Michoacán: la impunidad policiaca

Los estudiantes que demandaban la suspensión de la reforma curricular de la educación normal en Michoacán volvieron a clases luego de casi un mes de paro de labores. Muchos de ellos regresaron afectados física y emocionalmente. Diez denuncias ante la PGR, 67 quejas ante la CNDH y una comunicación al Comité Contra la Tortura de la ONU dan cuenta de la brutalidad que ejercieron policías federales y estatales contra los normalistas para luego llevarlos a prisión: tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, abuso sexual y robo. Un acta de notario público acredita “daños irreparables” al casco de la exhacienda de Coapa, monumento histórico que desde 1949 funge como el edificio central de la Normal Rural de Tiripetío

“…Y ahora no puedo dormir tranquilo por los gritos de los compañeros, por las agresiones. Y estoy traumado, por lo mismo es que no puedo dormir. Me siento humillado por la forma en que me trataron los policías federales”, así concluye su relato Carlos, uno de los jóvenes que se encontraban al interior de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, cuando 1 mil 500 policías federales, estatales y municipales arribaron a las instalaciones educativas.

El estudiante accede, aunque con temor, a dejar constancia escrita de lo que vivió la madrugada del 15 de octubre de 2012 durante el operativo de desalojo a la Normal de Tiripetío, a la que considera su “segunda casa”: golpes, insultos, amenazas, toques eléctricos… La brutalidad policiaca se prolongaría durante su traslado a la Academia de Policías de Morelia y su posterior detención en la Estación de Barandillas, en donde lo mantuvieron sin camisa, sin zapatos y sin derecho a comunicarse con sus familiares o defensor por casi tres días.

“Yo estoy lesionado en la parte derecha superior de la ceja: tengo una abertura de 2 centímetros; moretones en las piernas, y heridas en las rodillas; además de que vomitaba sangre de las patadas que me dieron en las costillas.”

Éste y otros testimonios, respaldados por pruebas médicas y fotográficas, forman parte de la comunicación que las abogadas Karla Micheel Salas y Miriam Pascual Jiménez enviaron al Comité Contra la Tortura en el marco del examen que el órgano dependiente de la Organización de las Naciones Unidas realizó a México del 31 de octubre al 1 de noviembre pasados.

Las defensoras, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), aseguran contar con las evidencias que acreditan tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como consecuencia de los operativos policiacos de desalojo al Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, Escuela Normal Indígena de Michoacán (situada en la localidad de Cherán) y Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, que derivaron en la detención 167 estudiantes normalistas.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el proceso para acreditar violaciones a derechos fundamentales es mucho más lento. Por ejemplo, a pesar de que desde abril pasado el organismo autónomo atrajo la investigación del desalojo y ulterior detención de los moradores de tres casas estudiantiles de Morelia, que devino en unas 60 quejas en contra de policías federales y estatales, a la fecha no se ha pronunciado al respecto.

En entrevista con Contralínea, Luis García López Guerrero, primer visitador, se resiste, como en aquella ocasión, a decir si los derechos humanos de los normalistas fueron vulnerados. “Se requiere de un tiempo más o menos laxo para construir la argumentación”, justifica.

El funcionario refiere que el caso del desalojo del pasado 15 de octubre, también atraído por la CNDH, se encuentra en etapa de integración. El expediente consta de al menos 67 quejas que involucran a unas 150 personas agraviadas que “se duelen” de detenciones arbitrarias, maltratos y violencia; señalan como responsables a los elementos de la policía federal y estatal.

En la documentación que obra en los archivos de la CNDH se incluyó el expediente de queja que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán levantó de oficio. Éste contiene alrededor de 80 testimonios de los normalistas que fueron detenidos y las quejas de dos personas que reportaron la desaparición de seis estudiantes, mismos que posteriormente serían localizados, refiere Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de este organismo.

