Autor: Flor Goche

Sección: Sociedad

1 MARZO 2011

En 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 124 quejas relacionadas con presuntas desapariciones forzadas en México. La cifra, la segunda más alta de los gobiernos panistas –en 2001, hubo 137 quejas– se incrementó en 288 por ciento respecto de 2007, el primer año de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y cuando los informes de la Comisión registraron 43.

Las 283 quejas por presuntas desapariciones forzadas, que de 2007 a 2010 reportó la CNDH, contrastan con el cálculo de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), según el cual han desaparecido, al menos, 3 mil personas por razones políticas, trata de personas y “guerra” contra el narcotráfico en el actual gobierno.

Factores como “el miedo a las represalias, el desconocimiento sobre la caracterización del delito y la ausencia de instancias cercanas y confiables a las cuales acudir han ocasionado que muchas familias opten por no denunciar” y, así, que muchas desapariciones forzadas permanezcan en el anonimato, apuntan organizaciones agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Efectivamente, las estadísticas de la CNDH no reflejan con exactitud la magnitud del problema, reconoce Tomás Serrano Pérez, director General del Programa de Presuntos Desaparecidos de esa Comisión. No todas las quejas que llegan a este programa encajan, necesariamente, en el tema de desaparición forzada, delito de lesa humanidad cometido por agentes del Estado o por personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, explica el funcionario.

No obstante, para Santiago Corcuera Cabezut, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el incremento de las quejas por desaparición forzada es una “señal de gravísima alarma”. Demuestra “que hay un grave deterioro en el comportamiento de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley”.

Si Baja California registró 89 quejas en 2010, ¿qué sucederá en otros Estados donde los niveles de violencia son mayores?, se pregunta el exintegrante del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas. Seguramente, en Chihuahua o en Tamaulipas hay muchísimos casos que no se denuncian, concluye Corcuera Cabezut.

Cuestionado sobre la situación actual de la desaparición forzada de personas en México, Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, dice a Contralínea que, en 2010, las desapariciones forzadas presentaron “un incremento sustancial en comparación con 2009”, por lo que en el transcurso de este año emitirán un informe al respecto.

Gobierno mexicano, “amable” pero ineficaz
De las 620 quejas por presuntas desapariciones forzadas que la CNDH recibió durante los últimos 10 años, dos se convirtieron en recomendaciones al gobierno mexicano. Acorde con los criterios del Programa de Presuntos Desaparecidos, solamente en estos casos se pudo comprobar la existencia de hechos violatorios de derechos humanos.

Los restantes 618 casos se siguen investigando, recibieron orientación directa o fueron remitidos al Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, explica Serrano Pérez.

En mayo de 2005, la CNDH emitió la recomendación 9/2005 sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez. En el oficio, dirigido al gobernador de Colima y al procurador General de la República, la CNDH certifica la desaparición forzada de Martínez Dueñas, ocurrida el 30 de junio de 2001 a manos de elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima y de otras nueve personas.

En lo que se refiere a González Medina y a Sánchez Sánchez, la CNDH precisa que si bien no se pudo acreditar fehacientemente la detención de estas personas, los agentes del Ministerio Público encargados de la integración de las averiguaciones previas “omitieron practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados”.

En febrero de 2009, la CNDH envió al secretario de Gobernación, al gobernador de Oaxaca y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez una segunda recomendación. El 24 de mayo de 2007, en el centro de esta entidad, Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), habrían sido detenidos-desaparecidos en un operativo a cargo de policías estatales y elementos del Ejército Mexicano.

La recomendación 7/2009 señala que además de faltar a la verdad, “las autoridades responsables” incurrieron en contradicciones en sus informes y mostraron escaza voluntad para colaborar con la CNDH en la investigación del caso, lo que entorpeció el esclarecimiento de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de los activistas.

—¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades mexicanas a estas recomendaciones?

—La actitud diplomática y amable en nada nos ayuda a resolver un conflicto. Hay una aceptación, quizá hay una voluntad inicial de dar cumplimiento, pero esa voluntad inicial se va perdiendo con el transcurso del tiempo –responde Tomás Serrano Pérez.

A pesar de que el Ejecutivo federal aceptó la recomendación 26/2001, relacionada con las desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Sucia, hasta la fecha, y a pesar de que “diario estamos insistiendo, no nos ha enviado las pruebas del cumplimiento total” de la recomendación, se queja el funcionario.

