En entrevista, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) –la guerrilla con mayor presencia en Guerrero, pero que también se encuentra en otras entidades federativas– señala que la política contrainsurgente que los gobiernos federal y estatal desarrollan en el estado del Sur de la República incluye operativos contra la población.

Según el grupo subversivo que apareció en 1998 como una escisión del Ejército Popular Revolucionario, “la contrainsurgencia en México utiliza los métodos más avanzados” que se imparten tanto en la estadunidense Escuela de las Américas (desde 2001 renombrada Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WHISC, por siglas en inglés, y que la guerrilla tilda de “escuela de asesinos”) como en el Mossad israelí (el Instituto Central de Operaciones y Estrategias Especiales del Estado judío).

En efecto, el 14 de agosto de 2008, en conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, anunció que quien fuera procurador General de Justicia del Estado hasta el 14 de septiembre pasado, Eduardo Murueta Urrutia, viajaría, junto con un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), al Estado de Israel. El objetivo: “recibir capacitación” y “comprar equipo que tenga que ver con la investigación, de inteligencia”. El gobernador agregó que “las herramientas” que obtendrían los policías en Israel se utilizarían contra la delincuencia organizada, “incluida la guerrilla”. Los agentes capacitados quedaron bajo el mando del director de la PIM, Érit Montúfar Mendoza.

Además, el 21 de julio de 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que había autorizado al gobierno del estado la compra e importación de armamento proveniente de Estados Unidos, Israel, Alemania “y otros países”. Las armas, entre las que se incluyen lanzagranadas, serían entregadas a la policía estatal y a las policías de los 81 municipios.

Los ejes de la contrainsurgencia

La Dirección Nacional del ERPI dice a Contralínea que en las comunidades de Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica (tres de las siete regiones en que se divide geográfica y culturalmente el estado de Guerrero) “se amedrenta a la población” y se busca “dividirla y convertirla en colaboradora de los órganos de represión política de los órganos en manos del Estado”. Explica que, en términos generales, en eso consiste el primer eje o “modo”: el de la “guerra sicológica”.

Además, se avanza en el segundo eje, el de la integración, entrenamiento y acción de grupos paramilitares.

—Esto es: grupos de la población civil, particularmente formados por jóvenes, que cumplen una labor de agentes de información (actividades de inteligencia), pero también grupos de operación táctica de persecución, hostigamiento y ejecución extrajudicial de las personajes que ellos les decían antes peligrosos, subversivos, y ahora terroristas o delincuentes.

Según el ERPI, el tercer eje de la política contrainsurgente que el gobierno federal desarrolla en Guerrero “y en todo México” es el del fortalecimiento e intensificación de los operativos de inteligencia. Agrega que toda la estrategia del espionaje está controlada directamente por el Ejército Mexicano, incluso aquella que realizan las dependencias civiles facultadas para tales actividades.

—Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), sino que ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan en coalición fuerzas militares y paramilitares.

La existencia del ERPI se conoció de manera fortuita luego de que un integrante del grupo guerrillero, a quien se identifica como el capitán José, fuera abatido a balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la escuela Caritino Maldonado de la paupérrima comunidad nu’saavi El Charco, ubicada en los pliegues de tierras rojizas del municipio de Ayutla, en la Costa Chica. Junto con el guerrillero, que en ese momento se encontraba desarmado y participaba en una reunión para el impulso de proyectos productivos en la región, fueron asesinadas 10 personas más. Para los pobladores, se trató de una masacre perpetrada por el Ejército Mexicano en contra de campesinos indefensos. Oficialmente, la Sedena habló de “un enfrentamiento” entre militares y guerrilleros. En la mochila del capitán José se encontraron cartas y otros documentos que daban cuenta de los motivos de separación del EPR y la constitución de la nueva organización subversiva.

Así, el ERPI, formado principalmente por las columnas insurgentes de Guerrero que se escindieron del Ejército Popular Revolucionario el 8 de enero de 1998, fue descubierto a los cinco meses de su integración.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero

La Dirección Nacional del movimiento armado señala que aunque las políticas contrainsurgentes se aplican en todo el país, tres entidades de la república se encuentran bajo una violenta “guerra de baja intensidad”: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La causa: “los levantamientos indígenas y populares de 1994, 1996 y 1997”.

Agrega que, desde 1994, en Chiapas se desarrolla un laboratorio contrainsurgente del que uno de sus resultados es la masacre de Acteal. El objetivo de las políticas de represión son las comunidades zapatistas “y las zonas de resistencia indígena y campesina”.