Aunque ahora compete a la CNDH la resolución del caso, el funcionario local dice que “queda muy claro que hubo uso excesivo de la fuerza” por parte de los policías federales y estatales que participaron en el operativo, porque los detenidos presentaban evidencias corporales, como golpes y escoriaciones. Incluso, asegura que un estudiante sufrió un esguince cervical como consecuencia del empellón que le dieron los uniformados al subirlo al camión que lo trasladaría a la Academia de Policías.

Respecto del desalojo de las casas estudiantiles que data del 28 de abril pasado, Luis García López asegura que debido a que ya cuentan con todas las evidencias, las conclusiones del caso se harán públicas antes de que finalice 2012. No así las del desalojo de normalistas, puesto que la CNDH aún está en espera de los informes que deberán rendir el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal. Además, porque se está conformando un “expediente bastante grueso”, “un cúmulo de evidencias que requieren de una valoración muy detallada para ir hilvanando cada una de ellas”.

Criminalización estudiantil

“Los elementos de la Policía Federal nos agarraron a mí y a otros compañeros. A mí me golpearon entre seis federales en las costillas. Con mi brazo me cubrí la cabeza y de las mismas patadas me rompieron un hueso de la mano…

“Al ir pasando por la valla, antes de subir al camión, me golpeó un policía federal y al hacerlo me caí y fue que me pusieron en el cuello un aparato que da toques, y como grité me lo pegaron en las costillas por más tiempo. Ese aparato hacía que me doliera mucho el cuerpo. Y en ese momento fue que vieron que traía una cadena en el cuello y me la quitaron junto con mi celular y mi cartera, incluso se peleaban entre ellos por quedarse con las pertenencias.”

El testimonio de Israel forma parte de las seis quejas por tortura, abuso de autoridad y lo que resulte, que ingresaron a la CNDH la tarde del pasado 23 de octubre y que se anexaron al expediente del caso. En compañía de la abogada Miriam Pascual, una representación de normalistas se encargó de entregar los escritos personalmente.

Durante el encuentro con Rodolfo Sotomayor Solís, visitador adjunto de la Dirección General de Quejas y Orientación, los quejosos solicitaron que, además de investigar el reciente desalojo, el organismo autónomo emita un informe respecto de la criminalización y los actos represivos en contra de los estudiantes michoacanos, pues en tres de los cinco conflictos que se han gestado en esta entidad durante los primeros ocho meses del gobierno de Fausto Vallejo se ha recurrido a la fuerza pública (Contralínea 307).

Cuestionado al respecto, Luis García López dice que, más que emitir un informe general, la CNDH realizará los señalamientos pertinentes en las investigaciones que tiene a su cargo. No obstante, manifiesta que el tema de la criminalización de la protesta debe analizarse con mucho cuidado pues aunque el Estado mexicano tiene como obligación atender las demandas sociales como la educación, los particulares no pueden, en la exigencia de un derecho, transgredir la ley.

El primer visitador explica que además de analizar los presuntos agravios físicos y emocionales que se adjudican a los policías, la CNDH busca asirse de información que le permita ir al fondo del problema, quizá, una falta de comunicación eficaz para la atención de las demandas sociales. Y es que, “si a lo que llegan es a la violencia, al final algo está pasando mal”.

Para las abogadas de la ANAD, el desalojo de los normalistas y su reclusión es indudablemente un caso de criminalización. Subrayan, por ejemplo, que los ocho estudiantes que permanecieron por más tiempo presos, acusados de delitos como sedición, motín y daño a las cosas con agravante de uso de fuego, son integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal de Tiripetío.

Además, que sedición –cometen este delito los que reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resistan a la autoridad o la ataquen para impedirle el libre ejercicio de sus funciones– y motín –incurren en este delito quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o en las cosas– forman parte de las figuras jurídicas que tradicionalmente se emplean en México con el objetivo de criminalizar a activistas.

A la par del mensaje oficial de que el operativo policial se realizó con apego a la ley, en las redes sociales circularon decenas de imágenes que dan cuenta de la brutalidad. Para Miriam Pascual este hecho no es fortuito: la represión contra los normalitas lleva implícito un mensaje y un propósito específico. Se trata de dejar en claro que todo aquel que proteste será castigado además de generar miedo entre los estudiantes y la población en general.

