Antes de que anunciara abruptamente su salida de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) –a cuatro días de que venciera el plazo para nombrar a su nuevo presidente–, Héctor Osuna Jaime ya había aprovechado su cargo como presidente para destinar 63 millones 460 mil 789 pesos a costosas “asesorías” y “estudios” en los cuatro años que duró su gestión.

A decir de Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, muchos de los contratos fueron entregados de forma “discrecional”. Entre quienes se beneficiaron con ellos, figuran dos servidores públicos en activo, Pedro Francisco Guerra Morales y Raúl Marín Durán, los cuales no suspendieron sus actividades para atender el llamado de Osuna Jaime.

Al primero le fue otorgado, en julio de 2006, un contrato por 195 mil 500 pesos por sus servicios de asesoría en la elaboración del anteproyecto del Reglamento Interior de la Cofetel, de acuerdo con información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del órgano regulador. El asesoramiento duró tres meses, durante los cuales Guerra Morales continuó en su cargo como director general adjunto del área de Telecomunicaciones Rurales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces encabezada por Luis Téllez Kuenzler.

Anteriormente, Morales Guerra había trabajado también dentro de la Cofetel y fue responsable de autorizar a WL Comunicaciones, SA de CV, una tercera prórroga para que la empresa de origen español contara con los 100 millones de pesos que requería para iniciar la operación de la red de fibra óptica, propiedad de la extinta compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo con el reportaje “El lucro, origen del conflicto entre el SME y Calderón”, de Rosalía Vergara, publicado en el semanario Proceso el 17 de octubre de 2009.

A Raúl Marín Durán, quien figura en el directorio de la Cofetel como coordinador general de Comunicación Social, le fue adjudicado el contrato CFT/CGA/CGCS/AD/018/07 para la realización, difusión y presentación del informe de actividades del pleno de la Cofetel. De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento Interno del organismo, ésas son atribuciones precisamente del área encabezada por Marín Durán; no obstante, Osuna Jaime prefirió contratar a su propio vocero y pagarle 239 mil 890 pesos por realizar un trabajo que está obligado a hacer.

Durante el tiempo que duró el contrato (23 de julio al 28 de agosto de 2007), Marín Durán no interrumpió sus labores como empleado de la Cofetel, como lo comprueba la gaceta informativa del organismo correspondiente al bimestre julio-agosto de 2007, en cuyo directorio figura su actual vocero, quien además es hermano del exsenador panista Francisco Marín Durán.

De acuerdo con la información del POT, ambas contrataciones fueron hechas directamente por el presidente de la Cofetel, con lo que Osuna Jaime habría contravenido a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la que se señala que quienes detenten un cargo público deben “abstenerse de celebrar o autorizar contratos relacionados con la prestación de servicios de cualquier naturaleza con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Polémicas contrataciones

Osuna Jaime también contrató al excomisionado de la Cofetel Enrique Melrose Aguilar para que hiciera el análisis técnico-económico del Programa de Licitación del Espectro Radioeléctrico, señalado como el programa más importante del sexenio, por la cantidad de espectro disponible tanto para servicios móviles como fijos y cuya subasta sigue pendiente tras la salida de Osuna Jaime del organismo regulador.

Melrose Aguilar fungió como comisionado de la Cofetel cuando el organismo era presidido por Javier Lozano Alarcón, ahora titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente, Melrose Aguilar es socio de la firma de consultoría en telecomunicaciones de Lozano Alarcón.

En 1998, cuando Melrose Aguilar y Lozano Alarcón formaban parte del pleno de la Cofetel, el organismo autorizó a la empresa de telefonía móvil Unefon una prórroga para el pago que adeudaba como contraprestación a la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico, aun cuando la Cofetel no tenía facultades para otorgar dicho aplazamiento.

Unefon –entonces propiedad del empresario Moisés Saba, fallecido en enero pasado– terminó alegando la falta de competencia del órgano regulador y tras el fallo en abril de 2006 del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa a favor de Unefon, el Estado mexicano tuvo que pagar 546 millones de pesos a la empresa, ahora en manos de Ricardo Salinas Pliego.

Más de una década después de que Melrose Aguilar formara parte del pleno que favoreció a Unefon, la Cofetel contrató sus servicios en febrero de 2009, por los que el excomisionado recibió 358 mil 292 pesos. El 13 de mayo pasado, a poco más de un mes de que concluyera su gestión como presidente, Osuna Jaime llamó de nueva cuenta a Melrose Aguilar para que formara parte del Consejo Consultivo de la Cofetel, instrumento que, tras nueve años de haber desaparecido, fue reactivado e integrado “discrecionalmente” por el excomisionado presidente, a decir de Sosa Plata.

Mientras que Melrose Aguilar se encargó de la parte técnica y económica, el análisis jurídico de la licitación del espectro radioeléctrico le fue encomendado al abogado Fauzi Hamdan Amad a cambio de un pago de 396 mil 750 pesos. Hamdan Amad fue senador por el Partido Acción Nacional de 2000 a 2006, y estuvo entre los legisladores que apoyaron las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, modificaciones que fueron conocidas como Ley Televisa por su orientación favorable a los intereses de las dos principales televisoras del país.

