Red Voltaire
Sección: Cuenta Regresiva

Thierry Meyssan*/Red Voltaire

Nadie pensó que la crisis surgida entre Honduras y Estados Unidos pudiera desembocar en un golpe de Estado militar. Parecía que Washington había renunciado a esa forma de acción, aunque la administración de George Bush había sobornado recientemente a un grupo de militares para que derrocaran al presidente constitucional de Venezuela (el 12 de abril de 2002) y había utilizado a sus propias fuerzas especiales para secuestrar al presidente constitucional de Haití (el 29 de febrero de 2004). Pero los comunicadores de la Casa Blanca venían utilizando últimamente la amplia sonrisa del flamante Barack Obama para hacer creer a la opinión pública internacional que Estados Unidos había cambiado y que había renunciado a su ambición imperial.

La importancia estratégica de los cinco Estados de la antigua República Federal de América Central (Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) reside en su situación geográfica como corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Si bien ninguno de ellos dispone de recursos naturales especialmente importantes, lo interesante es que todos ellos pueden servir de base para controlar la zona.

Durante la revolución sandinista en Nicaragua, Washington utilizó Honduras como base de retaguardia de las bandas contrarrevolucionarias. Bajo la dirección de John Negroponte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa se convirtió en cuartel general de los “contras” nicaragüenses y de sus escuadrones de la muerte. Vista desde ese ángulo, la evolución antiimperialista de Honduras, luego del regreso de los sandinistas al poder en Nicaragua, representaba no tanto un problema en sí como un verdadero peligro de “contaminación”. ¿En qué representaba la evolución de la situación hondureña un peligro tan grande como para que Washington decidiera recurrir nuevamente a los viejos métodos, corriendo así el peligro de malograr todos sus esfuerzos propagandísticos?

La presidencia de Maduro y las elecciones de 2005

Al igual que el resto de Centroamérica, Honduras enfrenta la existencia de las maras (pandillas). La más conocida es la Mara Salvatrucha. Se trata de bandas de niños manipulables, debido a su dependencia de la droga y organizados mediante ritos místico criminales (“L’extension de la Mara Salvatrucha”, Gaston Pardo, Réseau Voltaire, 2 de marzo de 2005). Sus miembros se entregan a todo tipo de violencias, alcanzando a veces un inusitado grado de barbarie que los ha llevado a protagonizar masacres.

En 2001, el candidato nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest resultó electo bajo la promesa de luchar contra el crimen. Su propio hijo, de 25 años, había sido secuestrado, torturado y asesinado, y su funeral se había convertido en una manifestación de carácter nacional. Al llegar a la presidencia, Ricardo Maduro ordenó espectaculares operaciones de lucha contra las pandillas. También reforzó el arsenal de la policía y sacó a los militares de los cuarteles para que ayudaran a los policías. Con el apoyo de la democracia cristiana, Maduro logró la adopción de una ley que castigaba con un mínimo de cinco años de prisión el solo hecho de ser miembro de una mara.

Aunque aquella ley sirvió de inspiración a países como Guatemala y El Salvador, la corte constitucional hondureña decidió invalidarla porque comprometía la responsabilidad individual por asociación en casos de crímenes que el acusado no había cometido. La aplicación de aquella ley había dado lugar a un gigantesco aumento del número de personas encarceladas, lo cual provocó a su vez sangrientos motines en las prisiones. En definitiva, como aquella ley no abordaba las causas sociales del fenómeno, ya masivo, su aplicación no detuvo el aumento de la criminalidad.

En 2005, el candidato nacionalista a la sucesión de Maduro, Pepe Lobo, consideraba que sólo una guerra podía acabar con las maras. Así que propuso reinstaurar la pena de muerte a través de un referéndum que contemplaría, además, la posibilidad de pronunciar penas de muerte colectivas contra las pandillas, a pesar de que un estudio realizado en El Salvador ya había demostrado que el 51.9 por ciento de los criminales tenían sólo entre 11 y 15 años. Así que Honduras habría tenido que matar a muchos de sus propios hijos. Mientras tanto, el candidato liberal, Manuel Zelaya, proponía un enfoque mucho más razonable, basado no sólo en la represión sino en la realización de esfuerzos a favor de la educación y de la inserción de aquellos niños en la sociedad.

