Autor: Zósimo Camacho
Sección: Portada

26 September 2010

Xayacalan, Ostula, Michoacán. El estrépito de las olas en la playa se confunde con la algarabía de decenas de niños que corren tras un balón. Como un solo rumor, un solo bullicio, el viento trae la algazara y el estruendo del mar hasta la choza donde autoridades agrarias y civiles de Ostula hacen el recuento de su lucha. Hay victorias, pero también sacrificios y pérdidas irreparables. Saben que aún no han ganado su tierra ni la paz. “Pero ya ganamos la organización; pase lo que pase, la autonomía va a continuar”, aseguran.

Uno a uno, líderes de esta comunidad han sido asesinados o desaparecidos de manera forzada: en poco más de un año, Ostula cuenta 12 ejecutados y cuatro levantados. En todos los casos, las agresiones han sido cometidas por grupos de mestizos armados con AK-47 y AR-15. Según la ley vigente en México, todos los fusiles de asalto son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; pero los temibles AK-47 son tan populares entre los grupos del crimen organizado que en este país han sido rebautizados como cuernos de chivo.

Mientras sus padres organizan la resistencia, niños de todas las encargaturas de la comunidad de Ostula juegan futbol en la playa. Los pocos que usan zapatos son conminados a dejarlos fuera de la “cancha” para no estar en ventaja frente a la mayoría descalza. Han improvisado las porterías con bejucos. Por momentos, deben recuperar de las olas el balón de plástico. Ríen despreocupados en una zona que hasta antes de la llegada de la Guardia Comunal y Policía Comunitaria había sido lugar de enfrentamientos y asesinatos. El “lugar de los danzantes con máscara” (significado del topónimo Xayacalan) es la única encargatura de la comunidad de Ostula –e incluso de la costa de Michoacán– libre de delincuencia.

Fuera de este paraje recolonizado por los nahuas, los levantones y las ejecuciones se suceden sin que autoridad alguna contenga a los grupos de hombres armados que recorren los poblados y rancherías de la comunidad en resistencia.

Ahí vienen los narcoparamilitares

La desaparición forzada más reciente se cometió la noche del 29 de junio pasado, unas horas después de que la víctima hubiera acudido a la encargatura de Xayacalan a la celebración de la recuperación de la comunidad de Ostula de más de 1 mil 300 hectáreas que se encontraban en poder de “pequeños propietarios”. Alrededor de las 10 de la noche, un grupo de 11 hombres armados levantó de su casa a Máximo Magno Valladares, en la serrana encargatura de El Potrero, de la que es representante.

Mes y medio antes, el 20 de abril de 2010, un grupo de 22 hombres había sitiado la casa de Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales –la máxima representación agraria de la comunidad ante las autoridades mestizas–. Armados con AK-47, los asaltantes secuestraron al líder de la comunidad de Ostula. No han pedido rescate. Desde entonces, nada se sabe del indígena nahua.

“En esta lucha, muchos vamos a morir; y no quiero que se pongan tristes, porque nuestros hijos y nietos verán el fruto de nuestro sacrificio y sabrán cómo se defienden las tierras comunales”, había dicho Francisco de Asís Manuel en una asamblea comunitaria, algunos días antes de su desaparición forzada. Esas palabras, reproducidas en mantas y carteles, cuelgan en la encargatura de Xayacalan, el epicentro actual de la lucha de la comunidad de Ostula.

A sus 60 años, todos le llamaban Panchito. Pero los hombres mestizos que lo sacaron de su casa el 20 de abril pasado le vociferaban ¡Paco! Llegaron a la encargatura de La Palma Sola en una camioneta con redilas. Pasaban de las 23:30. Le gritaban que saliera, que lo traerían de vuelta en unas horas.

Como la familia no abrió, ocho individuos armados derribaron las puertas. El resto permaneció alrededor del domicilio. Golpearon a los tres hombres y dos mujeres que encontraron al interior de la casa. Preguntaron por armas. Sin que lo pudieran acreditar, dijeron ir “de parte de Mario Álvarez (López) y de Lico (Federico González)”.

