El proyecto antisocial es antinacional, conduce al desmantelamiento de México y a su anexión a las corporaciones estadunidenses (que incluye a los corporativos de los tres países de América del Norte). Este proyecto neocolonial es viejo y decadente y se opone al proyecto de construcción nacional necesario para el pueblo de México, para centrar la atención en las necesidades del ser humano, y del desarrollo del país, que es viable con los actuales avances científicos y tecnológicos, ya que cada problema cuenta con una solución moderna.

El proyecto antisocial y antinacional busca aumentar sus ganancias, control y dominio de territorios, trabajadores y recursos. Detrás de los acontecimientos actuales, el caos, la violencia, la represión, hay una lógica: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

Mientras más débil y desintegrado esté México y su pueblo, sus sindicatos, organizaciones sociales e instituciones, mejor para el dominio de Washington y los fines de las grandes corporaciones petroleras, mineras, automotrices, de medios de información. También, con el aumento de la producción y consumo de droga, potencian su negocio, embrutecen a la juventud y provocan violencia y miedo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó, el 17 de junio, que en Estados Unidos, Canadá y Europa se quedan con la mayor parte de las ganancias de la venta de droga en el mundo. Allá, el negocio; acá, los muertos. En el colonialismo y el neocolonialismo, siempre se han propiciado los enfrentamientos y matanzas internas para diezmar y controlar a la población. Ya lo decía el invasor Hernán Cortes al rey de España: “Y son tantos en número, que para gobernarles será preciso diezmarles”.

Para el proyecto antisocial de las corporaciones, no existe el factor humano ni los derechos elementales de la clase obrera, el pueblo y ni siquiera de los niños. Lo que cuenta es el negocio y punto, colocando en primer lugar los intereses privados. Despiden a 44 mil electricistas para apropiarse del negocio de la fibra óptica, atacan a los mineros de Cananea por no reconocer sus derechos laborales y la protección de su salud. Luego, tras reprimir la huelga de Cananea (el 6 de junio, mismo día que Porfirio Díaz rompió la huelga en 1906), el Grupo México de Larrea anunció la inversión de 1 mil 400 millones en la mina. ¡Pero en la huelga rechazaron las demandas de los mineros de protección industrial y a la salud!

Larrea, el tercer hombre más rico de México, se negó a rescatar los cuerpos de los mineros y mandó ocupar con la policía la mina Pasta de Conchos; desalojó a los familiares de los 65 mineros muertos para no develar las condiciones en las que se produjo el accidente, imputable a la falta de seguridad con que opera su empresa. Las ganancias ante todo.

“Errores” como éste, por ahorrar gastos en seguridad, ocasionaron que la British Petroleum provocara el derrame de cientos de millones de litros de crudo desde hace más de dos meses, causando el peor desastre ecológico en el Golfo de México. Y Calderón planteaba entregar a las trasnacionales la explotación de nuestro “tesoro” petrolero en alta mar. En ese accidente, murieron 11 obreros; pero, para ellos, los seres humanos no cuentan más que como un costo de producción.

Todo por la ganancia a costa de la vida. La muerte de 49 niños en Hermosillo quedó impune: la Suprema Corte de Justicia avala la subrogación (privatización de las guarderías) y no señala a los responsables, quienes siguen contentos y en sus puestos, disfrutando de total impunidad. No hay un solo responsable en la cárcel.

Esto responde al proyecto antisocial que defiende la idea del privilegio para quien acapara el poder y la riqueza, y el colocar su “derecho” por encima de los pueblos. Pero viola los derechos del pueblo y la más elemental justicia, la Constitución y el concepto fundamental del proyecto social, que prioriza la responsabilidad de la sociedad para responder a las necesidades de sus miembros –en especial de los niños– y que defiende que individuos, colectivos e instituciones tienen el derecho y el deber de desarrollar la sociedad y la atención que dan a sus miembros para un mejor desarrollo humano y, en primer lugar, las guarderías. Los líderes de Atenco sufren el proyecto antisocial: están en la cárcel por defender su pueblo de la desaparición por la instalación del aeropuerto; a Ignacio del Valle le dan 112 años de cárcel. Héctor Galindo, Felipe Álvarez y otros nueve compañeros también sufren largas penas.

El programa pro social se opone a utilizar la fuerza para arreglar los conflictos entre los pueblos y las naciones, y defiende el artículo 89 de la Constitución, que reivindica la no injerencia y que cada pueblo resuelva soberanamente sus problemas, así como la resolución pacífica de los conflictos.

