Autor: Jorge Melendez Preciado
Sección: Opinión

10 JULIO 2011

Los ejemplos más recientes fueron la llamada ley Televisa, en la época del lenguaraz y muy sujeto por los concesionarios Vicente Fox, y la pasada reforma para que los partidos políticos no estuvieran sometidos a las tarifas y los apetitos de quienes manejan radio y televisión. Pero hay otros episodios más, que vienen de lejos.

En el sexenio de José López Portillo se intentó una nueva ley de telecomunicaciones. Se citaron a audiencias públicas, y un locutor metido a pastor de legisladores, Luis Marcelino Farías, dijo que “no se le encontró la cuadratura al círculo”, para significar que continuaría el monopolio que ostentaba Televisa. Luego, en la administración de Miguel de la Madrid, también hubo consultas en varias entidades del país y, otra vez, todo quedó igual, donde el oligopolio radiofónico siguió ostentando su poder.

Es decir, que el priismo nunca tocó a los que manejan radio y televisión, ni los intereses mercantiles de éstos. Lo mismo ha sucedido con los panistas, quienes incluso, en el caso de Vicente Fox, les han permitido hacer lo que les venga en gana, e incluso dándoles márgenes más amplios de acción.

Recientemente el Instituto Federal Electoral (IFE) propuso dos medidas, las cuales ni siquiera iban al fondo de lo que debe hacerse en una auténtica república donde prevalezca la necesidad de la mayoría. Una de ellas es hacer posible el derecho de réplica; el otro, que los llamados spots, propaganda partidaria en realidad, sean difundidos no con lapsos muy distantes, sino en tiempos cortos para que la sociedad pueda entender cuándo se hace un debate entre dos o más propuestas.

En ambos casos, la Cirt junto con algunos consejeros electorales y representantes de partidos se fueron con todo contra los proponentes. Los argumentos que esgrimieron fueron que se coartaba la libertad de expresión y que estábamos ante medidas que eran un retroceso enorme. Lo que muestra, claramente, la intolerancia a cualquier propuesta que salga de los cánones de los radiodifusores: la ganancia rápida y fácil.

Como señala bien la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que preside Aleida Calleja, el derecho de réplica es una garantía constitucional alcanzada en 2007. Además, en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por el Senado en 1980, se plantea esa garantía. Es cierto, en abril de 2008, el Congreso debió expedir la reglamentación al respecto, pero al no hacerlo alguien debe ocuparse del asunto.

Y si hubiera dudas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que el multicitado derecho es importante para que los ciudadanos emitan su voto con mayor información, por lo que el Instituto Federal Electoral (IFE) debe garantizar lo conducente.

La arremetida de la Cirt no únicamente fue contra el IFE, sino de paso censuró a las radios comunitarias, entre ellas de manera específica a La Voladora, en el 93.7 de FM, que transmite en Amecameca, Estado de México. Por medio de Jaime Ramos, los de la cámara dijeron que la estación no sólo opera de manera ilegal, sino que incluso no se les debe de otorgar registro porque únicamente deben hacerlo con frecuencias permisionadas y concesionadas. A lo anterior respondió la directora de la estación aludida, Verónica Galicia, señalando que tienen 10 años luchando por ser legales y reivindican pacíficamente sus derechos; que la estación contribuye a la libertad de expresión, información y sobre todo de comunicación, ya que están en contacto diario y directo con su audiencia. Y que el asunto es político más que económico.

Vemos muy nítidamente los campos: quienes hacen del negocio y la politiquería su coto, y aquellos que desean la expresión de la sociedad civil.

En el segundo asunto que planteamos anteriormente, el IFE aprobó por cuatro votos contra dos acortar los tiempos para que los anuncios de los partidos políticos fueran emitidos.

Antes se requerían 10 días de plazo; ahora se reducen a cuatro jornadas hábiles. Asimismo, se acordó reconocer a las radios comunitarias como permisionadas privadas sin fines de lucro y se proponen medidas cautelares solicitadas por los partidos y que deberán notificarse a los concesionarios de radio y televisión, entre otras cuestiones.

Los opositores notorios fueron el consejero Francisco Guerrero y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Incluso el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada dijo que si antes hubo una cobertura del 97 por ciento en la propaganda (2009), con las recientes aprobaciones las cosas no se sabe cómo ocurrirán: una nueva versión para chantajear para que no haya cambios en el país, ya que el duopolio televisivo reitera en erigirse como los manejadores de candidatos y elecciones, que es el fondo del asunto.

Según Javier Corral, uno de los impulsores de la reforma integral, estamos ante una nueva arremetida de la dupla CIRT-PRI con el fin de evitar cambios positivos. Quien sale ganancioso, al decir del panista, es Enrique Peña Nieto y el tricolor, no por la propaganda sino a través de la información manipulada que se proporciona diariamente (El Universal, 28 de junio de 2011). Incluso en su comentario en el Instituto Mexicano de la Radio, el dirigente legislativo mencionó como responsables de estos apoyos a los radiodifusores a sus compañeros de partido, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Afortunadamente y no obstante la debilidad numérica del IFE, por la omisión de lo partidos al no elegir a los tres representantes que faltan, los consejeros electorales si bien tomaron las opiniones de los concesionarios, no se doblaron a sus caprichos. Hay un largo camino por recorrer, pero en este episodio hubo avance.

Falta, sin duda, que se pase de los mensajes ñoños y sin sentido a los debates que muestren a la sociedad realmente lo que proponen candidatos y sus organizaciones, con el fin de saber quién es quién en la lucha política.

*Periodista

Fuente: Contralínea 241 / 10 de julio de 2011