El primero fue presidente municipal de Aquila de 2005 a 2007 y es la principal figura del Partido Revolucionario Institucional en la región. El segundo es un supuesto ganadero. Ambos viven en La Placita, la comunidad de “pequeños propietarios” y ejidatarios que disputan más de 1 mil 300 hectáreas a la comunidad de Ostula. Entre las tierras recuperadas por los indígenas nahuas, se encuentran 300 hectáreas que había cercado Mario Álvarez y otras 30 que había ocupado Federico González.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue el tercer desaparecido de manera forzada. Antes de él, el 22 de febrero pasado, habían sido levantados los comuneros Gerardo Vera Orcino y Javier Martínez Robles. Ambos, destacados activistas de la comunidad en lucha por la tierra. Un grupo armado los sacó de la fonda donde almorzaban, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán.

Además de las cuatro desapariciones forzadas, grupos armados han asesinado a 12 comuneros de Ostula desde que esta comunidad instauró su Policía Comunitaria y Guardia Tradicional, y con ellas recuperó 1 mil 300 hectáreas de tierras que les marcan sus títulos primordiales.

Los ejecutados (incluidos dos comuneros de El Coire), hasta la primera mitad de julio, eran Diego Ramírez Domínguez; Simón Pineda Verdía y Simón Pineda, hijo; Erik Nemecio Domínguez; Quintín Réyez; Froylán Medina Álvarez, y Demetrio Álvarez.

Destaca el caso del profesor Diego Ramírez Domínguez, quien además de comunero, uno de los principales interlocutores de la comunidad con las autoridades mestizas y con las organizaciones sociales solidarias con Ostula, era coordinador de la comisión para la recuperación de las tierras invadidas. Fue asesinado el 26 de julio de 2008. Su cuerpo fue encontrado destrozado precisamente en el paraje de Xayacalan, territorio que originó el conflicto de Ostula con los “pequeños propietarios”.

Sin embargo, en las últimas semanas las agresiones contra la comunidad se han intensificado. El 17 de julio pasado, Humberto Santos Valladares fue asesinado en la carretera federal; el día 19 del mismo mes, Roberto Arceo fue baleado también en la carretera; ocho días después, el 27, fueron asesinados Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; y una semana después, el 3 agosto, fue asesinado José Martínez Ramos. Todos eran nahuas de la costa michoacana.

Pero los grupos armados no sólo cometen asesinatos y levantones contra la comunidad en resistencia. También realizan incursiones de manera intempestiva en las calles y parajes de la comunidad. El 7 de mayo pasado, más de 150 personas, armadas con AK-47 y perfectamente pertrechadas, ingresaron a la comunidad de Ostula a repartir “propaganda”. Después tomaron la carretera federal y llegaron a la vecina comunidad El Coire –la cual, junto con la de Pomaro, ambas nahuas, son solidarias de la lucha de Ostula–. Ahí intentaron asesinar al suplente del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de El Coire, Valentín Álvarez Medina.

—Acababa de salir de mi casa. Me encontraba en un lugar donde rentan computadoras porque quería revisar mi correo. Yo los vi pasar, pero no me imaginé que iban a mi casa. Mi esposa tampoco estaba en la casa, pues había salido a la tienda. Los pistoleros llegaron y torturaron a mis hijos. Les preguntaban por mí y les ponían los cuernos de chivo en sus cabecitas y en sus pechos.

—Cuántos años tienen tus hijos.

—Uno, nueve años; otro, seis, y otro, cuatro –dice el joven líder nahua, quien por las amenazas debió exiliarse de la región.

Como líder de El Coire, detuvo la entrada del Programa de Certificación de Bienes Comunales en su comunidad y, en apoyo a la de Ostula, encabezó a un grupo de la Policía Comunitaria.

El mensaje impreso que los pistoleros dejaron en las comunidades nahuas el 7 de mayo pasado fue: “Nosotros somos a los que ustedes llaman ‘los de La Placita’. Queremos deslindarnos de hechos que también a nosotros nos indignan, como el secuestro de su comisariado (Francisco de Asís, por quien no se ha pedido rescate). Nuestra lucha no es por la tierra sino por el territorio. Queremos protegerlos de nuevos ataques por parte de otros grupos”.

El grupo salió de nuevo a la carretera federal sin que fuera “detectado” por ninguna de las corporaciones policiacas y castrenses desplegadas en la zona. Los comuneros de Ostula afirman que los agresores eran de La Placita, poblado mestizo vecino donde vive la mayoría de los “pequeños propietarios” con los que mantienen la disputa de las tierras.

