La “desregulación”, el dogma ideológico del libertinaje de las trasnacionales anglosajonas, constituye el pecado capital del capitalismo descontrolado que busca como objetivo primario el lucro bursátil sin el menor miramiento a la depredación ambiental y el daño que provoca al bien común y a los intereses patrimoniales de terceros.

En síntesis, la “desregulación” neoliberal en todas sus aplicaciones terrenales representa la barbarie del capitalismo.

La explosión de la plataforma Deepwater Horizon (“Las trasnacionales petroleras devastan el Golfo de México”, Radar Geopolítico, Contralínea 182) que alquilaba la británica British Petroleum (BP) a la perforadora texana Transocean –disfrazada un día como Schlumberger (de la que es directivo y accionista relevante Adrián Lajous Vargas, exdirector de Petróleos Mexicanos), otro día como “Suiza” (con el fin de evadir al fisco)– ha obligado a Barack Obama a interrumpir sus vacaciones y visitar tres veces las costas contaminadas de las entidades estadunidenses colindantes con el Golfo de México (Alabama, Louisiana, Mississippi y Florida), debido a la derrama de petróleo que está aniquilando los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora –que más temprano que tarde afectará a Cuba y a las costas mexicanas.

Llama poderosamente la atención el silencio estruendoso del gobierno de Texas, vecino relevante del Golfo de México, debido quizá a que es la sede de las principales trasnacionales de hidrocarburos.

Hasta la presunta fraudulenta aseguradora ING no ha podido esconder el costo estimativo de más de 22 mil millones de dólares que, hasta ahora, ha ocasionado el cataclismo petrolero de la tríada depredadora: BP-Halliburton-Transocean.

Aunque suene increíble, la administración de Obama se encuentra incapacitada para lidiar con tal catástrofe después de más de mes y medio de derrama petrolera incontenible. Pese a las truculencias indelebles de la tríada privada petrolera BP-Halliburton-Transocean, la administración de Obama ha dejado irresponsablemente en sus manos la solución del hasta ahora insoluble problema ecológico, que cada día se exacerba más y que empieza a alcanzar las costas de Florida (que vive del turismo).

Ahora resulta que tampoco las petroleras texanas y británicas estaban capacitadas para una derrama en las aguas profundas del Golfo de México, según devela desde Houston Ed Crooks, reportero de The Financial Times (2 de junio de 2010): “BP no disponía todo (sic) el equipo necesario para detener la fuga del pozo Macondo en el Golfo de México”. !Así de simple!

¿Por qué perforan, entonces, las petroleras texanas y anglosajonas si no están adiestradas para contrarrestar los accidentes a 1 mil 500 metros de profundidad? ¿No lo saben, acaso, los gobiernos implicados en otorgar permisos generosos y laxos para las alocadas perforaciones en aguas profundas?

No es nuestra intención hacer leña del árbol caído de BP, quien, hay que reconocer, no es la única culpable, cuando la corresponsabilidad del accidente es también de las texanas Transocean y Halliburton.

Cabe señalar que, sin el menor desparpajo, Transocean –que había ya provocado hace 31 años otro inolvidable accidente mayúsculo en Ixtoc (Campeche), en aquel entonces a solamente 5 metros de profundidad en el Golfo de México–, a las dos semanas de la reciente catástrofe ambiental, cobró el monto del seguro de su plataforma por más de 500 millones de dólares. !Que eficiencia financiera! ¿A quién le importa la seguridad ambiental y de los humanos carentes de “seguros” redimibles?

Curiosamente, BP ha recurrido a las mismas técnicas añejas de hace 31 años utilizadas en la derrama del Ixtoc (Campeche), de menor cuantía comparada a la Deepwater Horizon y que duró un año en ser contenida.

¿No evolucionó la gran tecnología petrolera anglosajona y texana en tan largo plazo de tiempo cuando sus técnicas de lucro financiero las han colocado en los primeros sitiales del desempeño global?

Tony Hayward, el mandamás de BP, al unísono de la muy sesgada prensa británica, le ha echado la culpa a las texanas Halliburton y Transocean –que participaron respectivamente en la cimentación y la instalación de la plataforma alquilada por medio millón de dólares al día–, y en fechas recientes ha inculpado a otra empresa texana, Cameron International, que manufacturó y vendió a Transocean el “preventivo de explosiones”, que no funcionó.

Es evidente que el asunto de la devastación petrolera en el Golfo de México ha provocado la furia ciudadana y ha llevado a que Robert Reich, anterior secretario del Trabajo en la primera administración de Bill Clinton, exija la liquidación de BP por el gobierno estadunidense para, primero, impedir que siga contaminando las costas de Estados Unidos y, segundo, con el fin de contar con recursos financieros suficientes para indemnizar a las víctimas. ¿Quién podrá indemnizar al medio ambiente, a los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora? ¿Cómo se puede cuantificar tal daño que suele pasar desapercibido?

El asunto ya se volvió la peor cefalea política de Obama a unos cuantos meses de las elecciones legislativas de noviembre. El costo político es ya muy alto debido a la impotencia que ha exhibido hasta ahora el gobierno estadunidense: primero, al dejar hacer de las suyas a las trasnacionales petroleras depredadoras en medio del desastre ambiental y, segundo, al padecer catatonia administrativa.

Sin contar sus anteriores felonías (una explosión en Texas y fugas de gas en Alaska debido al pésimo mantenimiento, con el fin de ahorrar “costos”), BP no termina de arrojar más sal a las heridas múltiples de la nación estadunidense –y, de paso, a los países ribereños del Golfo como México y Cuba– al haber contratado a la polémica Ann Womack-Kolton –anterior funcionaria de prensa de Dick Cheney, el tan vilipendiado exdirector de Halliburton y exvicepresidente de Estados Unidos– con el fin de pretender aplacar la tormenta multimediática mediante las consabidas lubricaciones a las que son muy vulnerables cierto tipo de “comentaristas” de radio y televisión, que le deben muchos “favores” previos a la administración republicana, además de defenderse de las imprecaciones del Partido Demócrata que ha fulminado contra la parálisis presidencial de Obama, quien en un descuido puede ser enjuiciado políticamente y, tal vez, obligado a renunciar.

El centro de pensamiento Center for American Progress ha imputado que la derrama es consecuencia de la política petrolera del anterior vicepresidente Cheney, quien desde 2001 mantuvo estrechas relaciones de los “reguladores” gubernamentales con las trasnacionales petroleras, además de la conexión directa entre Cheney y Minerals Management Service (la supuesta reguladora nominal), que ha sido criminalmente negligente.

La impotencia catatónica de la administración de Obama ha alcanzado niveles inconcebibles cuando la marea negra de la derrama prosigue ineluctablemente su marcha hacia las costas.

Hasta ahora, tampoco se ha notado la funcionalidad del Cuerpo de Ingenieros ni la de los Guardias de la Costa, quienes, al parecer, carecen de recursos y del equipo para yugular la hemorragia petrolera.

El exsecretario del Pentágono, Colin Powell, ha llegado a pedir la intervención del ejército para controlar la derrama. El problema subyace en que BP y las trasnacionales petroleras texanas se encuentran fuera del control del gobierno de Estados Unidos debido a la maldita y maldecida “desregulación”: la quintaesencia dogmática neoliberal proclamada para hacer más “eficientes” a los “mercados”.

Peor aún, el almirante Mike Mullen, jefe de las fuerzas armadas conjuntas de Estados Unidos, confesó que no disponían del equipo para la tarea de detener la hemorragia del pozo afectado, ya que “la mejor tecnología en el mundo se encuentra en la industria petrolera”. ¿Donde está, entonces, tal tecnología? ¿Se puede seguir perforando y extrayendo alocadamente petróleo cuando se carece de tal tecnología?

Resulta azorante que el mayor ejército del mundo, el de Estados Unidos –con un presupuesto anual de 1 millón de millones de dólares (1 trillón en anglosajón)–, cuya principal tarea es destruir lo ajeno, no cuente con la capacidad técnica ni filosófica para reparar los daños ambientales catastróficos en su propio suelo.

El centro de pensamiento estratégico europeo de Defensa comenta que “el drama pone cada día en evidencia la crisis misma de la autoridad política y de la renuncia de esta autoridad para el beneficio de las potencias del dinero”.

Conclusión

Cuando los gobiernos en el mundo –con mayor ahínco los de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos políticos siguen siendo muy bien lubricados por el “cabildeo” de las petroleras anglosajonas y texanas– han claudicado a defender el medio ambiente y los intereses superiores de sus gobernados, resulta imperativo que los ciudadanos tomen riendas en el asunto en forma creativa: si no liquidan el libertinaje de las trasnacionales, en especial, las petroleras, van a acabar liquidando el medio ambiente, los nichos ecológicos y la riqueza de la fauna y la flora, además de perjudicar gravemente los intereses de los indefensos habitantes.

No sería una mala idea, como medida de alerta de sanidad pública, anunciar anualmente la lista negra de las 10 principales depredadoras globales, para que los ciudadanos del mundo escudriñen sus actividades estrechamente y obliguen a sus gobiernos a tomar las medidas precautorias.

Así como existe el Tribunal Penal Internacional, los ciudadanos del planeta deben promover la creación de un tribunal ambiental global que por necesidad sería tanto penal como civil. Éste regularía la actividad petrolera que, por lo visto, no puede ser un asunto particular ni motivo para el libertinaje de una ideología barbárica, la neoliberal, que solamente busca el lucro sin importarle un comino el medio ambiente ni el destino de los humanos.

Alfredo Jalife-Rahme