La educación pública, ¿fantasía o realidad?

Escuela Normal Rural Pantaleón Domínguez, Mactumactzá, Chiapas. La educación es la única herramienta que, en todo el mundo, puede liberar realmente a las clases oprimidas. También es un indicador del nivel de desarrollo alcanzado por un país. Como herramienta y como indicador no está ajena a la lucha de clases. La educación, como factor de cambio y de control, siempre ha sido dividida en dos clases: la que se imparte a los oprimidos y la que se imparte a las elites; hoy, la de los pobres y la de los burgueses. Que la mayoría de la población no reciba una educación equitativa, justa y de calidad, acorde con las necesidades y adecuadas a las condiciones existentes no es un “error” del sistema, es que así lo exige éste.

Las diferencias no sólo son, por supuesto, en el rubro de la educación: lo mismo ocurre con prácticamente todos los demás derechos. Para la clase pobre son malos los servicios de salud, los programas vivienda, el acceso a la alimentación, la cultura y el vestido. Esta clase es maltratada e ignorada… hasta que llega el periodo electoral.

Lo cierto es que la educación, como proyecto popular de carácter nacional que busque la igualdad y calidad, ya no existe en México. Los pueblos depauperados son los que más sufren del rezago educativo que aumenta de manera alarmante.

El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en letra muerta. Señala que la educación en México debe de ser “obligatoria, gratuita y laica”. El término obligatorio no se aplica: ¿cómo van a mandar a sus hijos los indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara o los me’phaa de la Montaña de Guerrero –por sólo poner dos ejemplos–, cuando ni cobertura educativa hay en esos lugares. Tampoco es gratuita: los alumnos de nivel medio superior, excluidos por cientos de miles de las instituciones públicas, deben buscar escuelas privadas para continuar sus estudios. La laicidad ha perdido progresivamente terreno: son incontables las intervenciones de las jerarquías eclesiásticas en la educación, ejemplo fue su participación en los contenidos de los libros gratuitos o a través de los propios docentes que incluyen cuestiones religiosas en sus prácticas.

La privatización en el sector educativo –que es sin duda uno de los objetivos de la reforma curricular que impulsan las autoridades educativas federales, estatales y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– se realiza sin que siquiera las escuelas cuenten con los recursos mínimos necesarios para enfrentar esta “nueva” propuesta educativa. La formación del docente está totalmente relegada. Es necesario que las normales tengan con los recursos suficientes, equipos y herramientas tecnológicas para que se puedan atender las necesidades educativas de la población. Esta reforma pone, de nueva cuenta, en desventaja a la población más pobre del país, pues son las comunidades indígenas y campesinas las que carecen de un soporte tecnológico mínimo.

En efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala a Chiapas con el mayor rezago educativo, después de Oaxaca, Guanajuato y Guerrero. Es lamentable que Chiapas, en los últimos 10 años, apenas haya avanzado diez puntos en educación y no haya salido del último lugar nacional en todo ese periodo. Es imperdonable si tomamos en cuenta que se trata de una entidad rica en recursos naturales y diversidad cultural.

Ahora bien, ¿quiénes son los culpables del declive educativo en México en el último lustro? Felipe Calderón en primer lugar, pues todo ha subordinado al “combate contra el crimen organizado” y ha dejado a un lado las verdaderas prioridades. También Elba Esther Gordillo, personaje que denigra los términos “sindicato” y “maestro”, debido a su poca capacidad de actuar en pro de la educación pública y sólo responder a sus intereses personales.

Sin embargo, en un análisis más profundo, la población también es corresponsable. Campesinos, estudiantes, obreros poco hacemos para acabar con las injusticias y cesar la vejación de nuestros derechos. Resulta sorprendente el silencio del pueblo ante las incesantes injusticias que ha padecido por tanto tiempo. La solución se ha convertido en parte del problema: la educación, que podría emancipar a los pueblos, es deficiente, elitista y limitada.

El mismo problema de la delincuencia organizada podría solucionarse de fondo con más oportunidades educativas y laborales. Si, como ahora, los jóvenes tienen siempre como opciones reales de supervivencia a la delincuencia y la migración, el problema nunca se solucionará.

La educación es un derecho de todos indispensable, por el cual hoy en día hay que luchar. La educación hace libre al hombre. Y todos como mexicanos, estudiantes, obreros, campesinos y asalariados no debemos de olvidar las luchas que lograron el primer programa de educación pública, gratuita en el país, en 1921. Un pueblo sin educación está condenado a vivir en la pobreza, sin conciencia ni capacidad para defender las causas populares. Por ello, la educación no se mendiga, se exige.