José, estudiante de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, asegura que “los policías que ingresaron a las instalaciones educativas no iban a recoger las unidades [los vehículos que los estudiantes habían retenido como medida de presión para el diálogo], como lo manifiestan los medios de comunicación y el mismo gobernador”. Llegaron “directamente a golpearnos” y lejos de llevarse los automotores “nos llevaron a los compañeros”.

Gustavo, estudiante de Tiripetío, narra que los normalistas fueron perseguidos aún afuera de las instalaciones educativas. Incluso a los hospitales públicos a los que acudían para atenderse las heridas “llegaban las autoridades por ellos”. Todo esto, dice, “nos pone a pensar que el gobierno nos estaba cazando como si fuéramos delincuentes”.

Denuncias ante PGR

El pasado 20 de octubre, 10 estudiantes de la Normal de Tiripetío interpusieron una denuncia por los delitos de tortura, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y robo en contra de los policías que participaron en el operativo y contra quienes resulten responsables. Da cuenta de ello la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-II/ 1166/2012, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), Agencia Segunda del Ministerio Público de la Federación Investigadora, con sede en Morelia.

A pesar de que para la mayoría de los jóvenes resulta imposible identificar los rasgos físicos de los servidores públicos que los agredieron, ya sea porque portaban pasamontañas o porque los amenazaban con “partirles la madre” si los volteaban a ver, señalan como responsables a policías federales de la SSP.

Sustentan su afirmación en el color negro de los uniformes que vestían y en las insignias grabadas en sus trajes y escudos, así como en su acento al hablar. Los estudiantes refieren, asimismo, que los policías proferían frases como: “Se metieron con la Policía Federal, putos michoacanos de mierda” o “ya se los cargó la chingada, ya valieron verga… ¿Qué pensaban, que el diablo era de color rojo? El diablo es de color negro, grábenselo bien, pendejos”.

Elías –quien de acuerdo con el Ministerio Público presentaba un moretón en el hombro, una cicatriz en la ceja, diversos moretones en la cadera y un golpe en la mejilla– declaró que en la cancha de futbol de la Normal de Tiripetío se encontraba un estudiante que un mes y medio atrás se había quemado el estómago y traía una faja especial, razón por la cual pidió a los policías que no lo golpearan. Éstos “lo revisaron para ver si era verdad y cuando vieron que sí era verdad le rompieron la faja con una navaja y lo empezaron a golpear en el estómago hasta que se encontraba vomitando varias veces”.

En un boletín de prensa con fecha del 23 de octubre de 2010, las abogadas de la ANAD refieren que en la presentación de las denuncias penales incluyeron el caso de las alumnas de la Escuela Normal para Educadoras de Morelia, quienes “sufrieron abusos sexuales por parte de los policías estatales y federales, sólo que hasta el momento no se han presentado las denuncias porque están brindando el acompañamiento sicológico necesario para que puedan denunciar los hechos”.

En internet circuló el testimonio de Imelda: “Cerca de cuatro federales me agarraron y empezaron a insultarme. Primero un policía me golpeó en las costillas y yo le dije ‘¡Aguante!’. Él dijo: ‘Aguante qué, puta; querías andar de valiente, ahora vas a ver lo que se siente, hija de la chingada; andas aquí de puta de éstos, ahora vas a ser mi puta’ …Cuando iba bajando las escaleras, lo único que sentí fue que un policía me tocó y yo manoteé; y otra vez comenzaron a decir: ‘viejas hijas de la chingada, querían andar aquí ahora se aguantan, van a ver lo que les pasa por andar de putas’”.

Una de las 10 denuncias que ingresaron a la PGR aporta información al respecto. Genaro relata que desde un árbol que se encuentra a un costado del edificio principal de la Normal de Tiripetío, el casco de la exhacienda de Coapa, escuchó que los policías molestaban a las mujeres que estaban en pánico: “les preguntaban quién era virgen; y se las estaban repartiendo entre ellos, desconocimiento si las violaron [sic], pero percatándose [de] que había ropa interior de mujer sangrada”.