Aunado a esto, los ministerios públicos, so pretexto de que se “violarían los derechos de terceros”, niegan a los organismos protectores de derechos humanos el acceso a las averiguaciones previas o cualquier información al respecto. Se trata de una “doble barrera” que obstaculiza las investigaciones, asegura Serrano Pérez.

—Ojalá que, en su momento, se pueda tener acceso a la misma [a la investigación ministerial] porque es una parte muy importante, al menos para el área de presuntos desaparecidos. Eso abriría muchas puertas para nosotros.

Casos que conoce la Segob

Durante los gobiernos panistas, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (UPDDH) de la Secretaría de Gobernación (Segob), presidida por Omeheira López Reyna, ha conocido alrededor de 50 casos de presuntas desapariciones forzadas en el país, según el oficio que esta Secretaría envió a Contralínea como respuesta a la petición de entrevista.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Alvarado Reyes, Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Raúl Evangelista Alonso, Roberto González Mosso, Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, Saúl Martínez Galindo, José Nava, Julio “N”, Rolando “N”, Marisela Terrazas Guerrero, Mario Alvarado Campos, Socorro Martínez Galindo, Teresa Nava, Edgar Arturo Aviña Trejo, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Carlos Alberto Lugo Sánchez y de otras 27 personas.

Entre las acciones que, a decir de Gobernación, ha impulsado la UPDDH para prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas, se encuentran el impulso de una ley sobre desaparición forzada de personas; el análisis de propuestas para “determinar la forma, procedimientos y términos para atender la reparación del daño” de los casos ocurridos durante la Guerra Sucia; la instalación del Grupo Interdisciplinario para Prevenir la Desaparición Forzada de Personas, cuyo objetivo es establecer un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno a través de “acciones, mecanismos administrativos y capacitación a los servidores públicos”.

Respecto de la sentencia condenatoria contra el Estado mexicano que el 23 de noviembre de 2009 dictara la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco –líder comunitario detenido-desaparecido en 1974–, la Segob señala que, hasta ahora, “México ha dado cumplimiento a los puntos que corresponden a su publicación”.

Llama la atención que mientras la información proporcionada por la CNDH refiere que durante 2010 esta dependencia recibió 124 quejas por presuntas desapariciones forzadas, la Segob dice que las quejas recibidas por esta Comisión en el transcurso del pasado año fueron 77.

Desaparición de luchadores sociales

Cuestionado sobre los activistas que actualmente son víctimas de desaparición forzada, Tomás Serrano Pérez asegura que es muy raro que a la CNDH lleguen quejas de esta naturaleza. De ser así, “estaríamos volviendo al estado de las cavernas, a la época de la represión”.

Salvo los de Edmundo Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR, el titular del Programa de Presuntos Desparecidos no recuerda otros casos recientes de desaparición de luchadores sociales en los que se haya podido acreditar la responsabilidad del Estado mexicano.

El mayor número de reportes que llega a la CNDH es de personas ausentes o desaparecidas “que se dedican a la delincuencia organizada”. La cifra, en estos casos, es ambigua e imprecisa, dice Serrano.

No obstante, en lo que va del gobierno de Calderón Hinojosa, organizaciones sociales, de defensa de derechos humanos y de familiares de víctimas de desaparición forzada han denunciado la desaparición de, por lo menos, 30 luchadores sociales y defensores de derechos humanos.

Además de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, han sido víctimas de desaparición forzada Jorge Gabriel Cerón Silva, Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Hilario Vega Zamarripa, David Vega Zamarripa, Rosalino Díaz Barrera, Lorenzo Fernández Ortega, Sergio Bautista Miguel, Bonifacio Barrientos Gaona, Moisés Molina Rodríguez, Avenicio Reyna Cruz, Javier Torres Cruz, Raúl Lucas Lucía, Manuel Ponce Rosas, Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez, Fermín Mariano Matías, Ezequiel Aguilar Vida, Alicia Salaíz Orrantia, Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco Manuel de Asís, Víctor Sánchez, Máximo Magno Valladares, Víctor Ayala Tapia.

El pasado 7 de febrero, en Valle de Juárez, Chihuahua, serían capturados Elías y Malena Reyes Salazar (hermanos de Josefina Reyes, defensora de derechos humanos asesinada el 3 de febrero de 2010) por hombres armados a bordo de una camioneta Dodge Durango, color arena. Se trata del caso de desaparición forzada más reciente que se conoce.

Para la realización de esta investigación, se solicitó entrevista con Jesús Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Fuente: Contralínea 222 / 27 de febrero de 2011