El control parlamentario de los servicios de inteligencia

11 marzo 2012

En el caso de los gobiernos autoritarios, los servicios de inteligencia miran hacia adentro; son más operacionales que estratégicos y funcionan como centros de espionaje contra organizaciones sociales, partidos de oposición, grupos rebeldes y corrientes críticas al poder.

Esa condición no profesional y represiva hace que sea una entidad corrompida y vulnerable, además de impune y pronta a conectarse con la delincuencia organizada. Esa fue desafortunadamente la historia final de la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de espionaje que controló la vida política nacional durante todo el periodo de la Guerra Fría.

En el caso de los países que han completado una transición a la democracia, y que por lo tanto están en proceso de diseñar políticas de seguridad con una perspectiva democrática y de derechos humanos, los servicios de inteligencia encuentran las condiciones propicias para ser profesionales, evitar el papel de sirviente de grupos de poder político y económico y poder aprovechar la oportunidad de reubicarse como un organismo esencial para la seguridad nacional.

Los servicios de inteligencia pueden tener errores y debilidades, pero siempre están sujetos a un sistema de rendición de cuentas y bajo un proceso constante de mejoramiento tecnológico y profesionalización. México aún no ha alcanzado esa condición óptima para desarrollo, aunque tampoco es posible negar que los profesionales de inteligencia tienen un camino avanzado de institucionalización.

El país parece estar más bien en un momento regresivo, donde las fuerzas del crimen organizado y viejas figuras características del poder autoritario y corrupto están luchando para adaptarse a los vaivenes de la alternancia política.

¿Qué pasa con los servicios de inteligencia cuando la transición democrática se ve obstaculizada por males como la impunidad, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, la pobreza extrema y la corrupción? En el peor de los escenarios el efecto más inmediato puede ser la desprofesionalización y desmoralización de los servicios y su conversión en un instrumento de sobrevivencia de grupos en el poder.

En sociedades con resabios antidemocráticos, los servicios de inteligencia suelen operar como garantía de la seguridad del gobierno o de una facción en el poder, aun cuando eso los enfrente a grupos de la sociedad, a partidos de oposición y a corrientes de pensamiento que no se identifican con la ideología de los grupos en el poder.

Si a esos arcaísmos autoritarios le agregamos la violencia creciente de grupos de la delincuencia organizada y sus enlaces en los diferentes niveles de gobierno, lo que tendremos estará marcado por la división, la desconfianza y la falta de cooperación entre todas las agencias de seguridad, incluidas las de inteligencia.

México está en una situación semejante. Viejos grupos que han estado en el poder por décadas están intentando llegar a la Presidencia y recuperar desde esa posición el control de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y los órganos de la Policía Federal. Los dos gobiernos del Partido Acción Nacional (Vicente Fox y Felipe Calderón) han continuado con la política de sus predecesores priístas, al emplear la fuerza militar como punta de lanza en su lucha contra el crimen organizado, sin hacer una reforma del marco legal de las Fuerzas Armadas ni definir una política sólida y coherente de reforma a la Policía Federal.

Los servicios de inteligencia que está dejando el gobierno actual están prácticamente desarticulados, sin personal ni recursos suficientes. La comunidad de inteligencia en su conjunto está desintegrada, sin que exista unidad ni estratégica ni táctica en su desempeño. Los servicios de inteligencia naval y militar están separados y no existe ninguna política que los involucre en una comunidad conjunta, unificada en lo operacional, táctico y estratégico.

A falta de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia militar están separados, sin garantía de que los mandos militares y navales aprovechen de manera eficaz la información que producen las agencias de defensa.

Esto ha sido visualizado por fracciones parlamentarias, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores. Los legisladores se han percatado de la necesidad de legislar en materia de inteligencia, pero aún no han emitido una iniciativa de ley que integre propuestas que satisfagan a todas las corrientes políticas del país y que se base en la intención de proteger el interés nacional.

América Latina está viviendo un proceso de reforma en sus servicios de inteligencia, y cada país está logrando avanzar de acuerdo con el grado de institucionalización de las transiciones democráticas, los resabios del autoritarismo y la fuerza corruptora del narcotráfico y su violencia organizada.

Las comisiones o comités legislativos en materia de inteligencia se han convertido en un elemento fundamental del sistema de contrapesos y rendición de cuentas. Con diferentes niveles de intervención, están encargados de cerciorar que los servicios no incurran en violaciones sistemáticas de la privacidad ni los derechos humanos de la población, garantizar la constitucionalidad y legalidad de todas las acciones de inteligencia y que su desempeño sea eficaz y apegado a los planes nacionales en materia de seguridad y defensa.

Los sistemas de regulación legislativa más eficientes tienen jurisdicción tanto en la inteligencia civil como en la militar. Eso garantiza que por la vía legislativa se dé un proceso de integración de la fuerza de inteligencia. Los comités con más capacidad, como el caso de Estados Unidos, tienen la atribución de revisar los nombramientos de los cargos más altos de la comunidad de inteligencia y asegurar de que éstos sean de acuerdo con el más alto interés nacional, alejado de mezquindades políticas, partidistas o sectarias.

Esos son los retos principales que tiene el Congreso de la Unión. Si los legisladores logran la creación de un comité de inteligencia con la fuerza completa de la revisión del comportamiento y eficacia de todas las agencias, incluidas las civiles y las militares, entonces la capacidad del sistema de seguridad del Estado crecerá de manera definitiva. No es lo mismo que un gobierno se enfrente a la delincuencia organizada a través de un conjunto de agencias separadas, incomunicadas, recelosas y renuentes a una política integral, que uno con un aparato de seguridad sólido, unificado bajo una sola estrategia y normado por leyes definidas de acuerdo con los retos presentes y futuros del país.