En el plano económico, los resultados del presidente Maduro también resultaban polémicos.

Exgobernador del banco central y brillante hombre de negocios (concesionario de Seros y director del fondo de inversiones La Paz), Maduro negoció la reducción de la deuda hondureña con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Pero, como contrapartida, tuvo que aumentar los impuestos y reducir el número de funcionarios, política que penalizó únicamente a la clase media.

También incluyó a su país en el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Centroamérica, sin encontrar mucha oposición política contra aquel proyecto, a pesar de sus desastrosas consecuencias para los pequeños agricultores. Las excelentes relaciones del presidente Maduro con su homólogo estadunidense George W. Bush condujeron incluso al envío de 370 militares hondureños a Irak, donde fueron destacados, junto a los españoles, en la zona administrada por el contingente polaco. Pero, como consecuencia de la decisión de Zapatero de retirar de Irak las tropas españolas, Maduro se vio políticamente obligado a retirar también a los soldados hondureños. Finalmente, el mandato presidencial de Ricardo Maduro concluyó en un ambiente grotesco, matizado por su divorcio.

El liberal de izquierda José Manuel Zelaya Rosales presentó entonces una atrayente alternativa. En vez de proponer el cierre de servicios públicos como medio para garantizar una importante reducción presupuestaria, propuso una reducción del tren de vida del Estado. Para reforzar los ingresos del Estado, planteó facilitar el empleo en los sectores de altos consumidores de fuerza de trabajo. En la lucha contra la criminalidad juvenil, Zelaya anunció su intención de equipar todas las escuelas con computadoras y de garantizar la instrucción pública gratuita a todos los niveles de la sociedad.

En 2005, en una elección de una sola vuelta, los hondureños eligieron como presidente a José Manuel Zelaya, con un 49.9 por ciento de sufragios, y le garantizaron el 48.4 por ciento de los escaños en el Congreso (unicameral). Su principal adversario, el nacionalista de derecha Porfirio Sosa, obtuvo el 46.2 por ciento de los sufragios y un 42.9 por ciento de los escaños en el Congreso. Los resultados eran tan apretados que se requirió su validación, la cual se produjo al cabo de dos semanas de espera. Tres pequeñas formaciones políticas se encontraron entonces en posición de árbitros en el seno del Congreso: la Unión Democrática, la Democracia Cristiana y el Partido Innovación y Unidad.

La presidencia de Manuel Zelaya

Nada dejaba entrever que el ranchero Manuel Zelaya pudiera entrar en conflicto con Washington, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría relativa de la que disponía no favorecía la posibilidad de una ruptura política. En primer lugar, el presidente Zelaya prosiguió la política de descentralización que ya había iniciado en su época de ministro. Su objetivo era acercar los centros de decisión a la ciudadanía para fortalecer el poder popular y la transparencia. Esta reforma provocó un distanciamiento entre la clase política corrupta de la capital y los nuevos notables locales. Y también sacó a la luz el control de los militares sobre una parte de la economía.

La democracia se instaló rápidamente en Honduras mientras que revoluciones y contrarrevoluciones se desarrollaban en la región. Estados Unidos garantizó que parte de la economía hondureña quedara bajo su control indirecto, a través de los militares.

En junio de 2006, Manuel Zelaya anunció su intención de destinar al tráfico comercial la base aérea de Soto Cano –la antigua base de Palmerota, en la que se encontraba un contingente estadunidense, situada al noreste de Tegucigalpa.

Ante la reacción del Pentágono, el ministro hondureño de Defensa trató de retroceder, argumentando el costo del equipamiento necesario; pero el presidente Zelaya mantuvo su decisión. Oficialmente, Soto Cano no era más que una pequeña base aérea cuyo personal se componía de 190 militares y 730 civiles. Pero su pista es la única de toda Centroamérica capaz de recibir grandes aviones destinados al transporte de tropas. Fort Bravo es la única estación del SouthCom (comando estratégico de las fuerzas armadas estadunidenses, encargado de garantizar el control de Latinoamérica) fuera de Estados Unidos. Y, sobre todo, Soto Cano es una base de escucha vinculada a dos unidades secretas: Cerro La Mole y Swan Island. Este dispositivo es indispensable para el funcionamiento de la inteligencia militar estadunidense en la región. Curiosamente, Estados Unidos nunca ha firmado con Honduras ningún acuerdo que precise el estatus de esas instalaciones.