Hamdan Amad, actual rector de la Escuela Libre de Derecho, tuvo como compañeros de bancada a su amigo Diego Fernández de Cevallos y a Osuna Jaime, con quienes también coincidió en su opinión favorable a la Ley Televisa. Sin embargo, fue Osuna Jaime, entonces presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado, quien figuró como uno de los principales impulsores de las modificaciones legales con las que se pretendía favorecer la entrega del espectro digital de frecuencias a Televisa y TV Azteca.

Osuna Jaime ha sido reiteradamente señalado como defensor de los intereses del grupo Televisa; incluso se consideró que su entrada a la Cofetel era un “premio” por haber operado desde el Senado la aprobación de las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, como lo consignó el periodista Jenaro Villamil en su artículo “La ‘Ley Televisa’, crónica de una imposición”, que forma parte del libro Ley Televisa y la lucha por el poder en México, compilado por Javier Esteinou Madrid. Villamil señala, tajante, que la propuesta de Osuna Jaime como comisionado de la Cofetel “fue pactada en Los Pinos y en Televisa”.

Millonarias contrataciones

Desde la presidencia de la Cofetel, Osuna Jaime recurrió a Federico González Luna Bueno para que lo asesorara en la elaboración de un proyecto de reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones, servicio por el que González Luna Bueno recibió 517 mil 500 pesos. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, él estuvo encargado de la Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión en la SCT.

Antonio Cuéllar Steffan y Lucio Adame Salas también fueron contratados por el órgano regulador durante la gestión de Osuna Jaime. Al primero se le pagó 1 millón 6 mil 250 pesos por servicios de asesoría jurídica, procesal y constitucional respecto del seguimiento de los procesos de licitación de fibra óptica y del espectro radioeléctrico. Adame Salas fue requerido en tres ocasiones para trabajos de consultoría sobre trámites y gestiones en materia de telecomunicaciones ante organismos internacionales, principalmente ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sus servicios costaron a la Cofetel 1 millón 609 mil 175 pesos.

Entre las empresas contratadas durante el cuatrienio de Osuna Jaime, destaca Frontier Economics Limited, debido a que en 2006 se requirió de sus servicios para la elaboración del soporte técnico que establece los precios tope de los servicios de la empresa Teléfonos de México (Telmex). Aunque fue llamado para fungir como el “tercero en discordia”, es decir el que debía conceder su voto de calidad a favor de Cofetel o de Telmex, no logró establecer una opinión mayoritaria, de modo que fue la Cofetel la encargada de establecer los parámetros requeridos. No obstante, Frontier Economics Limited cobró a la Cofetel 1 millón 90 mil 936 pesos por sus servicios.

Otras empresas contratadas por Osuna Jaime, todas a través de procesos de adjudicación directa, fueron Lattice Telecomunicaciones Personales, SA de CV, por 12 millones 75 mil pesos; Computech, Inc, por 8 millones 701 mil 500 pesos; E-Strategia Consulting Group, SA de CV, por 4 millones 197 mil 505 pesos; Analysis Consulting Limited, por 2 millones 581 mil 290 pesos; Bates Write, LLC, por 2 millones 417 mil 731 pesos; Communications Research Centre Canada, por 1 millón 500 mil pesos; y DMR Consulting, por 1 millón 280 mil 157 pesos.

Gestión polémica pero “mediocre”

Sosa Plata, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, explica que el presidente de la Cofetel tiene amplias atribuciones que lo mismo abarcan la contratación de personal como el establecimiento de la agenda del órgano regulador. Señala que la actuación de Osuna Jaime tuvo visos “autoritarios”, al igual que un uso “discrecional” de sus facultades como presidente, así como de los recursos del organismo.

En contraste, luego de cuatro años de gestión, alcanzó resultados “mediocres” en el ámbito de las telecomunicaciones, pues no consiguió que se consolidara el impulso al sector y sólo logró relacionar su imagen con la confrontación pública.

Y es que desde su llegada a la Cofetel en 2006, Osuna Jaime no estuvo ajeno a la polémica; de hecho, algunos de los casos más controvertidos que ocurrieron en su gestión reforzaron los señalamientos iniciales de que promovía los intereses de la televisora más poderosa del país.

Tal fue el caso del refrendo de concesiones a la empresa MVS Comunicaciones que la Cofetel se negó a autorizar y para lo cual supuestamente se alteraron actas y firmas de los comisionados, de acuerdo con una nota publicada el 2 de diciembre de 2009 en el diario La Jornada. La Cofetel justificó la negativa argumentando que la empresa no había hecho el trámite a tiempo; sin embargo, meses después aceptó una petición similar de la empresa Cablevisión, del grupo Televisa, para que se le prorrogara la concesión del canal 46.

