Blinda SRE informes de su embajada en Estados Unidos

La cancillería mexicana bloqueó la posibilidad de conocer las actividades que llevaron a cabo los jefes de misión en la embajada de México ante Estados Unidos durante los últimos ocho años; hizo lo mismo con la solicitud para conocer el género, edad y delito que cometieron los mexicanos presos en aquel país, en qué prisión purgan su sentencia y el nombre del funcionario(a) del gobierno mexicano que los auxilió durante el juicio en su contra. La información respecto de ambas cuestiones, y que concierne al interés público, fue negada por el Comité de Información Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el argumento de que se trata de información reservada o inexistente.

Por esa negativa, los ciudadanos mexicanos desconocen qué gestiones realizaron durante su misión diplomática Juan José Bremer de Martino (de 2000 al primer trimestre de 2004), Carlos Alberto de Icaza (del 31 de marzo de 2004 a diciembre de 2006) y el embajador en turno, Arturo Sarukhan Casamitjana (de 2006 a la actualidad), como responsables de la sede mexicana en Estados Unidos, situada en el 1911 de la Avenida Pennsylvania, Washington, DC.

Las solicitudes de información pública gubernamental (folios 500044109 y 500044209) que buscan conocer los informes que describen las actividades anuales de los embajadores de México en Estados Unidos y que enviaron a la cancillería entre 2000-2006 y 2007-2008, respectivamente, recibieron una negativa. Ambas respuestas sostienen que el contenido de esos informes no podrá hacerse público, “en virtud de que la información podría afectar seriamente la negociación en temas sensibles de la relación bilateral México-Estados Unidos”.

De proporcionarse la información solicitada, según el Comité de Información Pública de la cancillería, “se causaría un daño presente, probable y específico” a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América; independientemente de “violentar las disposiciones constitucionales, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. Bajo tal argumento, ese Comité confirmó el periodo de reserva de 12 años para esos informes, el máximo permitido por la ley.

En contraste con esa negativa, el “Informe de la auditoría al desempeño de la embajada de México ante Estados Unidos”, número 08-0-05100-07-0508, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refiere que “se constató que los titulares de la embajada de México en Estados Unidos y de la Sección Consular enviaron a la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal de la SRE las evaluaciones anuales y de autoevaluación del personal del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a esa representación diplomática”.

Presos, el otro secreto

De igual forma, la solicitud de información pública 500156009 fue parcialmente atendida. Se buscó conocer el número y nombre de los mexicanos presos (mujeres y hombres) en Estados Unidos, los delitos por los que fueron juzgados, fecha de su sentencia, centros de reclusión y el nombre del funcionario mexicano que los auxilió en el curso de su juicio.

Tras consultar a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, el Comité anexó un cuadro a su respuesta –que consiste en una fotocopia prácticamente ilegible– en el que figura el número de mexicanos presos “de los que ha tenido conocimiento la red consular mexicana”. La dependencia afirma que se trata de “14 mil 418 connacionales”. Apela al artículo 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para negar los nombres de esos mexicanos presos, “por tratarse de información confidencial”.

El cuadro “Casos de protección atendidos en la Red Consular de México en Estados Unidos” provee datos recopilados del 1 de enero al 14 de diciembre de 2009. En ese documento electrónico se alcanza a leer que las entidades de Estados Unidos en las que purga su sentencia el mayor número de mexicanos son: Phoenix, Arizona (1 mil 294); Los Ángeles, California (795); Orlando, Florida (987); Tucson, Arizona (738); Albuquerque, Nuevo México (650); Dallas, Texas (509); Houston, Texas (512), y El Paso, Texas (487).

Las principales entidades federativas mexicanas de donde proceden esos prisioneros son: Estado de México (810), Guanajuato (769), Jalisco (699), Distrito Federal (688), Michoacán (681), Guerrero (517), Sinaloa (448), Puebla (485), Veracruz (436), Tamaulipas (418) e Hidalgo (236). Se desconoce dónde están otras 4 mil 6 personas.

El documento describe que hay 45 sentenciados a “cadena perpetua o años vida”, y que recibieron protección consular 2 mil 297 personas acusadas de cometer delitos migratorios o reingreso sin documentos; otras 1 mil 768 personas, por delitos contra la salud; 1 mil 305, por conducción punible de vehículos; 664 fueron acusadas de delitos sexuales; 591, de robo; 246, de fraude; 227, por homicidio calificado o agravado, y 120, por el delito de portación de armas.

El rango de edad del mayor número de connacionales presos (4 mil 975) oscila entre los 25 y 35 años. Ocupan el segundo lugar 3 mil 498 personas de entre 18 y 26 años; sigue el rango de entre 36 a 50 años, con 3 mil 343 personas; por último, 1 mil 50 personas mayores de 50 años. Un mil 199 personas figuran bajo el rubro de edad “desconocida”.

