Corrupción de generales, sospechas no confirmadas

El reportaje fue primero una demostración de la influencia del gobierno estadunidense en la designación de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina de México. La acción del embajador Anthony Wayne, quien tomó la iniciativa de hablar con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto para evitar la designación de García Ochoa como general secretario, fue interpretada en los círculos políticos mexicanos como una intromisión y un abuso en las relaciones bilaterales. Legisladores mexicanos cerraron filas con el presidente y le expresaron su inquietud por los intentos de intromisión.

El reportaje de The New York Times ilustra, en segundo lugar, la magnitud del temor en las filas diplomáticas de Estados Unidos sobre la penetración del narcotráfico con el nivel más alto de la cúpula militar y las consecuencias para México y para la relación bilateral, y la sospecha estadunidense de que los presidentes mexicanos pueden estar desinformados o hacer caso omiso a la corrupción entre los mandos militares.

De darse el caso, los jefes de las organizaciones criminales se beneficiarían directamente de la información en el aparato de inteligencia militar y estarían protegidos por la infraestructura de cuarteles, tropas, medios de transporte y comunicación de las Fuerzas Armadas de México. Con el nivel de opacidad en el sistema político mexicano –que blinda a las instituciones castrenses mexicanas del escrutinio y la rendición de cuentas–, sería prácticamente imposible extraer al narcotráfico e identificar a los generales corrompidos o amenazados por los grupos criminales.

Como responsable de los servicios de inteligencia del gobierno estadunidense que operan en México, Wayne debió de haber tenido evidencias firmes que sustentaran la sospecha de que el general García Ochoa tenía vínculos con el narcotráfico y que por lo tanto él no sería un militar confiable para el puesto de general secretario a juicio del gobierno de Estados Unidos. Los miembros del equipo de transición de Peña Nieto, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, participaron en la reunión y escucharon los alegatos del embajador. Sin embargo, The New York Times mencionó que Wayne hablaba de reportes “no confirmados” sobre la presunta corrupción del general García Ochoa.

Es posible que, a pesar de las evidencias débiles en su poder, Wayne haya conseguido su propósito: García Ochoa no fue designado secretario de la Defensa. Sin embargo, el gobierno mexicano y el actual secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, conservaron al general García Ochoa y le asignaron la comandancia de la XI Región Militar con sede en Torreón, Coahuila.

El envío del general García Ochoa a la XI Región Militar puede interpretarse como un acto de unidad en el Ejército y un desafío a Estados Unidos porque, al ser Torreón una de las plazas más difíciles por la confrontación entre el grupo de Los Zetas y el cártel del Pacífico, los servicios de inteligencia tanto civiles como militares de Estados Unidos en México tendrán que convivir e intercambiar información con el comandante de esa región militar. Es probable que esa designación en ese punto de la geografía tan sensible para la cooperación bilateral contra el narcotráfico siga produciendo roce diplomático y presiones estadunidenses.

Las sospechas estadunidenses seguirán en pie, pues The New York Times declaró tener cables confidenciales de 1997 que reportaban la presunta colusión del entonces coronel García Ochoa con Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez.

Esos cables, en poder del diario estadunidense desde 1998, cobraron una nueva vigencia a partir de la posibilidad de que García Ochoa se convirtiera en el secretario de la Defensa. En marzo de ese año, el reportero de The New York Times, Tim Golden, publicó que un “largo reporte confidencial” de la DEA entregado a la entonces procuradora general Janet Reno revelaba reuniones secretas de oficiales militares mexicanos con líderes del narcotráfico encabezados por Amado Carrillo Fuentes. Golden mencionó que algunos oficiales de inteligencia estadunidenses habían cuestionado la validez de la información de esos cables, pero que la DEA había considerado que las evidencias eran tan fuertes que ameritaban que Janet Reno las conociera y tuviera en su poder. Golden no mencionó entonces el nombre de los oficiales militares que se habían reunido con Amado Carrillo.

Ese capítulo está ligado a la detención y encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido en 1997 por sus vínculos con Amado Carrillo y cuyos familiares reclaman el hostigamiento por parte del general de división retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien fue arraigado al final del gobierno de Felipe Calderón y a quien el gobierno de Peña Nieto ha retirado una acusación de vínculos con el llamado cártel de los Beltrán Leyva.

Las reuniones de 1997 en las que, según los reportes de la DEA, los militares mexicanos prometieron protección a Amado Carrillo a cambio de grandes sumas de dinero habrían precedido a la detención del general Gutiérrez Rebollo, sentenciado ahora a 40 años de prisión. El reportaje de The New York Times firmado por Golden describía que el vínculo militar con el cártel de Juárez iba mucho más lejos de lo que el gobierno estadunidense pensaba y el mexicano declaraba.

Durante su juicio, el general Gutiérrez Rebollo confirmó que esas reuniones entre oficiales militares e integrantes del cártel de Juárez habrían ocurrido efectivamente. Algunos militares mexicanos no citados por The New York Times reconocieron que los militares se habían reunido con una persona sin saber que era un lugarteniente de Amado Carrillo Fuentes. El general Tomás Ángeles Dauahare, entonces secretario particular del general secretario Enrique Cervantes Aguirre, dijo a The New York Times que la versión sobre “otras reuniones” era falsa. Ángeles Dauahare –jefe directo de García Ochoa, quien fungía como secretario particular adjunto del general Cervantes Aguirre– fue quien encabezó la operación para detener al general Gutiérrez Rebollo y habría torturado a sus hijos, según las declaraciones recientes de los familiares del general al noticiario de Carmen Aristegui.

Las sospechas de la DEA no tuvieron ningún impacto en la carrera militar de García Ochoa, quien mantenía una alta reputación en el Ejército Mexicano. El general Cervantes Aguirre lo ascendió a general brigadier en noviembre de 1997, y luego lo nombró jefe del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. Desde ahí controló el movimiento de todas las tropas de fuerzas especiales en el territorio nacional. En 2000, el general secretario Gerardo Clemente Ricardo Vega García lo designó su secretario particular.

García Ochoa regresó a las operaciones militares en 2006, cuando fue nombrado comandante de la 24 Zona Militar con base en Cuernavaca, Morelos, en los momentos en los que la influencia de los hermanos Beltrán Leyva estaba creciendo rápidamente en aquella entidad.

A partir de 2008, ya como general de división y director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, García Ochoa impulsó un plan de modernización del equipo de transportación terrestre y de comunicación militar, pues los equipos anteriores ya habían llegado al final de su vida útil.

García Ochoa gestionó la compra de camionetas pick up Cheyenne para las nuevas unidades militares que realizaban operaciones de alto impacto en las ciudades controladas por el narcotráfico. Su gestión incluyó la modernización de los aparatos de comunicación militar y la compra de equipo para el espionaje y la extracción de datos de teléfonos celulares inteligentes. El mismo García Ochoa, con una formación muy amplia en labores de inteligencia, comenzó a labrar una relación con agentes estadunidenses con quienes, según The New York Times, se reunía en Estados Unidos y les pasaba información de militares y policías vinculados con el narcotráfico.

Según testigos de The New York Times, García Ochoa quería obtener el visto bueno de Estados Unidos para convertirse en secretario de la Defensa Nacional. Pero, dice el diario estadunidense, el general no sabía que en ese país lo conocían como el general 10 percent (10 por ciento), por el supuesto cobro de comisiones en los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que además lo investigaban por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El capítulo, por supuesto, no ha terminado. Estados Unidos no tiene pruebas confirmadas, pero la sospecha de la DEA quedó sembrada y el general García Ochoa no pudo llegar al puesto de secretario de la Defensa Nacional.