El gobierno de Felipe Calderón tomó tal determinación ante las quejas de senadores, diputados, políticos y servidores públicos que han sido investigados por la UIF y en cuyos expedientes financieros personales y familiares se encontraron irregularidades en el manejo de recursos, como enriquecimientos inexplicables, cuantiosos depósitos y retiros en efectivo, transferencias millonarias a instituciones extranjeras, evasión de impuestos, blanqueo de capitales y corrupción.

Un presidente debilitado como Calderón, a quien critican hasta los mismos miembros de su gabinete y sus correligionarios del Partido Acción Nacional (PAN), cedió fácilmente a presiones legislativas para eliminar ese órgano de inteligencia y desaparecer sus funciones, que hasta ahora desempeñaba desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para darle juego a una corrupta PGR que sólo se ha encargado de hacer un show mediático de sus procesos de investigación y que le ha valido la desconfianza de la población.

Nos enteramos la semana pasada por la reportera Leticia Robles, de El Universal, en una pequeña nota perdida en páginas interiores, que la petición de eliminar la UIF de la Secretaría de Hacienda habría provenido de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante lo cual el gobierno de Calderón de inmediato se aplicó para atender la queja de los legisladores y enviar una propuesta al Congreso.

El trabajo de la reportera explica que la UIF sería eliminada y sus funciones, a medio gas, serían ahora asumidas por una unidad creada en la Siedo: “Auxiliará directamente a la unidad especializada encargada de la persecución e investigación de los delitos (…) contará con oficiales ministeriales y personal especializado en las materias relacionadas con el objeto de la presente ley y estará adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada”, señala el documento.

El líder del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones, de inmediato se pronunció al respecto y dijo que la bancada priista “está buscando que nos garanticen que ésta será una fiscalía especial que se encargue del combate a la corrupción y que, dentro de la misma, existan las facultades para abatir el lavado de dinero”.

Antes de su extinción, la UIF logró reunir cientos de expedientes de políticos clasificados como “personas políticamente expuestas”, que no es otra cosa más que cuidar que en las campañas políticas se vigilara a los aspirantes de todos los partidos políticos a puestos de elección popular para evitar que dinero sucio o, mejor dicho, proveniente del narcotráfico fuera utilizado para financiar dichas campañas.

Es muy extraño que ahora Calderón, quien se ha encargado de abrumarnos con su supuesta guerra en contra del crimen organizado, decida, meses antes de que entremos en importantes procesos electorales en 2011 y que culminarán en 2012 con las campañas por la Presidencia de la República, eliminar un órgano de inteligencia que tenía perfectamente monitoreados los movimientos financieros de esas miles de “personas políticamente expuestas” y muchas de las cuales les encontró manejos poco claros de dinero que hasta la fecha no han podido comprobar.

En esta columna, hemos dado cuenta de algunos de esos expedientes financieros confidenciales y donde aparecen militantes de las principales fuerzas políticas: PRI, PAN, PRD y Partido del Trabajo.

¿Alguien entiende por qué entonces se le ocurre a Calderón –en su tercer y último periodo de gobierno– que la UIF es un órgano de inteligencia inservible que debe cerrarse en Hacienda y crear otro en la corrupta PGR?

Dicha UIF fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, el lavado de dinero, los fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.

En el portal de la propia Secretaría de Hacienda, se explica que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la UIF en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.

Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.

El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional.

Miguel Badillo