A finales del año pasado, Telmex acusó a Osuna Jaime de favoritismo hacia la compañía de capital español Telefónica Movistar, dirigida en México por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. De acuerdo con la nota de Miriam Posada García, fuentes de Telmex señalaron que la Cofetel trataba de beneficiar a Telefónica Movistar al imponer una distribución de las áreas de servicio local que coincidía con la zona de cobertura de la empresa española.

Telefónica Movistar es actualmente socia de Televisa, luego de que el 10 de junio pasado la SCT concedió al llamado “grupo de inversionistas” –integrado por las dos compañías y la empresa de televisión por cable Megacable– la licitación para el uso de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, en un concurso en el que el consorcio fue el único participante.

Otro polémico episodio en la gestión de Osuna Jaime fue el del servicio ilegal de televisión por cable que ofrecía HiTV, operado por TV Azteca. Aun cuando a la empresa de Salinas Pliego le fueron asignados canales exclusivamente para el proceso de digitalización de sus señales análogas, el empresario los utilizó para la trasmisión de 20 canales digitales.

Aunque al principio los comisionados de la Cofetel habían desautorizado el servicio y recomendaban que TV Azteca fuera sancionada por incurrir en una conducta ilegal, cuatro de los cinco comisionados –incluyendo a Osuna Jaime– se retractaron de su acuerdo anterior.

No obstante, Osuna Jaime aprovechó hasta el último momento para defenderse de las acusaciones de que durante su gestión benefició sólo a algunas grandes empresas, al declarar, durante el anuncio de su renuncia el 23 de junio pasado, que “jamás comprobaron nada”.

En abril pasado, a dos meses de concluir su gestión al frente del órgano regulador, Osuna Jaime nuevamente se vio en el ojo del huracán por el revuelo que causó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), pues fue ampliamente cuestionada su confiabilidad en la protección de datos personales.

Con la controversia que se desató entre Osuna Jaime y las empresas de telefonía móvil por la negativa de éstas a cancelar las líneas de los usuarios que no se habían registrado y la difusión en medios de comunicación de que la base de datos del registro estaba a la venta en Tepito y en internet, el escándalo del Renaut abonó el último escaño de la polémica gestión de Osuna Jaime.

Pero quizás el asunto más espinoso con el que Osuna Jaime tuvo que lidiar durante su encargo fue el de las grabaciones telefónicas dadas a conocer en febrero del año pasado en las que el hasta entonces titular de la SCT, Luis Téllez Kuenzler, aseguraba que el expresidente Carlos Salinas de Gortari se había robado la mitad de la partida secreta. La exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, acusó a Osuna Jaime de haber sido quien le entregó las grabaciones, imputación que éste negó.

Aunque ha sido uno de los casos más controversiales de su gestión, el expresidente de la Cofetel poco ha salido a relucir en los medios de comunicación. En opinión de Sosa Plata, ello se debe a una estrategia deliberada para evitar que su imagen se vincule con el escándalo que implicó, tanto para Téllez Kuenzler como para Carpinteyro, la destitución de sus respectivos cargos públicos.

Cofetel, “borrón y cuenta nueva”

El contexto de ratificación o relevo del presidente de la Cofetel ha realzado la discusión acerca del papel que juega el órgano regulador en la actual administración. En opinión del académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Ramiro Tovar Landa, la Cofetel no ha logrado siquiera reivindicarse como una entidad autónoma, dada la ambigüedad que mantiene con la SCT respecto de las atribuciones que a cada una le corresponde.

El cuestionamiento respecto de la independencia de la Cofetel se nutre también de la actuación de los comisionados, que se conducen en los medios de comunicación como “litigantes”, desestimando las opiniones de los otros comisionados y defendiendo a personajes o grupos en particular. “Ningún comisionado debe estar defendiendo actores cuando se deben mantener al margen de cualquier opinión que se vierta”, señala Tovar Landa.

El especialista en telecomunicaciones considera que tampoco ha habido transparencia en las resoluciones dictadas por el organismo, pues algunos procesos regulatorios se han resuelto sin que las partes conozcan siquiera los fundamentos de las resoluciones.

Tovar Landa considera que la única manera de “rescatar” a la Cofetel y quitarle el estigma que deja a su paso Osuna Jaime es mediante una reforma a su marco legal, que la dote de reglas claras respecto de sus atribuciones y a la rendición de cuentas de la que carece. “En términos coloquiales: borrón y cuenta nueva”, simplifica.

Para Sosa Plata, el “gran mérito” de la gestión de Osuna Jaime es que, gracias a los escándalos que propició, la Cofetel se volvió un asunto importante en la agenda nacional.

“Antes pasaban desapercibidas muchas de sus decisiones, de sus resoluciones, de las políticas, de las licitaciones. Después de la Ley Televisa, se volvió un tema en la agenda nacional y quizá por esta manera en cómo él impulsó la Ley Televisa, cómo llegó, cómo lo impusieron las televisoras y cómo él gestionó y avaló parte de toda esta estrategia, es lo que llevó a que se volteara a ver al órgano regulador y se viera que ahí se toman decisiones importantes”, concluye.

Mayela Sánchez