Según el ERPI, los objetivos de los cuerpos contrainsurgentes en Oaxaca son los pueblos “en resistencia”, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos y los movimientos magisteriales, campesinos y comunitarios.

—Y, finalmente, en Guerrero se sigue una ruta para sembrar informantes en las comunidades e infiltrar a los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso ser cómplices para atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.

Delegados partidistas, informantes del Ejército

La clandestina dirección nacional del ERPI dice que no hay un sólo partido que no tenga dentro de sus filas a informantes de la Sección Segunda del Ejército Mexicano, el área castrense encargada de la inteligencia y contrainteligencia. Incluso, señala que delegados del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, “así como muchos elementos de base de otros partidos políticos”, en realidad sirven a las oficinas de inteligencia militar.

Según el grupo guerrillero, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos han sido “enmascarados como acción de delincuentes y narcomenudistas”.

Acota que no es que los asesinos no estén vinculados al negocio del narcotráfico, lo están, pero ahora también tienen otras funciones: son informantes “y verdaderos sicarios a sueldo de caciques y de cuerpos dirigidos por la policía política y la inteligencia militar”.

En la “guerra de baja intensidad” que según el ERPI se vive en Guerrero, las funciones de estos grupos de sicarios supuestamente al servicio del narcotráfico y al mismo tiempo de los oficinas de inteligencia militar son: hacer pasar como enemigos de las instituciones a los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos; romper el tejido comunitario y familiar; “descomponer socialmente las conductas de jóvenes desempleados y empobrecidos atrayéndolos a la delincuencia que ellos organizan”; atemorizar a pueblos y comunidades, y “ubicar y ejecutar a quienes vislumbren como líderes naturales o políticos y defensores de derechos humanos”. Para ello, asegura e ERPI, se valen de los levantones.

La cultura de los pueblos, defensa ante la contrainsurgencia

El grupo guerrillero del cual Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, era el principal líder hasta su detención el 19 de octubre de 1999 en la ciudad de México, dice que frente a la contrainsurgencia basada en la delincuencia organizada se opone un “arma eficaz”.

—En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.

De acuerdo con el ERPI, la cooptación contrainsurgente necesita de la publicidad y propagación de la ideología individualista y de la cultura de la corrupción y el abuso, pues lo que ofrece a los jóvenes que se convierten en sicarios e informantes del Ejército es una “fórmula” sencilla “para salir de pobres”.

—Hemos visto y aprendido cómo el respeto a padres y madres hace que se resuelvan esos intentos del poder de clavarle cuñas en la espalda a familias y comunidades honestas. Cuando se les quiere meter en su seno guachos, policías, sicarios y narcomenudistas, pasan a ser motivo de vergüenza familiar y llaman al orden: a que quien se vea inmiscuido abandone esas bandas o cuerpos represivos o, bien, se vaya lejos de la región para no afectar a propios y parientes. Entonces el pueblo se defiende, se organiza, imparte desde mero abajo la justicia.

Finalmente, la Dirección Nacional del ERPI reconoce que la solución a los problemas del pueblo de México no necesariamente la tiene el movimiento armado “ni que obligadamente pase por el uso de las armas”.

—La solución está en el pueblo organizado desde abajo y a su modo. Está en el pueblo, el cual tiene la memoria viva de tanta guerra en su contra. Ante esta contrainsurgencia que hoy los poderes económico militares llaman “guerra preventiva”, se requiere de la prevención y previsión de la autodefensa integral del pueblo. Sólo así se crea y se defiende el poder popular.

“Ya no sólo obtienen información o difunden informes y rumores contrainsurgentes (propaganda negra, la llaman), ahora planean operativos contra la población, luchadores sociales y políticos o, incluso, contra bienes y locales de organizaciones populares que resisten o simplemente no son afines a la política oficial. En estos operativos participan coaligados fuerzas militares y paramilitares”

“En Guerrero se siembran informantes en las comunidades y se infiltran en los grupos de promoción y operación política de todos los partidos. Esto con el fin de vigilar, acosar o incluso atentar contra las vidas de defensores de derechos humanos y líderes de comunidades.”

“En las áreas rurales, los valores de solidaridad, sinceridad, de hablar franco, de respeto a la familia y a la comunidad permiten que se cuiden los territorios, que se reserven los nombres de los luchadores sociales que persigue el gobierno o que odian los caciques, y que no se vengan abajo los proyectos de solución en común a sus problemas.”

Zósimo Camacho