Cesan a contralor Meza Zapata del Centro Nacional de Inteligencia

En esta columna habíamos publicado que Meza Zapata se había convertido en uno de los funcionarios más longevos del Cisen y que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República serían cinco presidentes y 10 directores generales de ese Centro a quienes se había impuesto el contralor sin poder ser removido del cargo, debido a la información confidencial sobre abusos y corrupción que había acumulado durante más de 2 décadas.

Después de publicar hace 3 semanas en Oficio de papel (https://bit.ly/2U1o9WR ) que Meza Zapata había guardado silencio sobre el espionaje político y el desvío de recursos públicos en el principal órgano de inteligencia del país, en un acuerdo entre el director general del CNI, general Audomaro, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se acordó remover al contralor y sustituirlo en el cargo por una mujer “honesta y responsable”.

En los 21 años que Meza Zapata ocupó la Contraloría Interna, ese centro de investigación vivió sus peores años desde que fue fundado el 13 de febrero de 1989, tanto por los abusos cometidos desde sus oficinas como por las violaciones constantes a los derechos humanos (incluidas aquí las escuchas ilegales), sin descontar el despilfarro de recursos públicos, los elevados salarios de hasta 250 mil pesos mensuales para cada uno de los 41 directivos, opacidad en el gasto, tráfico y venta de expedientes, venta de equipos de espionaje, colusión con gobiernos estatales y empresas privadas, persecución y acoso a luchadores sociales, periodistas, empresarios, líderes sindicales y políticos de todas las corrientes.

Meza Zapata asumió la titularidad del OIC del Cisen en el cuarto año de gobierno de Ernesto Zedillo (enero de 1998) y a partir de entonces sobrevivió a cuatro jefes de Estado y 10 directores generales de ese centro de inteligencia.

Los presidentes que avalaron la permanencia de Meza Zapata al frente del OIC fueron Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y fue hasta que López Obrador asumió la Presidencia cuando se autorizó remover del cargo al contralor interno.

3 mil 600 empleados del CNI fuera de la transparencia

Sin embargo, aun falta mucho para transparentar al Centro Nacional de Inteligencia, pues sus 3 mil 600 empleados son “invisibles”: no aparecen en la lista de transparencia salarial –el portal Nómina Transparente– anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretaria de la Función Pública.

¿Cuánto ganan, qué cargos ocupan y quiénes son? Son preguntas que hasta ahora no tienen respuesta en la primera lista de transparencia del nuevo gobierno, el cual para este año va a ejercer un presupuesto público por 2 mil 490.7 millones de pesos para el CNI.

Gobiernos priístas y panistas nos acostumbraron a vivir en la desinformación, con el argumento de que todo era asunto de seguridad nacional, así evitaban que la población tuviera acceso a datos y hechos relevantes de lo que sucedía al interior de la administración pública federal, era sólo por el trabajo de la prensa crítica e independiente como los mexicanos lograban saber algo de las corruptelas, abusos y tráfico de influencias cometidos desde el poder.

En sexenios anteriores, panistas y priístas siempre fueron iguales, ocultaban la información relacionada con la estructura orgánica y los salarios de los trabajadores del entonces llamado Cisen.

Fue esa opacidad en la que se movían la que permitió muchos abusos, como por ejemplo las intervenciones telefónicas, seguimientos y persecuciones ilegales, acosos y amenazas en contra de la población.

También con ese mismo argumento de “proteger la seguridad del país”, los gobiernos evitaban transparentar cómo gastaban el presupuesto asignado a ese órgano de inteligencia; mucho menos hacían públicos los contratos multimillonarios que firmaban con compañías extranjeras para la compra de equipos tecnológicos y software, entre muchos gastos más.

En aras de una verdadera transparencia y rendición de cuentas –porque se trata de servidores públicos que reciben un pago del erario–, en esta columna hemos publicado algunos datos sobre el pésimo manejo de la seguridad nacional del país y la total opacidad y sigilo con que opera, sin descontar la nula información de cómo gastan el dinero público destinado para la defensa del país. Una explicación de ello es que buena parte del dinero era desviado para enriquecer ilícitamente a empresarios y funcionarios responsables de la seguridad nacional.

En ese sentido, aportamos algunos datos adicionales para por lo menos identificar quiénes son los responsables de la toma decisiones sobre la seguridad nacional.

Así, ahora podemos precisar que de las siete coordinaciones generales que tiene el CNI, en cinco de ellas aún se mantienen los mismos funcionarios del antiguo Cisen (de quienes hablaremos en otro espacio) y en sólo dos de ellas, el general Audomaro Martínez Zapata nombró a un militar y un marino con especialidades en seguridad e inteligencia (https://bit.ly/2Vl5iYz ).

El CNI investiga venta ilícita de software malicioso Pegasus

Por cierto, en el CNI se abrió una línea de investigación en contra de exfuncionarios del Cisen que, abusando de su cargo, estarían comercializando el malware conocido como Pegasus entre gobiernos estatales y empresas privadas, lo cual no solamente está prohibido, sino que es ilegal y estarían cometiendo un grave delito penal al vender equipo tecnológico y archivos confidenciales.

El Pegasus es un sofisticado sistema espionaje a través del cual cualquier usuario de telefonía celular o computadora conectada a internet puede ser escuchado y vigilado en tiempo real, sin importar que dichos equipos tecnológicos estén encriptados o hasta apagados.

La venta de este malware Pegasus, diseñado por una empresa israelí, es para uso exclusivo de gobiernos, es decir no se vende a particulares; sin embargo, se tiene información de que exfuncionarios del Cisen estarían ofreciéndolo a empresas y gobiernos locales para espiar, tal y como ocurrió en sexenios anteriores, cuando se utilizó para escuchas ilegales contra políticos de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas.