Red de contrabando de textiles

Se trata de una red muy bien articulada que opera en México, Estados Unidos, China y Corea, dedicada a contrabandear productos textiles fabricados en esos países asiáticos y que son introducidos a México de manera ilegal vía Estados Unidos, en donde se elaboran facturas y certificados de origen falsos para eludir el pago de los impuestos correspondientes.

En la investigación –que lleva varios años y que se había mantenido en secreto– participan agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) estadunidense, asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, y, por la parte mexicana, agentes de la Administración Central de Investigación Aduanera, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Fiscales, adscrita a la Procuraduría General de la República.

Documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos apuntan a destacados miembros de la comunidad judía en México y a sus empresas, las cuales serían las beneficiadas con el contrabando de productos textiles.

Aunque la investigación se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación previa UEIDFF/FISM08/185/2011 por los delitos de fraude fiscal y contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano por la frontera con Estados Unidos. Empresas estadunidenses les otorgaban facturas y certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano de que dichas mercancías se producían en Estados Unidos y por eso estaban exentas de impuestos.

Con base en el Acuerdo firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio 800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian & Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora Luna Blue, SA de CV.

En respuesta, en un primer escrito con clave FRAU: 1081: MX08UR08LD0037:bs –con fecha del 4 de junio de 2010– el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar:

“Investigadores de ICE adscritos a esta Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia, respecto a la compañía estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Ney Jersey 07065.”

La segunda empresa es Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, New York 10013, y su presidente es Vahram Aynilian.

Los agentes especiales del ICE asignados al Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario Vahram N Aynilian, dedicado a la compra venta de textiles y quien contrató para su defensa al despacho de Cathy Flemming, una abogada ya conocida por los mexicanos cuando defendía al exsubprocurador general de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se “suicidó” bajo acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.

Los agentes del ICE acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de contrabando de textiles, para verificar la autenticidad de las facturas y certificados de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co, Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran auténticos y que no habían sido emitidos por él ni por su compañía, además de que la firma en el certificado de origen era falsa.

El 14 de junio de 2010, el agregado del ICE en la embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU: 1088: MX08UR08LD0037:bs– al administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian declaró tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.

El empresario estadunidense dijo también que en marzo de 2009 recibió un pago de 1 mil dólares por cada una de las facturas y certificados de origen falsos utilizados para el contrabando de productos textiles.

En este caso de corrupción, fraude y contrabando, las autoridades de México y Estados Unidos también investigan a otras 15 compañías dedicadas a la venta de materiales textiles en México, en su mayoría de propiedad de empresarios integrantes de la comunidad judía, pues ellos serían los beneficiarios del contrabando de telas de origen chino y coreano. El problema es que, a diferencia de las autoridades de Estados Unidos, en México la justicia es más lenta y hasta ahora ninguno de los supuestos involucrados ha sido detenido, por lo que habrá que esperar si el velo de impunidad al que nos tiene acostumbrada la justicia mexicana tapa a todos los participantes.

Por falta de espacio, la siguiente semana continuaremos con el tema y daremos a conocer los nombres de las empresas y sus presidentes que, según la agencia estadunidense ICE, están involucrados en los delitos de fraude y contrabando.