Con el término de los trabajos de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el 31 de agosto pasado se extinguieron por decreto 17 de sus comisiones especiales. Previamente habían desaparecido otras cuatro, creadas en el mismo periodo. En total, estas instancias ejercieron un presupuesto de 26 millones 421 mil 328 pesos.

De acuerdo con el informe que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Políticos publicó en la Gaceta parlamentaria el 31 de agosto pasado, tres comisiones especiales no presentaron informes de sus actividades, mientras que en cinco casos más los informes fueron incompletos.

Destaca el caso de la Comisión Especial de Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la República durante la Gestión de Vicente Fox con Relación a los Señalamientos del Incremento de su Patrimonio, que tras 10 meses de trabajo no presentó reporte alguno de actividades.

Esta comisión fue creada en octubre de 2007 por el entonces diputado priista Víctor Valencia de los Santos, quien en julio de 2008 –un mes antes de que venciera la vigencia de la comisión que presidía– pidió licencia para asumir, primero, la representación del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez y, luego, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.

La comisión, que pretendía investigar el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Fox, se conformó originalmente por los diputados Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Edwiges Alcaraz Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN); y Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El 7 de noviembre de 2007, Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño del diario La Jornada informaron de la reunión de sostuvo Valencia de los Santos –entonces presidente de la comisión– con el empresario Lino Korrodi, operador financiero de la agrupación Amigos de Fox. En la misma nota se señala el parentesco padre-hijo del diputado panista Juan de Dios Castro Muñoz, integrante de esa comisión, con quien fuera consejero jurídico de Fox durante su mandato, Juan de Dios Castro Lozano. De acuerdo con la publicación, incluso Korrodi advertiría a Valencia de los Santos de un “conflicto de intereses”.

Al término de la Legislatura, Castro Muñoz y López Adame se habían dado de baja. La comisión quedó entonces con sólo tres integrantes: el perredista Guerra Ochoa, el ecologista Manuel Portilla Diéguez (quien se incorporó a la salida de López Adame) y la panista Alma Edwiges Alcaraz, con goce de licencia. De la triada, ninguno ocupó el cargo de presidente o secretario a la salida de Valencia de los Santos.

Antes de solicitar licencia, la diputada Alcaraz también fungió como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión Especial Encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral Federal de 2009, instancia que estuviera presidida por el perredista michoacano Antonio Soto Sánchez.

En mayo pasado, Soto Sánchez y los diputados federales Irineo Mendoza Mendoza (PRD) y Ascención Orihuela Bárcenas (PRI) fueron señalados como presuntos integrantes de redes de protección de grupos del crimen organizado en Michoacán. Orihuela Bárcenas se desempeñaba como secretario en la misma comisión, mientras que Mendoza formaba parte de la Comisión Especial de Citricultura, instancia que tampoco entregó informe de actividades.

Citricultura estuvo presidida hasta el 10 de febrero de 2009 por el priista Ramón Salas López, y tras 32 meses de trabajo, el único indicio de su labor es el informe correspondiente al periodo febrero-diciembre 2007 que publicó en su sitio de internet. En el mismo caso estuvo la Comisión Especial de Estudio de las Políticas para la Migración Interna, cuyo presidente fue el perredista Raúl Ríos Gamboa, pues sólo reportó un primer informe de actividades en su página electrónica.

En febrero pasado, en el seno de esa comisión se desató un escándalo al denunciarse la falsificación de firmas de siete diputados para tramitar boletos de avión de “viajes fantasma”, mismos que luego eran cambiados por dinero en efectivo en la agencia de viajes Gengis Khan, con cargo al erario.

Comisiones especiales, sin reglamentación

El presidente de la Asociación Mexicana de Asuntos Legislativos, Ricardo Espinoza Toledo, considera que en este tipo de comisiones ha prevalecido una mala regulación y ésta “ha servido para que aparezcan órganos que si bien responden a alguna necesidad, acaban siendo ineficaces en su función y no sabemos qué hallazgos lograron, en qué gastaron el dinero, qué pasó con el personal de apoyo”.

El también profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa explica que, desde que se aprobó la Ley Orgánica del Congreso en 1979, en el artículo 103 se estableció que el Congreso debía divulgar el reglamento en el que se explicitara la actuación de estas comisiones. “Y el Congreso nunca ha elaborado ni aprobado el reglamento”.

El 6 de abril de 2007, el diputado federal panista Obdulio Ávila Mayo presentó un proyecto para expedir el Reglamento Interior de las Comisiones y los Comités del Honorable Congreso de la Unión. Éste fue turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, donde quedó pendiente de dictaminarse.

Espinoza señala que en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que las comisiones especiales se disolverán una vez que cumplan su objetivo, “pero no especifica que tienen que presentar un informe. Y más allá de si cumplieron su objetivo o no, ese mismo artículo dice que se extinguen al final de la Legislatura por mandato de ley. Tenemos entonces un vacío reglamentario respecto de lo que estas comisiones tienen que hacer, no sólo para el desarrollo de sus funciones, sino también en términos de la difusión de sus acciones”.

Agrega que “en sentido estricto”, la ley se refiere a las comisiones ordinarias. Y en cuanto a las especiales sólo dice que el acuerdo que las cree señalará su objeto, número de integrantes, plazo para cumplir la tarea encomendada; “pero no dice que tendrán que presentar un informe, sólo dice que se extinguirán”.

La Ley Orgánica del Congreso no detalla las atribuciones ni responsabilidades de las comisiones especiales. En el artículo 45 se enlistan las tareas de las comisiones sin que se precise si se trata sólo de las ordinarias o también de las especiales y de investigación. La única especificación que hace para las comisiones especiales es que una vez cumplido su objetivo, o cuando acabe la legislatura, se extinguirán mediante un informe realizado por la secretaría general de cada comisión a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Lo que el artículo 45 asienta es que las comisiones tienen que elaborar un programa anual de trabajo, rendir un informe semestral de actividades a la conferencia y sesionar cuando menos una vez al mes. Pero no establece sanción alguna en caso de no cumplir con alguna de estas tareas.

Sin embargo, la información publicada en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados revela que ocho comisiones especiales de la LX Legislatura incumplieron con la entrega de informes semestrales; en cuatro casos tampoco existen actas que constaten la realización de sus sesiones.

Necesarias pero poco fructíferas

Víctor Alarcón, también catedrático e investigador de la UAM Iztapalapa, considera que las comisiones especiales son creadas para tratar de resolver situaciones de coyuntura, por lo que disponen de un “carácter excepcional y un mandato específico”. Explica además que esta clase de instancias puede servir a un propósito investigativo o conmemorativo, y que los distintos tipos de alcance que tienen no permiten hacer una valoración tajante de su utilidad.

“En todo caso diría que sería inadecuado no tenerlas, pero me parece que el resultado de cada una de ellas depende del grado de coyuntura y del grado de involucramiento que tienen los actores interesados en el proceso.”

Espinoza coincide en que las comisiones especiales son necesarias “porque el sistema de comisiones ordinarias no obligatoriamente abarca materias que aparecen de manera imprevista y que se deben atender”, con lo que la pertinencia de esta figura radica en responder a situaciones extraordinarias que no son tarea ni de las comisiones ordinarias ni de las de investigación.

En la legislatura pasada, la atención de estos asuntos excepcionales costó cerca de 26 millones y medio de pesos, de los cuales más de 1 millón fueron para pago de honorarios a asesores y asistentes parlamentarios. Los montos autorizados para apoyo administrativo de las comisiones especiales creadas por la LX Legislatura ascendían a 20 mil 30 pesos mensuales para los asistentes parlamentarios y a 28 mil 410 pesos mensuales para los asesores B. Con excepción de las comisiones para investigar el enriquecimiento ilícito de Vicente Fox, para vigilar el uso de recursos en las elecciones de 2009 y de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera, todas las demás tuvieron, cuando menos, un asesor. Las comisiones del café y de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros contaron con el mayor número de asesores (cinco y cuatro asesores, respectivamente), lo que supuso una erogación mensual de 142 mil 50 pesos y 113 mil 640 pesos sólo en pago de honorarios.