Las denuncias entregadas a la PGR no son las únicas. La ANAD recogió una veintena de testimonios escritos a mano de normalistas que, por temor a represalias, optaron por no denunciar.

Osvaldo es un uno de ellos. “Temo hasta el momento por mi integridad física ya que me tomaron demasiadas fotos y fueron tantas las amenazas, maltratos y golpes como nunca pensé”.

Otro es Eduardo. Ya en la puerta del Ministerio Público, el joven normalista, quien resultó herido de bala en la rodilla y camina gracias a la ayuda de unas muletas, desistió de interponer su denuncia, refiere Miriam Pascual.

Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, asegura desconocer el caso del normalista herido de bala. No obstante, dice que “no podemos suponer que las balas forzosamente salen de la policías; puede haber armas por parte de los estudiantes”.

Comisión de Michoacán, de defensora a “verdugo”

Los testimonios estudiantiles recabados por la ANAD, a los que Contralínea tuvo acceso, coinciden en que los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán (visitadurías regionales de Uruapan, Lázaro Cárdenas y Morelia) que acompañaron en carácter de observadores los operativos policiacos del 15 de octubre, lejos de ser garantes de los derechos humanos se convirtieron en verdugos de los estudiantes.

Antes de ser presentados ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, los 167 normalistas detenidos durante los operativos fueron trasladados a la Academia de Policías de Morelia. “En ese lugar, la Comisión de Derechos Humanos estatal decía que los golpearan más porque no tenían nada. Posteriormente nos lavaron la cara para que las fotografías salieran sin sangre”, asegura Carlos.

Agrega que ya en la Estación de Barandillas lo revisó el médico de ese organismo quien le dijo que “todo se curaba solo”; mientras un grupo de visitadores “se reían, diciendo que no nos preocupáramos, que nada más nos darían 25 años de cárcel y que no teníamos nada de golpes; que nos hubieran golpeado más”.

Una decena de relatos se pronuncian en el mismo sentido. Corro Díaz manifiesta su sorpresa ante estos testimonios y dice: “Esto me parece muy grave. Yo no tengo los argumentos ni para desmentirlos; pero sí les pediría que vinieran para cerciorarnos de eso”.

Policías dañan patrimonio histórico

El casco de la exhacienda de Coapa, en el poblado de Tiripetío, es desde 1949 el edificio central de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Se trata de una construcción de dos niveles, estilo neoclásico, con pórticos de arquería de medio punto y escaleras tipo imperial, que data de la época de la Colonia.

El inmueble que antaño perteneció a la orden de los agustinos es considerado monumento histórico, es decir, un bien vinculado con la historia de la nación.

El artículo 36 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que son monumentos históricos “los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornatos públicos y al uso de las autoridades civiles y militares”.

Como consta en el acta destacada 139 de la Notaría Pública 153, de Michoacán de Ocampo, la irrupción policiaca a la Normal de Tiripetío del pasado 15 de octubre dejó daños irreparables al monumento histórico. El hecho constituye un delito federal que se corresponde con una sanción de 1 a 10 años prisión y una multa hasta por el valor del daño causado.

En el documento signado por María Lucila Arteaga Garibay, titular de dicha notaría, se lee: “es en el casco de la hacienda donde se observa a simple vista el mayor daño al inmueble, ya que todas la puertas de madera y vidrio que daban acceso al inmueble o bodegas fueron destruidas, muchas sin posibilidad de reparación, así como los vidrios de todas las puertas”.

Respecto del deterioro que sufrieron otras áreas y mobiliario de la Normal, la Notaría Pública 53 da fe de una barda, la que colinda con la antigua carretera Morelia-Pátzcuaro, destruida en aproximadamente 19 metros; la chapa del cubículo de maestros de la planta baja, la de la sala de cómputo y la de la bodega Economato –donde están los archivos y la contabilidad del comedor–, forzadas y “con golpes contundentes”; las puerta del almacén de la banda de guerra y del almacén activo fijo y de consumo, destruidas; la puerta de fierro corrediza del auditorio, derrumbada; la pantalla gigante de televisión del comedor, quebrada; y los casilleros donde guardan sus artículos los empleados, abiertos a la fuerza.

