Felipe Calderón y la criminalización de los migrantes

La enérgica protesta y la rasgadura de vestimentas de Calderón ante las tropelías cometidas por los estadunidenses en contra de México y sus habitantes, en su territorio o en el nuestro, han sido una práctica común, harto chocante, de los gobernantes priistas y panistas. Sólo han tenido un valor momentáneamente escenográfico, catártico, que les permite evadir cínicamente su gran responsabilidad en los problemas y cuya trascendencia se reduce al intento por capitalizarlos y tratar de mejorar su ajada imagen. Después retoman su indiferencia, se olvidan de los conflictos y dejan a la sociedad a su suerte. Varios aspectos permiten ser escépticos ante la estrategia que supuestamente instrumentará Calderón para proteger a los connacionales migratorios:

1. La certeza que poco o nada podrá hacer para influir en el destino de dicha ley, porque ella dependerá de factores que escapan de su control: el juego y las relaciones de fuerza de las elites y los grupos de poder de aquella nación, entre las que buscan flexibilizar la normatividad migratoria y las que pretenden endurecerla todavía más. De las decisiones que asuma el gobierno federal de Estados Unidos, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ante la administración de Arizona o de otras que traten de imponer medidas similares; de la reforma migratoria comprometida por Barack Obama durante su campaña para ganarse los votos de los inmigrantes, en particular de los de origen latino, que fortaleció la esperanza de éstos para regularizar su estancia y también su desencanto ante su postergación; de la capacidad de los que serán afectados para salvaguardar sus intereses y derribar a la SB 1070.

2. La debilidad y el abyecto sometimiento de los gobiernos neoliberales mexicanos ante las políticas de la Casa Blanca, desde Miguel de la Madrid hasta el propio Calderón. De la Madrid, como los demás, prácticamente no hizo nada para defender los derechos del creciente número de trabajadores indocumentados que buscaron formas de vida más digna en Estados Unidos y cuyo país es incapaz de ofrecerles, debido a la crisis y el estancamiento económico que caracterizó a su mandato y que provocó alto desempleo y un grave deterioro en las condiciones de vida de la mayoría. Con tal de que los “socios” aceptaran el ventajoso neocoloneaje de México que les propuso, Carlos Salinas dejó el tema laboral y migratorio en el Tratado del Libre Comercio como un simple agregado de compromiso, tan inútil como el conjunto del “pacto”, ya que los estadunidenses imponen sus arbitrariedades cuando se les pega la gana. Ávido de la legitimidad que no pudo obtener con las elecciones, se volvió, más allá de la retórica, en un silencioso cómplice del auge del sentimiento anti-inmigrante y xenofóbico estadunidense que se tradujo en la instrumentación de medidas legales más severas para tratar de regular los flujos de trabajadores ilegales: la propuesta para reformar la ley migratoria en mayo de 1993, que implicó el incremento anual de 1 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, por un lapso de cinco años consecutivos, a partir del ejercicio fiscal de 1997; la construcción de una triple barda en una franja de 23 kilómetros entre San Diego y Tijuana, la mejoría del equipo y de la tecnología de control fronterizo y las tarjetas de cruce fronterizo, y la rápida deportación, entre otras disposiciones; el inicio de la “operación bloqueo” (Operation Blockade) en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Paso, Texas, el 19 de septiembre de 1993, con una duración de dos semanas, que implicó el desplazamiento de un vehículo con dos agentes de la Patrulla Fronteriza a bordo por cada 200 metros, el reforzamiento la frontera con mallas metálicas, camionetas, sensores de piso, circuito cerrado de televisión y el uso de dos helicópteros. Dicho operativo fue un experimento para establecer nuevas medidas de control en la frontera con México y para estimular la vigilancia en los estados de California, Texas y Arizona; el operativo Guardián (Gate Keeper Operation), iniciado el 1 de octubre de 1994, en la frontera San Diego-Tijuana, que llevó a la construcción de una triple barda a lo largo de la frontera, al aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza, al uso de sistemas de rastreo satelital (sistema Navtrack), de reflectores de largo alcance y de sensores y al fichaje de los indocumentados; la operación Salvaguardia (Operation Safeguard) en Arizona, en la frontera Tucson-Agua Prieta, Sonora, ese mismo año, que construyó más de 4 kilómetros de muro de acero y reforzó la vigilancia en la zona de Yuma-Arizona, con barreras de armazones metálicas, cámaras de video y sensores electrónicos, y en el área urbana del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde se instaló un muro de acero de 3 metros de altura.