A pesar de la fuerte popularidad del presidente Zelaya, una sorpresiva campaña de prensa lo acusó de no haber respetado sus promesas, de no haber logrado mejorar el nivel de vida ni contrarrestar el crimen. En realidad, Zelaya no podía proteger a su país del alza mundial del petróleo y se publicaban numerosos reportajes sensacionalistas que daban la impresión de que el país enfrentaba una gran proliferación de las maras. Manuel Zelaya respondió obligando a los medios audiovisuales privados a transmitir varias horas de entrevistas con miembros de su gobierno.

Washington manifestó su irritación mediante la reducción de sus programas de ayuda a la población hondureña, pero mantuvo sus programas de seguridad. Estados Unidos incluso proporcionó a Honduras importantes medios para la realización de sus planes de lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Financió, por ejemplo, el equipamiento de Puerto Cortés con tecnología de punta que permite escanear todos los contenedores enviados a Estados Unidos que pasan por ese puerto hondureño.

Por otro lado, Washington dispone de poderosos medios de presión sobre Tegucigalpa. Honduras, país de 7 millones de habitantes, tiene cerca de 1 millón de inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo desde el paso devastador del ciclón Mitch por territorio hondureño, en 1998. De ellos, 78 mil de esos inmigrantes hondureños en Estados Unidos son residentes temporales, estatus que han renovado varias veces, y pueden ser expulsados mediante una simple decisión administrativa.

El presidente Zelaya prosiguió su lucha contra la corrupción, obligando a varios altos funcionarios a renunciar a sus puestos. Y algunos de éstos comenzaron entonces a conspirar. Se descubrió incluso que el exdirector de la compañía de telefonía pública había interceptado los teléfonos del presidente Zelaya.

Al estallar en Estados Unidos la crisis de los créditos subprime y en momentos en que se produce el alza mundial de los precios de los alimentos básicos, el presidente Zelaya recurrió a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), organización intergubernamental promovida por Venezuela, país que garantiza la seguridad alimentaria y energética de los Estados miembros y que coordina además la realización de importantes programas de salud pública.

Esa decisión de Zelaya obtiene un gran apoyo popular, pero suscita inquietud entre las clases medias, ya afectadas por la política económica de Maduro y por la crisis económica mundial.

El 25 de agosto de 2008, Manuel Zelaya rindió homenaje al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara y, ante una multitud de 100 mil personas, firma en Tegucigalpa la entrada de su país al Alba, en presencia de los presidentes Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Hugo Chávez, de Venezuela, y del vicepresidente cubano Carlos Lage. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, también estuvo representado en el acto. Honduras se convierte así en una de las naciones rebeldes.

El golpe de Estado militar

Representantes del gobierno de Estados Unidos admitieron en The New York Times haber entrado en contacto con los golpistas días antes de la asonada. Pero afirman que lo hicieron para convencerlos de que emprendieran esa acción. Según esos testimonios, aquellos contactos finalizaron el domingo (en momentos en que el golpe ya había comenzado).

Pero hay que tener en cuenta que el pequeño ejército hondureño ha sido enteramente armado, entrenado e instruido por Estados Unidos. Se supone que obedezca a su comandante en jefe, el presidente de la república, y al jefe de su Estado Mayor; pero, en la práctica, se encuentra bajo el control del SouthCom, desde Soto Cano y Miami.

Precisamente el jueves pasado, el Pentágono instaló apresuradamente al nuevo comandante del SouthCom, el general Douglas M Fraser, para darle seguimiento al golpe.

En todo caso, la operación ya había sido concebida desde hace tiempo. Al igual que el ataque contra los edificios oficiales en Moldavia, la limpieza del valle de Swat, el exterminio de los Tigres Tamules o la “revolución verde” en Irán, el golpe de Estado en Honduras fue planificado por la administración de Bush y posteriormente confirmado y ejecutado por la administración de Obama, a pesar de los visos de legalidad que esta última parecía ofrecer.

