La medida más notoria en esta nueva fase de cooperación ha sido la aprobación de dos entregas de un paquete de ayuda inicial de 820 millones de dólares a México. Los recursos fueron aprobados en la Ley Ómnibus de Apropiaciones 2009 y la Ley de Apropiaciones Complementarias 2009, aprobadas por el Congreso el 11 de marzo y el 16 de junio de este año, respectivamente.

La ayuda que ha llegado puede aliviar temporalmente la acción de las agencias de seguridad mexicanas que de por sí están desprovistas del financiamiento adecuado. Los propios informes del gobierno estadunidense afirman que los cárteles del narcotráfico en México obtienen una ganancia estimada en 25 mil millones de dólares anuales y son capaces de introducir cada año cerca de 10 mil millones de dólares a México, lo que equivale a 2.3 veces los presupuestos anuales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina juntas.

El experto en seguridad me indica que los narcotraficantes ahora no necesitan invertir demasiado dinero en la corrupción de funcionarios mexicanos. De hecho, cuestan poco, afirma. En algunas ocasiones, me dice, les basta con corromper a la policía municipal y a mandos operativos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Policía Federal Preventiva o del Ejército que les pueden brindar información fundamental para operar sin problemas.

La desconfianza de Estados Unidos hacia las agencias de seguridad de México es tal que los fondos del Plan Mérida no pueden ser entregados en efectivo ni pueden ocuparse en combustibles y gasto operacional, ni en equipos de comunicación policial que no sean compatibles con los utilizados por las agencias de seguridad de Estados Unidos.

La realidad es que el gobierno de Estados Unidos no parece estar realmente preocupado por lo que está sucediendo en México, y su falta de interés para invertir en la ayuda a México deja al gobierno de este último con la tarea casi solitaria para enfrentar a cárteles del narcotráfico que tienen a cerca de 400 mil efectivos y que han provocado la muerte de casi 13 mil personas en los últimos tres años.

Hasta ahora la violencia no ha cesado y de hecho está en proceso de romper récords históricos. Las drogas siguen pasando a Estados Unidos y las armas y el dinero efectivo resultado de la venta de drogas siguen llegando a México.

Con cierta razón, México se queja de la desidia de Estados Unidos para contener el flujo ilegal de armas y reducir el consumo de drogas en su país. Un 87 por ciento de las armas confiscadas en México proceden de Estados Unidos.

La cocaína sigue siendo la principal droga de consumo en Estados Unidos, principalmente entre los adultos jóvenes de 18 a 25 años, aunque los datos indican que el suroeste del país está dando un giro hacia la producción doméstica y consumo de metanfetaminas.

Por otra parte, aunque la producción de marihuana en México ha permanecido relativamente estable (unas 15.5 toneladas métricas en 2007), los decomisos recientes expresan un traslado paulatino de la siembra y cosecha de marihuana de los estados del Sur a los del Norte de México. Según Estados Unidos, la producción estimada de heroína en México se ha incrementado al alcanzar las 12.7 toneladas métricas en 2007, de un total de 6.8 toneladas en 2002.

La respuesta estadunidense

Aunque Estados Unidos dedica en realidad la mayor parte de sus recursos a la lucha antiterrorista, su gobierno no deja de enviar tropas y efectivos policiales a su frontera con México.

El Departamento de Seguridad Nacional planea contar este año con 20 mil 219 agentes de la Patrulla Fronteriza, el 84 por ciento de ellos asignado a la frontera con México. De hecho asignó a la seguridad fronteriza el 25 por ciento de su presupuesto total de 44 mil millones de dólares.

Unos 26.1 millones de dólares de ese presupuesto serán asignados para diferentes programas antinarcóticos y 97.8 millones de dólares serán destinados para unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dedicadas a combatir el tráfico de armas y drogas. De esos recursos, ICE dedicará 70 millones de dólares para contratar a 349 agentes de inteligencia y analistas criminales y crear una célula de inteligencia para la violencia fronteriza.

Estados Unidos llevó a México a firmar una carta de intención para crear un sistema binacional de inteligencia dedicado a combatir el tráfico ilegal de armas. Con esa carta, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, anunció la creación de la primera Fuerza de Tarea de Seguridad y Control Fronterizo (BEST, por sus siglas en inglés) en el territorio mexicano, que sería integrada por cerca de 40 agentes mexicanos, coordinados con los agregados estadunidenses en materia de tráfico de armas, inmigración y control de aduanas. Actualmente, 10 fuerzas de tarea BEST operan del lado estadunidense.

La Agencia Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), con un presupuesto de 7 mil 100 millones de dólares para el año fiscal 2009, ha creado dos nuevos centros de inteligencia dedicados a combatir a los cárteles mexicanos: el Grupo de Inteligencia del Suroeste, que tiene su sede en el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas; así como el Centro de Inteligencia de McAllen (MIC, por sus siglas en inglés), dedicado específicamente a combatir a Los Zetas y los remanentes del cártel del Golfo. El MIC intercambia información con cerca de 300 departamentos de policía del Sur de Texas, así como con las agencias federales y el Ejército Mexicano. El FBI también ha creado una fuerza de tarea bilateral antisecuestros con agencias mexicanas.

Estados Unidos tiene además unidades militares en la frontera. Hasta el momento, existe la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narco-Terrorismo, integrada por unos 150 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional de Arizona. El gobernador de Texas está por enviar a 200 elementos de la Guardia Nacional de Texas a la frontera y le ha exigido a Barack Obama enviar 1 mil más.

Algo hay, sin embargo, de demagógico y de político en todo este esfuerzo: es tiempo electoral y todos los estados de la frontera deberán elegir gobernadores en noviembre del próximo año.

Estados Unidos ha privilegiado la misión antiterrorista de sus agencias de seguridad y esto ha tenido como consecuencia una reducción en el número de arrestos y casos criminales contra narcotraficantes y otros miembros de la delincuencia organizada en su propio territorio. Esto es evidente en el incremento de la proporción de los casos federales relacionados con delitos de inmigración por encima del resto.

Según el Pew Hispanic Center, los latinos inmigrantes forman la mayoría de los presos en las cárceles federales de Estados Unidos y han llegado ahí no por estar involucrados con el narcotráfico, sino porque cometieron una falta de inmigración.

Y si uno viaja por la frontera, los operativos contra el flujo de armas hacia México son casi invisibles, no porque sean discretos, sino porque apenas existen. Simplemente no hay la misma infraestructura para controlar el flujo de personas y vehículos hacia el Sur que el flujo hacia el Norte. Hasta el momento, Estados Unidos no ha dado una demostración seria de preocupación por lo que está pasando en México. Para muchos funcionarios en Washington, lo importante no parece ser que hay violencia en la frontera, sino que ésta se quede contenida del lado mexicano.

Jorge Luis Sierra