Tregua de maras, a cambio de impunidad

“Los esfuerzos deberían estar enfocados en hacer que los jóvenes no ingresen a las pandillas”, dice a Inter Press Service (IPS) el guatemalteco Armando Samayoa, del no gubernamental Instituto de Cooperación Social, una organización que ofrece educación no formal y facilita espacios de recreación para niños y niñas como mecanismos para prevenir el crimen.

El especialista aduce que una vez que los jóvenes se integran a las maras (pandillas) y se involucran en actividades criminales, el trabajo para apartarlos se vuelve más complejo y requiere elevados recursos económicos.

“Si revisamos lo que se invierte a nivel de fuerzas de seguridad y lo que se invierte en programas de prevención a nivel del Estado, la diferencia es abismal”, señala.

Sin embargo, el pacto entre las Maras Salvatrucha y Barrio 18 le dio inmediato resultado a El Salvador, que pasó de tener más de 13 homicidios diarios en enero a 8.2 en marzo, cuando entró en vigor la tregua.

Así lo afirma un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la delincuencia organizada en América central y el Caribe, publicado en septiembre de este año.

El estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) indica que en 2011 El Salvador registró 69 asesinatos por cada 100 mil habitantes, 6 por ciento más que en 2010.

En Honduras se cometieron 91 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011; en Guatemala, 39; en Panamá, 22; en Nicaragua, 13, y en Costa Rica, 10. Según la ONUDD, Honduras y El Salvador son los países del mundo con mayor índice de homicidios por persona.

Costa Rica, Nicaragua y Panamá, con tasas más bajas, no sufren el fenómeno de las pandillas como amenaza para su seguridad ciudadana, según autoridades de esos países, aunque existen casos aislados.

La ONUDD considera que la tregua entre pandillas lograda en El Salvador puede ser un modelo a seguir en América central como un mecanismo para contrarrestar el delito. Pero el planteamiento genera dudas en agentes sociales cercanos al problema.

Según Samayoa, programas de educación no formal para promover emprendimientos, inglés, carpintería, panadería, cocina, computación o deporte, como los que ellos realizan, ayudan a prevenir que jóvenes y niños se involucren en las pandillas.

En cambio, pactos como el de El Salvador para solucionar la criminalidad podrían acabar en cualquier momento.

“Recuerdo un caso en Villa Nueva, al Sur de la capital, donde las pandillas hicieron un pacto, pero al día siguiente llegaron con la organización a decir que igual debían llevar algo de comer a la familia”. Con esto resurgía la necesidad de delinquir, relata.

Alma Aguilar, de la organización guatemalteca Paz Joven, aboga porque las políticas públicas en la región se dirijan a prevenir que la juventud se involucre en las pandillas y, finalmente, en actos delictivos.

“Es un problema multifactorial, por ende, se debe abordar desde muchos puntos de vista. Creemos que el tema más importante es prevenir que los jóvenes se involucren en actividades al margen de la ley”, dice a IPS.

Al respecto, plantea que los gobiernos deben garantizar “como mínimo” la educación a nivel medio y ofrecer oportunidades de empleo para los jóvenes; “algo que lamentablemente no está ocurriendo”.

Aguilar dice que el pacto salvadoreño entre pandillas es una “experiencia exitosa para considerarla como un caso de estudio. El gobierno debe garantizar la armonía y la paz en los lugares conflictivos, con el peso de la ley, contra quienes están involucrados en delincuencia sistemática”.

Miles de jóvenes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos están involucrados en las pandillas, degeneradas en organizaciones delictivas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en octubre pasado a la Mara Salvatrucha (MS-13) en su lista de organizaciones criminales más peligrosas del mundo, por sus actividades como “narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, asesinatos y actividades mafiosas”. Ello le otorga autoridad legal para imponerle sanciones.

Los gobiernos centroamericanos han intentado frenar –sin éxito– su poderío con leyes antipandillas, como en el caso de El Salvador y Honduras, a lo que en marzo se sumó el controvertido pacto entre las dos mayores organizaciones salvadoreñas de este tipo.

La tregua fue acordada entre las dos maras sin participación del gobierno del izquierdista moderado Mauricio Funes, aunque se estima que tuvo un papel de facilitación no detallado. Ahora el gobierno da pasos incipientes hacia una posible negociación con las pandillas que ponga fin definitivo a su actividad criminal.

“La tregua ha producido buenos resultados en términos de la reducción de la violencia homicida, pero únicamente eso”, dice a IPS la abogada Ismelda Villacorta, de la no gubernamental Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador.

La experta tiene reservas “respecto de ser absolutamente optimista de sus resultados, puesto que, de hecho, la violencia y delincuencia continúan siendo tan graves y preocupantes como antes de la tregua, e incluso peores en algunas zonas.

“Toda esta situación muestra que la reducción de homicidios producto de la tregua está asentada en una endeble plataforma, que en cualquier momento puede desembocar en su ruptura y la vuelta a la situación anterior e incluso disparar el número de homicidios”, afirma.

Sugiere que para brindar sostenibilidad al pacto y a la reducción de la violencia, se debe comenzar con impulsar un programa de prevención en todos niveles, incluyendo la reinserción y rehabilitación de pandilleros.

Isabel Aguilar, una especialista en derechos humanos de la organización guatemalteca Interpeace, comenta a IPS que “la tregua será sostenible si da paso a un diálogo más amplio en el que todos los sectores sociales se involucren con un compromiso decidido” en el que todos aporten.

“El aspecto importante a subrayar es que la tregua posibilita o genera la apertura adecuada para que las acciones de prevención y reinserción se den de maneras más fluidas y sostenibles, en un terreno más fértil”, agrega la coordinadora del programa centroamericano multisectorial de Políticas Públicas para Prevenir la Violencia Juvenil.

En ese sentido, Aguilar es más optimista y considera que la tregua lograda en El Salvador “es un ejemplo a seguir, en especial porque está demostrando su eficacia en la reducción de [los] índices de violencia”, no obstante, deberá ajustarse a la realidad de cada país de la región.

Por ahora, los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, ambos de derecha, han descartado la posibilidad de promover acuerdos de este tipo entre las pandillas delictivas de sus países o de que sus gobiernos pacten con ellas.