Para el proyecto antisocial, uno de sus negocios más lucrativos es la producción y venta de armas, que fomentan tanto las matanzas en el país como las guerras en el extranjero. En México, ya han muerto 23 mil personas en la “guerra contra el narco”. Quieren que nos unamos a las guerras de Estados Unidos y otras potencias en el extranjero; nos exigen que enviemos a los Cascos Azules, de la Organización de las Naciones Unidas, que han servido a la estrategia de dominación de Estados Unidos sobre el mundo, interviniendo en Afganistán, Líbano, Haití, Kosovo, Congo, Costa de Marfil, Darfur.

A estas tropas intervencionistas se les ha acusado de violar niños y mujeres en Haití y Liberia, lo que ha sido denunciado por Save the Children. Organizaciones humanitarias denunciaron que los Cascos Azules operaban una red de pederastia en República Democrática del Congo y de prostitución en Kosovo. En Bosnia, en 1995, se cruzaron de brazos ante la matanza de 7 mil musulmanes-bosnios; en 2003, se les acusó de torturas en el campo Busnia del Congo; en Haití, han apoyado la invasión de 2004 y reprimido violentamente manifestaciones en 2006 y 2009; el 6 de julio de 2005, dispararon sobre la población en Cité Soleil, barrio periférico de Puerto Príncipe, matando a decenas de inocentes desarmados.

Según el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sólo en el primer año de despliegue de la misión (instalada en junio de 2004), murieron 1 mil 200 personas por actos de violencia.

Pero Pablo Macedo Riba, director general de la ONU, reconoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores está cabildeando para que el Ejército Mexicano intervenga como parte de los Cascos Azules en las “misiones de paz” de las Naciones Unidas; además de que el gobierno de México aporta ya más de 32 millones de dólares anuales para las Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU.

El 11 de junio, el coordinador de la ONU en México, Magdy Martínez Soliman, invitó al gobierno y al Congreso mexicanos a enviar tropas para las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Así que quieren sangre mexicana para las guerras que preparan, y en el colmo de la ignominia, el gobierno de Calderón –quien llevó flores al cementerio de Arlington, donde están enterrados los invasores estadunidenses–, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en sesión presidida por México, votó, apoyando a Estados Unidos en contra de Irán; apoyó al país que tiene el mayor arsenal nuclear y que ha lanzado dos bombas atómicas, contra el país que pretende desarrollo del enriquecimiento del uranio y la generación de combustible nuclear, que se usa también para fines pacíficos.

Calderón ya metió a México a la lógica del Comando Norte y de la estrategia de construcción imperial de Estados Unidos, que incluye el envío de jóvenes mexicanos como carne de cañón para sus guerras, la dominación de nuestra patria y la subordinación como mano de obra sujeta a la esclavitud moderna del pueblo de México y de sus trabajadores. Y recordemos que, en la esclavitud, el amo mata impunemente al esclavo cuando guste, como le sucedió a Anastasio Hernández el 9 de junio en San Diego California.

La Border Patrol mató a cinco mexicanos en 2008, 12 en 2009 y en este año van 17 asesinatos. El proyecto antisocial es antinacional; Calderón y Obama lo han bautizado como Alianza Estratégica.

Para usar el territorio nacional como pasillo del imperio, ya están proponiendo que Estados Unidos haga las revisiones aduanales en México, y la creación de “puertos internos” para el traslado de mercancías a Estados Unidos. Además de que los extranjeros ya pueden entrar a México sólo con la visa de Estados Unidos. Facilitan el flujo de mercancías y capitales, a través de los territorios de los dos países, pero construyen el muro de la muerte y asesinan mexicanos hasta en nuestro territorio, como lo hicieron con el niño Sergio Adrián Hernández de 15 años.

Mientras el gobierno deja pasar esa violación a la soberanía territorial y lleva a cabo el rápido tránsito México-Estados Unidos, permite que el mismo “libre tránsito” sea inexistente en regiones como en Oaxaca, donde un grupo paramilitar bloquea y sitia a todo un pueblo en San Juan Copala, asesina impunemente a múltiples pobladores, a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, miembros de la caravana que llevaba alimentos y medicina. En otras palabras: libertad de tránsito para las corporaciones, no para el pueblo, tal como sucedió con la violación impune de las leyes internacionales en aguas internacionales por Israel contra la Caravana de la Libertad que iba a Palestina. Es la ley del más fuerte contra los pueblos, como las corporaciones mineras, los walmarts, etcétera, que se imponen por doquier.

En el enfrentamiento entre los dos proyectos, la solución y el futuro lo representa el proyecto social que tiene toda la potencialidad, la capacidad y la fuerza para triunfar si el pueblo se une, se organiza y toma el poder en sus manos, impulsando democracia, justicia y paz. Ésa es la tarea. Tomemos acción para concientizar a millones de mexicanos y tomar el destino en nuestras manos.

Pablo Moctezuma Barragán