fideicomisos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 18 mil 17 millones 697 mil pesos. Con ello, el dinero fideicomitido asciende a 504 mil 982 millones 497 mil pesos en total.

Estos recursos –que equivalen al 16.58 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, considerado el más alto de la historia: 3 billones 45 mil 478 millones 600 mil pesos– representarían, por ejemplo, la construcción de 4 mil 760 hospitales, con un costo de 106 millones de pesos por cada uno.

Aunque en 2005 tomó fuerza la controversia por la escasa rendición de cuentas de estas figuras jurídicas –con el caso del fideicomiso privado Aduanas I, constituido por la Secretaría de Hacienda en 1993 para captar los recursos provenientes de la contraprestación aduanera– y la administración de Vicente Fox se comprometió un año después a transparentarlas, con el paso del tiempo los recursos destinados a ellas han aumentado.

Tan sólo al inicio de la administración de Calderón estaban registrados 305 fideicomisos más que los ahora vigentes, pero los montos eran 43 por ciento menores a los actuales: mientras en 2006 se reportaban 616 fideicomisos con disponibilidades por 220 mil 393 millones de pesos, en 2009 son 356, con 504 mil 982 millones.

“Los fideicomisos siguen aumentando en términos de recursos. Ahora ya tenemos medio billón de pesos (en ellos), de los cuales no se sabe nada”, critica Mario Di Costanzo.

El analista financiero asegura que estas figuras aún tienen problemas de transparencia. “La Secretaría de Hacienda ya está obligada a informar la existencia de éstos y ahora los podemos conocer a través de los informes de finanzas, pero no es suficiente, pues se desconoce el destino del dinero”.

El 25 de marzo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia ASF acordaron trabajar en un proyecto de reforma para impedir la creación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. De acuerdo con información de la auditoría, hay hasta 1 mil figuras jurídicas constituidas con recursos públicos y manejadas por funcionarios de los tres niveles de gobierno.

La reforma tiene como prioridad cancelar la facultad que tienen servidores públicos y mandatarios de constituir fondos multimillonarios, con reglas propias y “sin métodos eficientes de fiscalización ni transparencia”.

No obstante, Di Costanzo asegura que ésa no es la solución: hay que establecer reglas de fiscalización, porque estas figuras no son malas per se; además, se correría el riesgo de que los funcionarios busquen otras vías para sacar los recursos.

El recién electo diputado federal indica que es la Ley Orgánica de la Administración Pública la que establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal utilice fideicomisos “para la mejor administración pública”.

Hacienda: la gran bolsa

Los más de 504 mil millones reportados al primer trimestre de 2009 revelan una merma de 776 millones de pesos respecto del monto reportado al cierre del cuarto trimestre de 2008, por 505 mil 758 millones 500 mil pesos. Respecto de esto, Hacienda no ofrece explicación.

Para Di Costanzo, el problema de la transparencia no está solucionado: es parte de las reformas presupuestaria y de rendición de cuentas que tienen que hacerse en el Congreso, “porque ellos dicen que ya son transparentes pero a nadie le consta a dónde va ese dinero. ¿Dónde están los 500 mil millones de pesos cuando podrían servir para reactivar la economía mexicana?”

De los 356 fideicomisos, mandatos y contratos análogos con registro vigente, 25 concentran el 91.8 por ciento de las disponibilidades –como se les llama al total de recursos públicos comprometidos–, indica el “Anexo XIV” del Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de marzo de 2009.

Esas 25 figuras jurídicas, que implican recursos públicos por 446 mil 924 millones 800 mil pesos, se dividen en seis rubros: estabilización presupuestaria, pensiones, infraestructura pública, apoyos financieros y otros, prestaciones laborales y subsidios y apoyos.

La SHCP controla 18 de esos fideicomisos; Pemex, dos, y las secretarías de Seguridad Pública, Educación Pública, Medio Ambiente, Salud y Comunicaciones y Transportes manejan uno, respectivamente.

Los fondos que se coordinan desde la dependencia a cargo de Agustín Carstens involucran 377 mil 393 millones 300 mil pesos, que equivalen al 77.49 por ciento del total de recursos disponibles en la cartera de todos los fideicomisos vigentes. Muy por debajo de esa cantidad, le sigue Pemex –con 24 mil 314 millones 100 mil pesos– y el resto.