La dependencia admite que no tiene un listado de las cárceles donde se encuentran las personas. Explica que, para obtener tal información, “habría la necesidad de consultar los 14 mil 418 expedientes”. Tampoco proporciona una relación o documento estadístico que describa la situación jurídica de cada uno de los presos, la fecha de sentencia ni su duración. Por la falta de esos datos, declara que el documento es “inexistente”, según lo dispuesto por los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Respecto del nombre del funcionario mexicano que intervino en cada caso de los presos mexicanos en Estados Unidos, el Comité señala que “es imposible proporcionarlo” toda vez que esa gestión se lleva a cabo por la representación consular y no por un servidor público en específico, por lo que, para obtener los nombres de dichos servidores públicos, “se tendría que consultar los 14 mil 418 expedientes”.

Finalmente, la respuesta institucional menciona que no se puede otorgar el “acceso in situ” al solicitante, en virtud de que los expedientes consulares contienen información que está clasificada como “información confidencial por contener datos personales”.

La atención a la situación de los connacionales presos en Estados Unidos fue objeto, el 4 de marzo de 2007, de una denuncia del diputado Edmundo Ramírez, coordinador de asuntos migratorios. En esa ocasión, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que el gobierno federal era “indiferente” ante lo que viven unos 32 mil mexicanos presos en cárceles estadunidenses.

El diputado también precisó que esos mexicanos “no tienen el apoyo del Ejecutivo federal para garantizar sus derechos”. Insistió en que el gobierno mexicano debía dar seguimiento adecuado a la situación jurídica de los detenidos, procurar la liberación de los inocentes y defender los derechos humanos de todos esos connacionales.

Se dijo que los principales delitos por los que son condenados los mexicanos en aquel país son: narcotráfico, tráfico ilegal de personas, homicidio, robo, prostitución, accidentes de tránsito y trata de mujeres.

Meses después, el 7 de noviembre de 2007, el boletín de Democracy Now, órgano oficial del Partido Demócrata, informó que más de 30 mil inmigrantes –la mayoría indocumentado– estaban presos en Estados Unidos; indicaba que esa cifra de inmigrantes presos en cárceles estadunidenses no tenía precedentes. Ese medio estimó que 4 mil de estos detenidos permanecían en California y atribuyó el aumento de los inmigrantes presos al debilitamiento del programa denominado “Atrapar y Liberar”, que aplicó el Departamento de Seguridad de la Patria.

En el mismo artículo, el boletín refería que las empresas privadas contratadas por la Agencia de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aumentaron los contratos multimillonarios que suscriben con el gobierno federal, para transportar y mantener en prisión a estos indocumentados. “Esta política produce sobrepoblación de las cárceles y reduce la atención médica para esos detenidos”, concluía Democracy Now.

Dos años después de la denuncia del legislador Edmundo Ramírez y de lo publicado por el órgano de difusión del Partido Demócrata, la Cámara de Senadores de México acordó crear un grupo plural de trabajo que diera seguimiento a este tema y vigilara el respeto a los derechos humanos de los mexicanos detenidos en prisiones de Estados Unidos. El 23 de abril de 2009, se convino que ese grupo se coordinaría con el Ejecutivo Federal “para diseñar una estrategia que salvaguarde los derechos” de los mexicanos conforme a las normas y procedimientos internacionales, sin importar su calidad migratoria o situación jurídica.

Se designó al senador Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional, para coordinar esa nueva instancia legislativa, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. También participan las senadoras Rosario Green, del PRI; Claudia Corichi García, del Partido de la Revolución Democrática; Ludivina Menchaca, del Partido Verde Ecologista de México, así como José Luis Lobato Campos, de Convergencia, y Francisco Javier Obregón, del Partido del Trabajo.

Unos días después, el 28 de noviembre de ese año, Carta Mesoamericana, organización de información y servicios para las comunidades de migrantes, anunció que la Dirección de Protección de Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, demandó atención médica para los mexicanos en cárceles o centros migratorios de Estados Unidos.

El antecedente de tal reclamo se remontaba a la tarde del 29 de junio de 2009, cuando Evodio Abad Castillo fue encontrado muerto en su celda de la prisión del condado de Warren. Este jardinero de origen mexicano, de 51 años, cumplía el cuarto día de una pena de cinco días por conducir sin licencia. Según Jay Walker, del espacio electrónico “105.3 WOW Country”, en su edición del 12 de septiembre de 2009, el dictamen de la autopsia reveló que Abad murió de “causas naturales”.