El 27 de agosto pasado, “el cártel” regresó. Entraron ostentando sus AK-47 hasta la tenencia o cabecera de Santa María Ostula. Dijeron que llevaban flores a la virgen. Ni siquiera se cubrieron el rostro. Llegaron en seis camionetas. Algunos pobladores realizaron llamadas a los cuarteles de la Marina, pero “nunca nadie llegó; y luego agarraron la carretera federal sin que fueran detenidos por alguien”, se quejan los nahuas.

José Guadalupe de Asís Alejo, hijo del presidente de Bienes Comunales desaparecido, señala: “Lo que quieren es que aflojemos en la lucha. Pero no vamos a aflojar, así nos maten a más. Lo que está pasando ahorita es muy delicado. No tenemos representante agrario y el gobierno se está encajando. Pero la comunidad está en pie de lucha”.

Ahí vienen los marinos… y la DEA

Y es que las incursiones armadas a las encargaturas y tenencia de Ostula no sólo son obra de los grupos armados ilegales, sino de las corporaciones policiacas y militares del Estado mexicano. Tres días antes de la incursión de los paramilitares, el 4 de mayo de 2010, en un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Policía Federal, alrededor de 900 efectivos cercaron la tenencia de Santa María Ostula. Los uniformados dijeron buscar armas. No las encontraron y no hubo detenidos.

No fue la primera vez que fuerzas castrenses intentaran “desarmar” a los nahuas. A mediados de julio de 2009, alrededor de 11 efectivos de la Marina Armada de México ingresaron intempestivamente a la encargatura de Xayacalan y desarmaron a ocho integrantes de la Guardia Comunal que defiende esas tierras. Cuando los marinos intentaban salir, se encontraron rodeados por más de 200 integrantes de la misma Guardia y de la Policía Comunitaria de Ostula. Las negociaciones duraron poco más de media hora.

“El camino de salida es libre, almirante; pero regresen lo que nos quitaron. Si no, no hay salida; nosotros nunca hemos agredido a nadie; lo que hacemos es defender a nuestra gente y nuestras tierras”, habría dicho el entonces encargado de la seguridad en Xayacalan, J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, un aguerrido comunero de 73 años de edad. Los marinos tuvieron que devolver las armas que, dicen los nahuas, son herramientas de trabajo y escopetas de calibre 22.

Camisola desabotonada y remangada, huaraches de tres agujeros (“no aguanto los zapatos”), sombrero de palma, campesino resuelto, J Trinidad fue de los primeros impulsores en la comunidad de la reactivación de la Policía Comunitaria y de la Guardia Comunal. Encabezó la recuperación de las tierras de Xayacalan, donde ya se encontraban los “pequeños propietarios” lotificando decenas de hectáreas de playa y de monte selvático.

—¿La “J”, don Trinidad, es de José o de Juan?

—No, así me llamo. Ése es mi primer nombre, “J” –explica con seriedad–. No sé qué pasaría: si mi padre me quería poner un José o un Juan, pues ya no se le hizo. Siempre he sido J Trinidad; así dice mi acta (de nacimiento)… ¡Imagínese! ¡Y luego me llega un papel del gobierno donde me dice: “C J”! –señala, festivo, antes de romper en risas.

Pero los marinos también realizan “censos” entre los campesinos. A cada encargatura llegan a preguntar el número de hombres, mujeres, niños, tiendas, herramientas de trabajo. “Sólo unos cuantos despistados de una encargatura les han contestado; y eso porque nos agarraron descuidados. Ya se resolvió en la asamblea que no les vamos a decir nada”, señala la voz cascada de J Trinidad.

El pasado 2 de agosto, los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, de la encargatura El Dúin, y Arnoldo Robles Luna, de la tenencia de Ostula, fueron detenidos por efectivos de la Armada. El comunicado 197/2010 de la Secretaría de Marina dice que los campesinos fueron detenidos en la carretera federal costera cuando viajaban en una camioneta tipo pick up y luego de que ignoraran el alto que les marcaron los marinos. El boletín de prensa agrega que a los campesinos se les aseguraron dos AK-47, un revólver 38 súper, diversos cargadores y municiones, y “pantalones tipo militar”.

