A pesar de la costosa campaña difamatoria en los medios electrónicos, la sociedad mayoritaria está descubriendo los verdaderos móviles del atentado contra el sindicalismo democrático: asegurar condiciones favorables a la privatización sin tapujos de la industria eléctrica, filón de negocios en el que están inmiscuidos desde Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos y José Córdoba Montoya, hasta empresarios españoles que son quienes pondrían el dinero para explotar una energía que se habrá de magnificar con el uso de la fibra óptica y de plantas con tecnología de punta que ocupan poca mano de obra.

Calderón afirma que nunca antes ningún gobierno se había atrevido a dar el paso que dio su administración. Habla de esto con orgullo, como si en realidad se tratara de una medida favorable al país, cuando en realidad es una acción oportunista con un doble propósito: debilitar al sindicato más combativo y progresista, si entendemos por esto un verdadero interés en apoyar el desarrollo equitativo del país; y sentar las bases estructurales para impulsar una privatización firme del sector, ahora que los avances tecnológicos lo hacen más apetecible para los inversionistas.

Si gobiernos anteriores no se atrevieron a dar este paso fascistoide, no lo hicieron porque no se atrevieron a tanto y porque sus compromisos con la oligarquía no contemplaban todavía una medida tan antipopular. Calderón lo da no porque le sobren pantalones, sino por su propia debilidad que lo obliga a dar golpes de timón espectaculares, en obediencia a instrucciones muy precisas de la oligarquía y, por supuesto, consejos de sus principales asesores: Salinas y Fernández de Cevallos.

Según Calderón, el golpe contra el SME lo convierte en “estadista”, pues nunca antes ningún gobierno se había atrevido a tomar una “decisión difícil” como ésta. Y en el colmo de la demagogia ahora resulta que es el principal defensor de los pobres de México, “que no tienen voz, no tienen manera de presionar, no tienen grupos de poder”. Así actuaba Hitler en sus primeros años como dictador, para después demostrar el verdadero móvil de su estrategia de gobierno: dar las mayores facilidades a una oligarquía aristocrática que detestaba a los trabajadores.

Es totalmente falsa la actitud “redentora” de Calderón, como falsas fueron sus promesas de campaña, entre ellas no sólo no crear nuevos impuestos sino incluso reducir las cargas fiscales para impulsar el crecimiento. Si en verdad le interesara beneficiar a los más pobres de este país, estaría impulsando políticas públicas a favor del empleo, del crecimiento económico y del desarrollo social. Lo que ha hecho en los tres años de su mandato es precisamente lo contrario. Si le preocupara el destino de los subsidios a Luz y Fuerza del Centro (LFC), hubiera modificado desde un principio la política establecida totalmente favorable a los grandes empresarios, los verdaderos destinatarios del subsidio. ¿Cómo? Muy sencillo: LFC compraba a la Comisión Federal de Electricidad fluido muy caro que luego debía revender barato a empresarios metidos en el sistema de “cuentas especiales”. Da la casualidad que el subsidio a LFC, de alrededor de 40 mil millones de pesos, es la misma cantidad que suman las “cuentas especiales”.

Si en verdad quisiera ayudar a los más pobres, no hubiera enviado al desempleo a más de 60 mil trabajadores, a quienes en lo sucesivo pretende convertir en esclavos asalariados, si acaso aceptaran la liquidación chantajista que les ofrece. Sin embargo, no le será fácil lograrlo, por el alto nivel de conciencia de los trabajadores del SME. Si en cambio es muy preocupante que quisieran llegar a presiones graves, como lo indica la utilización de la Policía Federal para amedrentar a las familias de los despedidos, como lo han denunciado en varios poblados. En San Miguel Lila, Estado de México, por ejemplo, un ama de casa denunció en el noticiero de Javier Solórzano cómo el martes 13 elementos de la Policía Federal allanaron varios domicilios en busca de trabajadores para llevárselos. Horas después se sabría que los necesitan para obligarlos a restituir los cortes en los suministros ante la incapacidad de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para hacerlo. La señora aludida señaló que el 90 por ciento de la población laboral de San Miguel Lila trabaja en LFC, por lo que ven con mucha preocupación el futuro. Aun así afirmó que no aceptarán el dinero de la liquidación ofrecida por Calderón. ¿Medida correcta el golpe al SME? Sí, desde el punto de vista de la oligarquía; no, desde luego, desde la perspectiva de un México democrático.

Guillermo Fabela Quiñones