Ernesto Zedillo tomó una postura similar ante el auge xenófobo de los racistas y la operación Río Grande en Texas, en el área del Valle Río Grande, al sur de ese estado, que en agosto de 1997 impuso medidas similares a las citadas anteriormente, destacándose el aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza en los sectores de McAllen y Laredo, aun cuando durante su sexenio, la inmigración aumentó con alegre desesperación ante su desastre económico. Vicente Fox quiso comerse una enchilada migratoria con el baby Bush y lastimosamente terminó tragando camote. Y calderón… ¿qué ha hecho, más allá de gesticular?

3. Durante su administración, no ha hecho más que guardar indiferencia ante el drama de los trabajadores indocumentados, como hicieron sus predecesores. Por la vía de los hechos, nada le ha importado que el nuevo muro de Berlín, la nueva cortina de hierro construida por los estadunidenses, elevara los riesgos y los costos por tratar de cruzar la frontera. Que le obligara a tratar de internarse en aquel territorio por las zonas más remotas y peligrosas, entre ellas las desérticas. Que se haya robustecido y “profesionalizado” la “industria del tráfico de carne humana”, el precio que tienen que pagar a los coyotes o “polleros”, como se les llama coloquialmente a las bandas de criminales que monopolizan el negocio, las extorsiones de las que son víctimas por los delincuentes con o sin uniforme, que sean tratados peor que esclavos por las autoridades y los empleadores estadunidenses, que los persiguen peor que a los delincuentes, les roben, los expolien, los vejen, los encarcelen, los deporten arbitrariamente ante su indefensión jurídica y les quiten los servicios públicos básicos, como los de salud y educación, aún cuando su trabajo y los impuestos que generan sean necesarios para su economía. Que sean cruel e impunemente golpeados y asesinados por los racistas y las policiales locales; que la mortalidad de quienes intentan cruzar la frontera se elevara dramáticamente. En 1995, según datos del Consejo Nacional de Población, fallecieron 61; en 2005, llegaron a un máximo de 441 y en 2008 fueron 309. Entre 1995 y 2008, murieron un total de 4 mil 633 personas, según esa fuente, aunque el coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Bautista Scalabrini, José Luis Manzo, señaló que en 1995-2009 sumaron 5 mil 600 muertes. Tampoco les interesa que la violenta política migratoria estadunidense, que no ha logrado detener el flujo de personas que buscan mejorar su futuro a costa de sus vidas –ya que México sólo les ofrece miseria a manos llenas, empleos mezquinamente pagados cuando lo encuentran, el desempleo, la informalidad o la delincuencia para subsistir–, destruya las redes sociales y familiares. Los estadunidenses ven a los trabajadores migrantes como enemigos, competidores desleales de sus potenciales puestos de trabajo, como indeseables delincuentes, terroristas, razas inferiores, de parias. Más o menos como los ven en México los gobiernos y las elites dominantes. Son los marginados y excluidos por el neoliberalismo que, como epidemia, trascendieron las zonas rurales más empobrecidas para alcanzar a las urbanas (Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Michoacán, Estado de México, Veracruz, Jalisco o la capital).

A los neoliberales mexicanos sólo les interesa que se mantenga floreciente la migración por dos razones: porque se quitan de encima a la creciente chusma a la cual nada tienen que ofrecer, ya que, de mantenerse en el país, agravaría la delincuencia y la inseguridad, y podría convertirse en una peligrosa bomba social que, en caso de estallar, desestabilizaría y provocaría el derrumbe del sistema; y por las divisas que proporciona: cerca de 4 mil millones de dólares en promedio anual, entre 1995 y 2010, 200 mil millones de manera acumulada. Así, la economía del país que los expulsa se beneficia y ellos mismos se hacen responsables de sus miserables familias.

4. El aspecto central del problema: la responsabilidad de los neoliberales en la criminalización de los migrantes. Durante su mandato, definido por el estancamiento económico en 1983-2010, la falta de empleos formales estables y dignos, la brutal pérdida del poder de compra de los salarios o el bajo e ineficiente gasto público social, entre otros factores, México se convirtió en una vigorosa potencia en la concentración de la riqueza y la exclusión social, en la generación de pobres, miserables y trabajadores migratorios. En promedio anual, se van temporalmente a Estados Unidos 400-500 mil personas. Las personas repatriadas por la Patrulla Fronteriza promediaron 544 mil en 1995-2007. El número de mexicanos residentes en aquel país casi se duplicó en el último lapso citado: pasó de 6.5 millones a 11.8 millones.

En ese sentido, Calderón ha sido opulento. De los casi 4.5 millones requeridos en la primera mitad de su gobierno, sólo generó 1 millón, pésimamente pagados y en las peores condiciones laborales. El resto es informal, subocupado, no hace nada, es delincuente o emigró. A estos últimos, Javier Lozano quiere venderlos como esclavos.

En ese sentido, la supuesta protesta de Calderón ante la ley SB 1070 sólo puede calificarse de una manera: una histriónica actitud hipócrita y mentirosa.