360 mil millones, la caja chica del gobierno

En el último año del sexenio, el gobierno federal administrará 367 mil 515 millones 800 mil pesos fuera del presupuesto público aprobado por la Cámara de Diputados. El dinero se encuentra depositado en 361 fideicomisos federales, estatales y “privados”, revela la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2011.

De esas 361 figuras fiduciarias, cinco concentran el 45.1 por ciento del total: 165 mil 866 millones 100 mil pesos. Éstos son el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), con una bolsa de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), con 38 mil 694 millones 400 mil; el Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud (Seguro Popular), con 31 mil 692 millones 400 mil; el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP), con 27 mil 22 millones 500 mil; y el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, con 20 mil 280 millones 300 mil pesos.

De estos cinco, destaca el caso del Fonadin no sólo porque compromete el mayor monto –que equivale al 13.1 por ciento del total–, sino porque incluye los recursos de los controvertidos Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra) y Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Ambos, involucrados en millonarios fraudes contra las finanzas públicas.

Creado el 29 de agosto de 1997, el Fonadin tiene por objetivo “fungir como vehículo de coordinación de la administración pública federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística”; también, auxiliar “en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica”.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, en 2011 los ingresos del Fonadin ascendieron a 26 mil 930 millones 104 mil pesos. Además de contar con las transferencias del Finfra y del FARAC, sus recursos también “provienen de las cuotas de peaje de las autopistas concesionadas, arrendamientos, recuperación de siniestros, venta de bases, comisiones cobradas, resarcimiento por recuperación de derechos e intereses ganados”.

En ese mismo ejercicio, sus egresos sumaron 33 mil 108 millones 581 mil pesos. La Secretaría de Hacienda, que funge como el fideicomitente, indica que “al cierre del cuarto trimestre de 2011 se han cubierto oportunamente las obligaciones financieras respectivas y se realizaron las acciones necesarias para la administración, operación y conservación de los tramos carreteros de la concesión, así como lo relacionado a la inversión en los proyectos de infraestructura”.

Los escasos datos sobre el destino de los más de 33 mil millones de pesos se “justifican” porque “toda la información del fideicomiso se encuentra reservada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos”. Así lo indica la dependencia que encabeza José Antonio Meade, además de añadir que el fideicomiso “no ha recibido aportaciones de recursos públicos presupuestarios”.

Los 25 más onerosos

El Fonadin, el Fonden, el fideicomiso del Seguro Popular, el FARP y el Fideicomiso de Pensiones del Banrural forman parte, a su vez, de la lista de los 25 fideicomisos con “los montos más elevados”, como los identifica la propia Secretaría de Hacienda en el “Anexo XVII. Fideicomisos sin estructura orgánica (no son entidad paraestatal)”. Los 25 reúnen el 85.6 por ciento del total: 314 mil 548 millones de pesos. Así, el resto –336 fideicomisos– se reparte el 14.4 por ciento, esto es un fondo de 52 mil 967 millones 800 mil pesos.

El monto total depositado en fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura –367 mil 515 millones 800 mil pesos– equivale a 2.8 veces la inversión de la Refinería Bicentenario, que se construirá en el próximo sexenio en Tula, Hidalgo (y cuyo costo se calculó en 129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales, desde 2010 y hasta 2015), y a 11.6 veces el presupuesto 2012 de la Universidad Nacional Autónoma de México (por 31 mil 653 millones 775 mil 147 pesos).

Para la diputada perredista Esthela Damián Peralta, “el tema de la elección presidencial pone en focos rojos el manejo de los recursos públicos federales y locales. Según el momento, hay algunas áreas o algunos recursos que son más sensibles o más delicados o con una mayor preocupación por la forma en la que se operan, por la manera o por los controles políticos que se tienen para determinados temas. Los fideicomisos han sido fiscalizados de manera permanente por la Auditoría Superior de la Federación [ASF]. Aunque en número se han reducido, se han otorgado mayores montos presupuestales a éstos”.

Respecto del manejo del dinero en tiempos electorales, el panista Mario Alberto Becerra asegura que “todo fideicomiso tiene un fin específico. Evidentemente no puede haber distracción de recursos para cuestiones electorales”. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados agrega que estas figuras fiduciarias están fiscalizadas por la ASF y, además, desde un punto de vista técnico no podría haber otros destinos para el dinero de los fideicomisos que no estuvieran establecidos en su finalidad.

Sin embargo, al estar fuera del presupuesto público, los miles de millones de pesos se gastan a discreción, considera la Auditoría Superior. En algunos casos incluso se han comprobado fraudes en contra de las finanzas públicas.

La ASF ha documentado históricas defraudaciones, como en los casos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que endosó el rescate de los bancos al erario, con un costo superior a 1 billón 700 mil millones de pesos; el del Fideicomiso Aduanas I y la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV, de por lo menos 10 mil millones (dinero que la Secretaría de Hacienda ejerció como privado desde la década de 1990 y hasta 2004); y el del FARAC, relacionado con el rescate de las carreteras concesionadas a la iniciativa privada, por 1 mil 481 millones de pesos.

Pero no sólo se trata de casos antiguos. En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010, la Auditoría Superior documenta irregularidades en el Fideicomiso Bicentenario (casos de Estela de Luz y Parque Bicentenario) por 3 mil 700 millones de pesos; en el Fondo de Modernización Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, que se conoció en los medios de comunicación como el cochinito del IFE, por 348 millones 346 mil 193 pesos; y en el Fondo para Cubrir Compensaciones Económicas o Indemnizaciones a los Servidores Públicos, por 265 millones de pesos.

Por ello, los fideicomisos, mandatos y contratos análogos forman parte de la lista de las 13 áreas de opacidad y riesgo de la administración pública, que elaboró la Auditoría Superior de la Federación.

El diputado priísta Jesús Alberto Cano Vélez señala que el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda usan los fideicomisos para canalizar los ingresos excedentes y las disponibilidades que les quedan por subejercicios. Esto les permite no devolver el dinero a la Tesorería de la Federación.

“Al acomodar las cuentas [del ejercicio fiscal] les sobra dinero, y para gastarlo lo hacen a través de la partida 8000, que son erogaciones extraordinarias, y en gastos financieros, no en inversión”, explica el legislador, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fideicomiso aduanero

Entre los 25 fondos con mayores montos depositados se encuentra el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera, con un patrimonio de 17 mil 688 millones 100 mil pesos.

Éste fue creado a mediados de 2004 para sustituir al fideicomiso privado Aduanas I. Al igual que ese último, se encarga de administrar los recursos recaudados por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero, considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una contraprestación privada del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, para la Auditoría Superior siempre se ha tratado de un impuesto, por lo cual había observado un fraude transexenal de por lo menos 10 mil millones de pesos.
La diputada Esthela Damián Peralta considera que, para evitar desvíos de recursos, la Secretaría de la Función Pública debería hacer “un semáforo para identificar los fideicomisos que podrían sufrir alguna suerte de mayor riesgo, riesgo regular y los que tienen menor vulnerabilidad”.

Aunado a esto, sugiere que en tiempos de elecciones, como el actual, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales capacite y advierta a los servidores públicos cuáles son sus responsabilidades en caso de que desvíen recursos; también, exhorta a la administración federal a “difundir de manera masiva en los medios de comunicación que la utilización de los recursos públicos es un delito”. (Con información de Mariela Paredes)