Es lamentable que Salinas de Gortari siga haciendo política abiertamente, no porque así demuestre que Felipe Calderón deja vacíos de poder, muy evidentes, sino porque patentiza la desmemoria de buena parte de la población, hecho por demás patético en tanto que así se facilita la vigencia de personajes siniestros, como él, que han provocado un enorme daño a la sociedad nacional. Bastan las reformas constitucionales durante su gobierno a los artículos 27 y 130, entre otras muchas a códigos y leyes secundarias, para justificar su catalogación en la historia como el personaje más nefasto para México en la segunda mitad del siglo pasado.

Sin embargo, actúa como si hubiera realizado grandes servicios al país, como si en vez de propiciar un creciente empobrecimiento de los mexicanos y abrirle las puertas del poder real a la extrema derecha, hubiera favorecido un progreso indudable de la nación. Sabido es que con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio se canceló toda posibilidad para que México alcanzara su independencia económica, se afectó de manera irreparable al campo y se aceleró el empobrecimiento de las clases medias.

Ahora, luego de casi tres décadas de que la extrema derecha se hizo del poder para ejercerlo activamente, Salinas de Gortari se apersona para saludar a la población de ciudades provincianas, hace declaraciones oportunistas y demuestra que se mantiene en buenas condiciones para lo que diga la oligarquía. Esto es motivo de alarma, pues con su activismo demuestra que la sociedad nacional no ha aprendido las lecciones de la historia. Con todo, lo más lamentable es que no existen contrapesos reales que pudieran frenar el poderío de los poderes fácticos, pues quienes pudieran hacerlo se dejan llevar por el canto de las sirenas con signo de dólares, como lo demuestra la actuación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su fracción chuchista.

De ahí que puedan surgir a la palestra política personajes grotescos como Juanito, quien había seguido al pie de la letra un guión elaborado por los consejeros de Calderón, de acuerdo con la defensa de intereses de la fracción de los Chuchos, quienes se prestaron a continuar el proceso de descrédito del PRD. Ahora la oligarquía sabe cómo seguir neutralizando los avances de la izquierda real: basta comprar dirigentes y convertirlos en payasos, como lo hizo con Juanito. Para ello cuenta también con el apoyo invaluable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que se ha prestado a llevar a cabo sucias maniobras, como el despojo a la candidata ajena a los intereses del grupo dominante en Ixtapalapa, el de los Chuchos.

El uso intensivo de los medios electrónicos para desvirtuar los hechos ha permitido que se haga a un lado el origen del problema, que no es otro que la decisión del TEPJF de no reconocer el triunfo en las elecciones internas del PRD de Clara Brugada. El tribunal fue el que hizo caso omiso de su deber institucional de actuar con imparcialidad, no que López Obrador haya mandado al diablo a la máxima institución electoral. Se trata de una simple cuestión de causa y efecto, procedimiento que parecen desconocer los medios y la oligarquía.

Con todo, el principal problema sigue muy vivo: la aprobación o no del paquete fiscal de Calderón. En todos los tonos ha dicho que no hay plan B, o sea que para éste no existe otra posibilidad que acatar su propuesta. Si lo hace o no, de cualquier forma la responsabilidad será de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la estrategia de Calderón, los culpables de que el gobierno federal se cruce de brazos serán los legisladores por no aprobarlo. Pero si lo aprueban, también lo serían de la gran debacle que se habría de presentar a partir de enero. ¿Qué harán al respecto los diputados? La respuesta no es otra que dejar muy claro que la responsabilidad la tiene el gobierno por no actuar en defensa de los intereses nacionales. Que las consecuencias serían mucho más graves si se aprobara una propuesta absurda y ultra reaccionaria, que sólo obedece al mezquino propósito de salvaguardar los intereses de la oligarquía.

Guillermo Fabela Quiñones