Agresión a Contralínea

El lunes 12 de abril de 2010, los trabajadores de Contralínea encontraron sus oficinas violentadas. Un día y medio antes –el sábado 10, cuando las instalaciones se encuentran cerradas– habían sido saqueados los archivos de periodistas y de personal administrativo.

Los delincuentes violaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita este medio de comunicación.

Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.

El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivada de su ejercicio profesional. El acoso y los agravios incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones anteriores (5 de agosto de 2007, 13 de agosto de 2008 y 11 de febrero de 2009), el arresto de su director, Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.

Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Mediante el periodismo de investigación, Contralínea ha documentado casos de corrupción gubernamental y empresarial, asuntos de seguridad nacional y seguridad pública, narcotráfico, lavado de dinero, delitos de cuello blanco, así como problemas sociales derivados de la marginación: pobreza extrema, desnutrición, despojo a pueblos indios, conflictos y movimientos sociales, guerrilla.

Desde 2007 en este medio informativo se han recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Jorge Meléndez y David Manrique.

El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.

En la recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.

Sobre la reciente agresión, el 13 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió una enérgica condena y se solidarizó con los periodistas. A iniciativa de la diputada Aleida Alavez, también solicitó al jefe del gobierno capitalino brindar las garantías necesarias a los trabajadores de esta revista.

Los periodistas de Contralínea refrendan su compromiso con la sociedad, con la verdad y con el periodismo de investigación, y exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de los hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.