Los habitantes de Ostula refieren una versión distinta. Señalan que Ramírez Cirino y Robles Luna fueron detenidos en sus domicilios sin que existieran órdenes de aprehensión. Aseguran que los efectivos castrenses registraron sus casas y que al primero les sustrajeron 6 mil pesos. Además, que los marinos les sembraron las armas. También señalan que esos domicilios no fueron los únicos allanados: que de la casa de Semeí Verdía sustrajeron 12 mil pesos, aunque al campesino no lo detuvieron, pues no lo hallaron en su domicilio. Agregan que los marinos eran acompañados de “personas extranjeras que usaban chalecos que decían DEA”.

La Marina Armada de México, a través de la X Zona Naval Militar con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas, ha anunciado la construcción de tres cuarteles en la costa nahua: en Maruata, La Placita y La Tupitina; además, se construirán dos aeropistas: una en Caleta de Campos y otra en Maruata.

Dividir a la comunidad

En los últimos operativos y en los recorridos por las encargaturas, los marinos dicen a quienes quieran escucharlos que la persona que los está “denunciando” es Trinidad Verdía Zepeda, jefe de Tenencia Municipal, una de las máximas autoridades de la comunidad. Los campesinos consideran que la difamación es parte de la estrategia “contrainsurgente” que se aplica sobre Ostula. El objetivo sería sembrar división en una comunidad que expulsó a todos los partidos políticos y que por consenso reactivó la Policía Comunitaria y la Guardia Comunal.

El líder de 28 años de edad también ha tenido que salir de la comunidad y ha debido mantenerse oculto por las amenazas que pesan en su contra.

—No me agüito; no me preocupo por mí. Yo sé que la vida no la tenemos comprada –dice, mientras entrelaza las manos. Baja el tono de su voz y agrega pausadamente:

—No tengo miedo; lo que sí tengo es coraje, rabia, tristeza. Eso siento. No nos hacen justicia a los indígenas. Pero miedo, ya no. Ya sabemos que no somos inmortales, que a cada santo se le llega su día. Pa’ qué tener miedo, si una vez te va a tocar y ya ni modo.

Llama a los grupos armados que los acosan a que los dejen en paz.

—No sabemos por qué se está metiendo el narcotráfico. A nosotros no nos interesa la droga. Nos interesan nuestras tierras y nuestra gente. Tal vez con nuestra organización de autonomía y recuperación de tierras los afectamos en algo; pero nuestro problema eran los pequeños propietarios nada más. No teníamos ni idea que se iban a meter los narcos.
Ostula, autonomía histórica

Formalmente, Ostula pertenece al municipio de Aquila. Sin embargo, la comunidad nahua ha mantenido formas de gobierno y estructuras propias que le han permitido vivir con relativa autonomía desde la Colonia. Junto con las también comunidades de Pomaro y El Coire, se ha resistido por siglos a la expropiación de sus tierras. En el siglo XIX, fue un dique en la región a las leyes de desamortización, las cuales sí terminaron con la vecina comunidad indígena de Maquilí: la tierra comunal fue privatizada y los indígenas que se opusieron fueron exterminados.

Actualmente, la comunidad de Ostula está integrada por una tenencia o cabecera (Santa María Ostula) y 22 encargaturas o poblados dependientes. Se trata de un territorio de aproximadamente 20 kilómetros de playa y 24 mil hectáreas de sierra de selva tropical, selva caducifolia y bosque de coníferas: playas apacibles y montes húmedos y abigarrados.

La máxima autoridad es la Asamblea General de Gobierno, compuesta por los más de 585 comuneros enlistados en el padrón y por los hijos de éstos, es decir, por prácticamente todos los mayores de edad: alrededor de 2 mil personas. Mediante esta asamblea, designan a sus autoridades agrarias, civiles y religiosas.

Los cargos de las autoridades agrarias son: Comisariado de Bienes Comunales (presidente, secretario y tesorero) y Consejo de Vigilancia (presidente, secretario y tesorero). Los de las civiles son un jefe de Tenencia (o cabecera) y 22 jefes de encargaturas (o poblados). Las autoridades religiosas son cuatro jueces tradicionales, quienes se encargan del culto. A la reunión de los tres tipos de autoridades más delegados de cada encargatura y los mayores de la comunidad (en total 144 integrantes) se le llama Consejo Comunal.

La Policía Comunitaria fue nombrada por la Asamblea Comunitaria. Está integrada por 400 habitantes de las 23 encargaturas y la tenencia. La Guardia

Comunal está compuesta por 150 personas y es parte de la propia Policía Comunitaria.