La tensión se recrudeció cuando el presidente Zelaya convocó a una consulta popular, que debía tener lugar el domingo 28 de junio, para determinar si los electores eran favorables a la elección de una Asamblea Constituyente. Se desató entonces una campaña internacional de prensa que presentaba aquella iniciativa como una maniobra exclusivamente tendiente a abrir a Manuel Zelaya la posibilidad de obtener un segundo mandato. Lo cual es totalmente falso, ya que la elección de la Asamblea Constituyente sólo hubiese tenido lugar el mismo día que la próxima elección presidencial y, por consiguiente, la hipotética modificación de la Constitución no hubiese podido producirse sino mucho después del fin del mandato de Zelaya. Por lo tanto, el presidente nunca hubiese podido ser candidato a su propia sucesión. Pero, claro está, después de haber acusado a Hugo Chávez de querer ser “presidente vitalicio”, había que acusar a su aliado Manuel Zelaya de querer convertirse en dictador él también.

El 9 de junio, el Congreso hondureño adoptó una ley constitucional que prohibía la realización de un referéndum a menos de 180 días de la elección presidencial. El Tribunal Supremo declaró la consulta popular ilegal (pero no anticonstitucional), aunque la ley de modificación fue declarada en sí misma anticonstitucional. Con base en esa decisión, el jefe del Estado Mayor, el general Romeo Vásquez, bloqueó la organización de la consulta. El presidente se presentó entonces personalmente en una base militar para “rescatar” las boletas que debían ser utilizadas en la consulta popular y revocó al jefe del Estado Mayor por insubordinación. Al igual que los demás golpistas latinoamericanos, el general Romeo Vásquez fue formado por Estados Unidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas.

La base de Soto Cano se encuentra actualmente bajo las órdenes del coronel Richard A Juergens. Fue al parecer este mismo militar estadunidense quien dirigió el secuestro del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide cuando ocupaba el cargo de director de Operaciones Especiales del Special Operations Command.

El domingo 28 de junio de 2009, siendo alrededor de las cinco y media de la mañana (hora de Honduras), fueron cortadas la electricidad y las líneas telefónicas fijas y hertzianas. Comandos de militares encapuchados asaltaron la residencia del presidente Zelaya y se lo llevaron, lo metieron en un avión y lo enviaron a Costa Rica en ropa de dormir. Fueron arrestados por lo menos ocho ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, así como otras personalidades, como el alcalde de San Pedro Sula (la segunda ciudad de Honduras). Cuando se reestableció el servicio eléctrico, los medios audiovisuales anunciaron que se había decretado un toque de queda y la anulación de los oficios religiosos dominicales y de la consulta popular.

Después del mediodía, los diputados, que fueron previamente autorizados a salir a la calle, realizaron una reunión extraordinaria en la sede del Congreso. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, dio lectura a una carta, con fecha del 26 de junio, en la que el presidente Manuel Zelaya supuestamente renunciaba a su cargo. Nadie expresó sorpresa por la aparición de esta carta con fecha del 26 de junio. Después de dejar constancia de la supuesta vacancia a la cabeza del Estado, el Congreso designó a su propio presidente. El Tribunal Constitucional afirmó, en un comunicado enteramente orwelliano, que el ejército había defendido la Constitución impidiendo que el presidente Zelaya diera un golpe referendario. El tribunal sostuvo que al bloquear la consulta popular ordenada por el presidente de la república, el jefe del Estado Mayor había actuado legalmente, si lo había hecho por una orden de un juez. Para que nadie ignorara el verdadero objetivo de la operación, los militares arrestaron a los embajadores o encargados de negocios de los Estados miembros del Alba.

El desarrollo mismo del golpe de Estado en Honduras recuerda aquel que tuvo lugar en Haití, en 2004, contra el presidente Jean-Bertrand Aristide: secuestro en plena madrugada por soldados encapuchados y “aparición” de una carta de renuncia.

La manera como las agencias de prensa atlantistas han descrito el diferendo electoral, de forma tendenciosa para dar al golpe de Estado una apariencia de legalidad, demuestra la premeditación de esta operación por parte de Washington. La manipulación de las causas del golpe, ocultando el asunto de la base de Soto Cano y los vínculos entre militares hondureños y estadunidenses, es muestra además de una evidente voluntad de ocultar el papel de la administración de Obama.

*Periodista y escritor. Presidente de la Red Voltaire con sede en París, Francia. Autor de La gran impostura y del Pentagate

July 15, 2009 | Sección: Cuenta Regresiva