Di Costanzo considera la concentración de dinero se hace con “discrecionalidad”, puesto que son sólo 25 los fideicomisos que involucran más del 90 por ciento del total. “Para qué queremos tantos fideicomisos (356) si todo está concentrado en 25. Además, si todo está concentrado en esos 25 pues tiene que ser muy explícito el destino y uso de estos recursos, puesto que no es difícil, entonces, darle seguimiento a estas operaciones: origen, destino y aplicación”.

El analista financiero indica que si los 351 fondos restantes no se utilizan o se subutilizan, se deben desaparecer, pues le causan costos administrativos al gobierno federal. “Hay que optimizar el gasto y acabar con estas cajas negras, porque si tienen de 1 a 1 millón de pesos no sirven para nada”.

Los cinco fideicomisos multimillonarios

De los 25 fideicomisos, cinco destacan por los montos que involucran. El primero es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), directamente operado por la SHCP, con una disponibilidad de 87 mil 450 millones 61 mil pesos.

Éste tiene por objeto “aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos petroleros del gobierno federal, asociadas a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos”.

También, los “movimientos del tipo de cambio del peso frente al dólar estadunidense, respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de la federación del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente”.

De acuerdo con el Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de diciembre de 2008, en ese año el FEIP desembolsó 15 mil 496 millones 943 mil 679 pesos. El destino: “Pago de honorarios a la fiduciaria y pago de coberturas petroleras”.

Le sigue el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones, manejado por la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, con una bolsa de 64 mil 287 millones 407 mil pesos.

Su objetivo es “apoyar la reestructuración de los sistemas públicos de pensiones para contribuir a la consolidación de un sistema nacional de pensiones basado en cuentas individuales, más equitativo y con mayor cobertura” (sic).

Este mandato se constituyó el 4 de febrero de 2009 con una aportación inicial de 63 mil 697 millones 753 mil pesos, y reemplaza a su homónimo con número de registro 20080641101488, dado de baja el 24 de febrero pasado.

Antes de ser extinguido, en 2008 el antiguo Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones gastó 25 mil millones de pesos. A decir del Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de diciembre de 2008, las multimillonarias “erogaciones se efectuaron de conformidad con los fines y los lineamientos del fondo”.

En el tercer lugar se coloca el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, controlado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, pues implica 59 mil 415 millones 17 mil pesos.

De acuerdo con la información oficial, su objetivo es “fungir como vehículo de coordinación de la administración pública federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística; que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y recursos presupuestales para tal efecto.

En cuarto lugar se ubica el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, coordinado por la Unidad Política y Control Presupuestario, y cuya bolsa de recursos públicos asciende a 30 mil 976 millones 656 mil pesos. Este fideicomiso está destinado a compensar la disminución en la reserva federal respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos.

Con una disponibilidad de 21 mil 230 millones 29 mil pesos, el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural –dependiente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes– se coloca en el quinto lugar.

De la información integrada por la Secretaría de Hacienda se desprende que a través de éste se realiza el “pago oportuno de obligaciones de pensiones, jubilaciones, gastos de servicio médico y beneficios al fallecimiento”, del personal del extinto Banrural.

Al primer trimestre de 2009, los gastos por estos conceptos ascendieron a 452 millones 677 mil pesos; mientras que en 2008 sumaron los 1 mil 928 millones 440 mil pesos.

Para acabar con la discrecionalidad de los fideicomisos, el diputado electo Mario Di Costanzo propone que en todos los comités técnicos de los fideicomisos haya un representante de la ASF que verifique la actuación.

“Esto tiene que ser objeto precisamente de una reforma a la Ley de la Administración Pública y a la Ley de Fiscalización Superior, que permita y obligue al Ejecutivo federal a contar con un comisario o integrante del comité técnico que pertenezca a la auditoría, más aún cuando estos fideicomisos emiten deuda: ésta sí debe estar soportada y documentada, para que sea la Cámara de Diputados la que autorice o no el endeudamiento del fideicomiso”.