Desde el 29 de junio de 2009, la comunidad de Ostula ocupa casi la totalidad de lo que indican sus títulos primordiales, cuando mediante su Guardia Comunal y Policía Comunitaria ocupó el paraje de Xayacalan y montes circundantes: 1 mil 300 hectáreas que ya lotificaban y vendían grupos de mestizos avecindados en el poblado La Placita.

El conflicto agrario

En la costa de Michoacán, sólo existía la propiedad comunal, la de los pueblos nahuas de Pomaro, El Coire, Ostula, Maquilí y Aquila. El conflicto con los “pequeños propietarios” se sembró en 1911, cuando un embate contra la propiedad de los pueblos indígenas acabó con la comunidad de Maquilí. Las tierras de esta comunidad se privatizaron y con ello dieron origen a cinco “pequeñas propiedades” y, más tarde, a un ejido de mestizos en la región. Ahora son estos propietarios quienes disputan parte de las tierras de Ostula y reclaman más hectáreas para sí.

En 1953, el Departamento Agrario (antecedente de la actual Secretaría de la

Reforma Agraria) inició los trabajos técnicos para titular las tierras de la comunidad de Ostula. El reconocimiento de las tierras sería total. Sin embargo, de manera abrupta, se cancelaron esos trabajos. Tres años después se realizaron nuevas “mediciones” y el gobierno “reconoció” cinco pequeñas propiedades dentro del polígono comunal que marcan los títulos primordiales de Ostula, a la que sólo se le reconocieron 19 mil 24 hectáreas.

—La resolución se hizo de manera deficiente: las distancias, los rumbos, las medidas en general que contiene la resolución, y que también están contenidas en el acta de posesión y deslinde, y en el plano definitivo, no coinciden con la realidad. Al momento en que se intenta realizar una medición de campo con los datos de esta resolución, es imposible construir un plano –explica el abogado Carlos González García, representante de la comunidad de Ostula ante los tribunales agrarios.

El defensor agrega: “Si intentamos reconstruir el plano de la comunidad con esos datos y partimos del Océano Pacífico, toda la parte de la sierra queda fuera. Y si intentamos reconstruir el plano iniciando por la parte Norte de la montaña, toda la costa queda fuera de la resolución. Sobre la base de esta resolución defectuosa, los ‘pequeños propietarios’ y las personas a su sueldo fueron invadiendo las tierras de comunidad”.

Pero no fue todo. Luego de que las autoridades cercenaran tierras de la comunidad de Ostula para entregárselas a los “pequeños propietarios”, los particulares siguieron ampliándose. Más de 1 mil hectáreas ocuparon de facto en los años siguientes. Y el conflicto siguió creciendo, pues los primeros cinco “pequeños propietarios” vendieron las tierras recién ocupadas a otros particulares. Para justificar la posesión, explotaron las tierras: cultivaron palmeras y tamarindo.

Carlos González destaca que, cuando la comunidad decidió recuperar sus tierras el 29 de junio de 2009, sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial y no hasta donde señalan sus títulos primordiales

—Aun cuando sabe que los títulos primordiales le otorgan la propiedad hasta el paraje Las Majaguas, la comunidad de Ostula sólo recuperó hasta donde marca la resolución presidencial, es decir, hasta La Cananguancera o Estación 149. Lo anterior con el objetivo de que el problema no escale, no se haga mayor.

Las tierras que la comunidad recuperó no sólo estaban en posesión de los pequeños propietarios, sino también de un ejido: La Placita. En 1967, el gobierno federal había “dotado” de tierras a los mestizos asentados en la costa michoacana.

Hasta el momento, y luego de las movilizaciones de la comunidad de Ostula, el Tribunal Superior Agrario ha ordenado al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Colima, realizar un nuevo plano.

—Adicionalmente a este trámite judicial que se lleva en los tribunales agrarios, se inició un proceso conciliatorio ante la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar que, a través del Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), el gobierno federal entregue una especie de indemnización a los pequeños propietarios. De ese modo, el juicio ya no continuaría –explica el abogado Carlos González García.

Los nahuas no entienden por qué puede haber alguien que les dispute las tierras de las cuales conservan los títulos primordiales. Voz ronca y apagada, Magdaleno Jerónimo Reyes manotea sobre los planos de la comunidad.

—No es mentira lo que nosotros decimos. A’i está el plano. Y nosotros vamos a reconocer hasta ‘onde diga el plano. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Nosotros estamos cuidando. Y nuestros hijos van a estar cuidando –termina casi en grito el campesino de 67 años.