Sin embargo, en cuanto al trabajo legislativo, las comisiones especiales no fueron muy prolíficas. De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Apoyo Parlamentario (DGAP) de la Cámara de Diputados, en la última legislatura se presentaron 15 proposiciones con punto de acuerdo por parte de las comisiones especiales. Sólo cuatro de éstas fueron aprobadas, mientras que el resto quedó en la congeladora de las comisiones a las que fueron turnadas.

El 11 de octubre de 2007, la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución propuso a la Secretaría de Relaciones Exteriores que incluyera en su agenda el tema de los festejos, mientras que a través de la Secretaría de Gobernación exhortó a los congresos locales a designar una comisión homóloga para que colaborasen con dicha conmemoración. Ambas proposiciones fueron aprobadas.

La Comisión Especial para Pueblos que Viven en el Bosque logró que se aprobara un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informara del resultado de sus actividades para definir la pertinencia de elaborar un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque. Sin embargo, no consiguió que para 2008 la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aumentara los recursos para el programa forestal Proárbol, pues dicha proposición quedó pendiente.

La otra propuesta aprobada fue hecha por la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México, conjuntamente con la Comisión de Economía. En ella se pedía al Ejecutivo federal que desarrollara una política de diseño integral para impulsar la competitividad de las empresas y la generación de empleos.

Las proposiciones que quedaron pendientes provenían mayoritariamente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, aunque también las comisiones de la Cuenca Lerma-Santiago-Chapala, para la Defensa de los Derechos Sociales al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos, y de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, hicieron sendos trabajos.

De los documentos entregados por la DGAP, así como de la información disponible en la página de internet de la Cámara de Diputados, se encontró que únicamente hubo 10 iniciativas presentadas por las comisiones especiales, de las que ninguna fue aprobada.

En cuanto a los asuntos que les fueron turnados por otras comisiones, sólo en seis casos presentaron un dictamen; con lo que el trabajo que dejaron pendiente podría perderse si las comisiones a las que se turnó no son renovadas en esta nueva legislatura.

Falta de claridad y de resultados

La investigadora Haydée Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, añade al análisis la falta de claridad en las atribuciones de este tipo de instancias, ya que la ausencia de un marco legal que estipule y regule su campo de acción propicia no sólo la ambigüedad y falta de uniformidad en sus informes de trabajo, sino también que los legisladores sobrepasen las atribuciones del Poder Legislativo e incluso puedan servir a propósitos particulares de los diputados.

A decir del profesor Alarcón, “a veces la coyuntura política sí ofrece una oportunidad para que el Poder Legislativo tenga cierto poder de involucramiento, aunque su función no es la de sustituir al Ministerio Público; no son comisiones que en su consecuencia inmediata tengan una situación de acción ministerial o judicial. Si se tiene información que se considera pertinente, se tiene que canalizar a las instancias pertinentes para que desde ahí se finquen responsabilidades.

“Evidentemente los propios partidos políticos por ahí canalizan parte de su agenda; malo sería que por un mero sentido de estridencia o de notoriedad las comisiones especiales terminen siendo simplemente mecanismos de presión para tratar de obtener otro tipo de prebendas o de concesiones contrarias a las que fueron formalmente dirigidas”.

En consonancia, Espinoza expresa que “las comisiones especiales sí son un instrumento de acción política de los partidos representados en el Congreso. El espacio de las comisiones es un espacio donde los partidos pueden posicionar sus propuestas, sus puntos de vista”.

Respecto de la obligación que tendrían este tipo de instancias de presentar resultados, Alarcón reconoce que no siempre se produce el objetivo planteado, pues los propios legisladores dejan de interesarse en ellas.

“Si esa labor quedó inconclusa, pues es un capital político, una inversión pública, un elemento de interés para la opinión pública que uno podría ver como un desperdicio de recursos, de información, que no es provechoso para la dinámica política del país.”

Y añade: “Éste también sería uno de los temas importantes de reforma a las condiciones y a las obligaciones de los legisladores: la responsabilidad política y legal que tienen los legisladores y los magistrados a pesar de que son servidores públicos, pues seguimos observando la discrecionalidad del Poder Legislativo y Judicial en cuanto a salarios y responsabilidad. Eso es una muestra de las muchas que ya conocemos de las ‘zonas grises’ en las cuales nos seguimos moviendo”.

Mayela Sánchez