A su vez, José Miguel Vivanco, director en México de la organización Human Rights Watch, denunció la recurrente falta de servicios de salud al interior de las cárceles estadunidenses. Consideró que el gobierno mexicano debía exigir al país vecino atención médica a sus connacionales: “El gobierno tiene la principal herramienta, con sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, para exigir esa atención médica a los mexicanos que residen allá”. Vivanco afirmó que su organización había documentado esa falta en múltiples ocasiones.

Auxilio consular

Para proteger a los mexicanos presos en Estados Unidos, así como a los migrantes sin documentos que cruzan la frontera, operan 49 consulados estadunidenses distribuidos en 23 de los 50 estados. A ellos se suma el trabajo de la Sección Consular que opera en la propia embajada y que cubre los estados de Virginia, Maryland, Virginia Occidental y el distrito de Columbia. De acuerdo con el Manual de organización, entre otras funciones, le corresponde a esa Sección “proteger y velar los intereses de México, así como la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos”.

Por su parte, una de las actividades básicas de la embajada de México en Estados Unidos corresponde al ámbito jurídico-administrativo, es decir, fortalecer la protección y asistencia consular, así como evitar abusos contra los derechos e intereses de los mexicanos. Otra de las actividades del personal de esa representación se ocupa del ámbito fronterizo y se traduce en evitar muertes de connacionales.

El “Informe de la auditoría al desempeño de la embajada de México ante Estados Unidos” dio cuenta que los recursos de que dispuso la Sección Consular de la embajada de México ante Estados Unidos se destinaron a la protección, a la atención y defensa de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Ese año, la SRE destinó a esa Sección 865 mil 438 dólares, de los que la ASF revisó el ejercicio de 212 mil 690 dólares, que equivalen sólo al 24 .6 por ciento.

Para cumplir con la protección de los mexicanos en Estados Unidos, la Sección Consular de la embajada mexicana desplegó cinco programas: el de Trabajo 2008 en Asuntos Consulares y de Comunidades Mexicanas, para el que erogó 24 mil 241 dólares; el de Ámbito Jurídico, al que destinó 18 mil 613 dólares; el de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital y de Asesorías Legales Externas, a los que aportó un pago parcial de 18 mil 613 dólares, y el de Protección a Mexicanos 7502, que comprende el rubro “Gasto por servicio de traslado de personas”, al que proporcionó 169 mil 835 dólares.

Estos programas sumaron un total de 212 mil 690 dólares, de acuerdo con el Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las representaciones en el exterior de la Sección Consular Washington. La ASF no explica el destino del resto de los recursos asignados, unos 652 mil 748 dólares. En su informe, la ASF explica que en el ejercicio fiscal de 2008 se expidieron en esa Sección aproximadamente 4 mil 166 documentos consulares diarios, por los que se obtuvo un monto aproximado de 228 mil 641 dólares.

Secretos bajo llave

A pesar de que en su dictamen el informe de la ASF considera que, “en términos generales”, durante 2008, la SRE “cumplió con las disposiciones normativas”, los ciudadanos mexicanos no tienen acceso a un número indeterminado de expedientes que la SRE clasificó como reservados y que pertenecen a la Subsecretaría para América del Norte.

Tan sólo la Dirección de Protección y Asuntos Consulares clasificó como reservados 10 expedientes sobre política exterior. Otros más, cuyo número de archivo figura hasta dos veces más, podrían repetirse en el Índice de Expedientes Reservados de esa dependencia, pues ya no se les asigna un nombre que permita identificar la materia que tratan.

La Dirección General para América del Norte tiene 18 expedientes reservados sobre política exterior. Los expedientes 210-02 y 310 ostentan el rubro “Negociaciones en curso”, por lo que están clasificados por seis años; los expedientes 220 y 700, bajo el rubro “Asuntos fronterizos”, se clasificaron por 10 años. El expediente 350-01, con el rubro “Negociación, adopción y firma de tratados y acuerdos interinstitucionales”, se clasificó por tres años.

La información relativa a visitas de Estado y oficiales de los expedientes 312-01 y 312-09 se reservó por seis años; las visitas de cancilleres, oficiales y de trabajo a las que se refieren los expedientes 312-02 y 312.14 también se reservaron por seis años; lo mismo sucede con el expediente 312-18, relativo a visitas a nivel subsecretario.

Los asuntos consulares y de protección que tratan los expedientes 710, 720, 740, 750, 760 y 790 están reservados; también los expedientes 730 y 790, bajo el rubro “Asuntos migratorios”, aunque por el tiempo máximo que permite la ley: 12 años.

A su vez, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos mantiene en reserva siete expedientes. El archivo 220, bajo el rubro “Aplicación de tratados de límites marítimos”, está clasificado hasta 2016; otro expediente con el mismo número, aunque figura con el rubro “Negociaciones de límites marítimos y terrestres”, tiene el mismo periodo de reserva, igual que el expediente 457-01.