El Manifiesto de Ostula

A principios de junio de 2009, los ejidatarios y los “pequeños propietarios” de La Placita ya habían ingresado al predio de Xayacalan y habían comenzado a regalar lotes a quienes quisieran unírseles contra la comunidad de Ostula. Al sentirse engañados por los gobiernos federal y estatal y despojados por los pudientes de La Placita, “el coraje y la rabia” fueron más grandes que el miedo.

Así, en asamblea decidieron nombrar a la Policía Comunitaria y a la Guardia Comunal. Y acordaron recuperar sus tierras. El 14 de junio de 2009, en la XXV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, nueve comunidades nahuas, siete purépechas, cuatro wixaritari, cuatro rarámuri, una hñahñü, una binnizá, una coca, una tzeltal y una nu’saavi respaldaron la decisión de la comunidad de Ostula y emitieron un manifiesto.

En el documento, los pueblos indios firmantes desconocieron las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes federales que atentan contra la propiedad comunal. Y señalaron que sólo reconocían como Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México a los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en San Andrés Larráizar (o Sakamchén de los Pobres, como le llaman los tzotziles).

“Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, no se vende: con la vida se defiende.

“Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación, por la vía de los hechos, de las tierras que les pertenecen. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos los pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña a estar alertas y en permanente comunicación.”

Además, los mismos pueblos emitieron el Manifiesto por el derecho a la autodefensa. En el documento se señala: “Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, nuestros pueblos, tribus o naciones, así como las comunidades que los integran tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, para organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y territorios”.
El miedo

—En la Asamblea, decidimos que cero partidos políticos. Un día antes de que recuperáramos las tierras, reafirmamos que nada de partidos políticos, que ya no los íbamos a volver a aceptar. Y es que, además, no los necesitamos. Al contrario, nos dimos cuenta que si los hubiéramos aceptado, ellos nos hubieran desbaratado todo –dice Trinidad Verdía Zepeda.

Agrega: “No necesitamos partidos; todos somos la comunidad de Ostula. Así cambiamos la historia de Ostula y sacamos a nuestras autoridades por unanimidad”.

Evaristo Domínguez Ramos, integrante del Consejo Comunal dice que, junto con los partidos, se fue el miedo.

—Antes sí teníamos miedo. Por eso no nos decidíamos a recuperar las tierras. Ahorita ya se nos acabó el miedo, aunque estén desapareciendo a nuestros compañeros. Por miedo, le creíamos al gobierno. Pero cuando ya el engaño fue mucho y vimos que la razón se la dio a los invasores, pues como que el miedo se transformó en coraje. Nos armamos de valor y vinimos a recuperar las tierras.

A decir de los comuneros, el intento de “despojo” de tierras contra los nahuas de Ostula podría deberse a que la comunidad está en contra del plan turístico que impulsan los gobiernos federal y estatal. El objetivo es detonar la inversión extranjera en la zona y construir una autopista que vincule los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

—Los “pequeños propietarios” de La Placita ya han dicho que si ellos se quedan con la tierra, no habrá problema para el desarrollo turístico. Mientras, las comunidades de Ostula, El Coire y Pomaro representan un obstáculo para el gran capital. Las comunidades indígenas no van a vender los más de 100 kilómetros de playas que poseen entre las tres.

El Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán fue presentado en febrero de 2006. Está a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Entre las “debilidades” que señala el documento ejecutivo del proyecto, se encuentran “los procesos de toma de decisión lentos en las comunidades nahuas” y el “bajo nivel educativo general y poca capacitación específicamente turística”.
El encargo

La luz se ha disipado por completo. Los planos del territorio de Ostula, extendidos en una mesa desvencijada, son repasados una y otra vez –lámpara de pilas en mano– por los campesinos nahuas.

Magdaleno Jerónimo Reyes, de 67 años, casi grita para hacerse escuchar. Aparta su sombrero de palma con una mano; con la otra sostiene un cigarrillo.

—No es mentira lo que decimos. Vea. Fíjese en el plano. Sobre el plano nos vamos a ir. Y hasta donde dice el plano, hasta ahí vamos a reconocer. Esto nos dejaron nuestros abuelos mayores. Ellos cuidaron. Los estamos cuidando nosotros. Y los hijos lo van a seguir cuidando.