También da cuenta del mobiliario faltante: un cañón de proyección, una pantalla de cómputo, tóner para impresoras, dos güiros, el monitor y el CPU de una computadora de escritorio, un estuche de llaves, un juego de dados, una pulidora, una desbrozadora, un taladro, una computadora portátil, una grabadora y una caja de herramientas.

Robo a estudiantes

El acta notarial dedica un pequeño espacio al deterioro que presenta el área de los dormitorios de los estudiantes. Certifica que todas y cada una de las puertas de fierro fueron abiertas con violencia y que las chapas, pasadores y/o candados de las mismas presentan “golpes contundentes”. Reporta asimismo casilleros abiertos a la fuerza e, incluso, que la puerta de uno de los dormitorios “despegada en su totalidad”, “yace tirada”.

De acuerdo con el acta destacada 139, un grupo de alumnos que arribó al área de dormitorios de la Normal de Tiripetío en el momento de la inspección pidió a la notaria María Lucila Arteaga Garibay “que asentara la relación de todo lo que faltaba en sus dormitorios”. Ella les respondió: “No puedo dar fe de esos hechos y les recomiendo que hagan una relación y que presenten la denuncia correspondiente”.

Así los alumnos, por cuenta propia, se dieron a la tarea de documentar sus pérdidas. Ya sea cuando los sometieron o cuando hurgaron en sus habitaciones, los policías les robaron dinero en efectivo, celulares, computadoras personales, ipods, memorias USB, aparatos electrónicos, maletas, ropa e incluso artículos de uso personal, como perfumes, cremas y desodorantes.

No conformes, los uniformados saquearon el área de la cocina conocida como Economato de donde sustrajeron alrededor de medio millón de pesos, el recurso que las autoridades educativas brindan a los estudiantes para sus alimentos y que se complementa con los dineros que los normalistas obtienen de la cooperativa estudiantil que ellos administran.

Los estudiantes, angustiados, se preguntan si podrán recuperar sus pertenencias. Les preocupan las pérdidas económicas, pero también que en las memorias de sus computadoras se fueron sus trabajos escolares.

Otro mensaje de impunidad

Los estudiantes que acudieron a la PGR a interponer denuncias aprovecharon su estancia en esta dependencia para entregar a Ramiro Ramírez Carrillo, agente del Ministerio Público, una docena de documentos y objetos que, de manera deliberada, los policías dejaron al interior y en los alrededores de la Normal de Tiripetío.

Se trata de carteras, tarjetas de banco y de seguros médicos, licencias de conducir, recibos de pago, certificados de secundaria, copias de cartillas de servicio militar, notificaciones de diligencias, cédulas de recibos y resguardo de armamento y otros documentos oficiales, como actas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población. Incluso, “74 fotografías referentes a los malos tratos recibidos por parte de agentes, así como de la media filiación de estos agentes e instrumentos utilizados por los policías federales en el operativo realizado en la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán”.

Los dueños de las pertenencias son Edi Leonardo Gutiérrez Méndez, Juan Carlos Martínez Cuevas, Víctor Eliodoro Garcés Jiménez y Jorge César Lilia Baltazar; todos, empleados de la SSP federal.

Los estudiantes encontraron también uniformes marcados con la insignia de la Policía Federal, fusiles de asalto, municiones y pertrechos, mismos que apilaron en las afueras de las instalaciones educativas.

De acuerdo con las fotografías a las que tuvo acceso este semanario, un hombre robusto de unos 48 años vestido con pantalón azul de mezclilla y camisa blanca recogió, a plena luz del día, estos artículos y los introdujo en el vehículo en que se trasportaba, una camioneta blanca Chevrolet Trail Blazer con placas 300-UWV del Distrito Federal.

Las abogadas de la ANAD, quienes documentaron esta situación, reprueban el aparente descuido de los uniformados, aunque no descartan que los objetos hayan sido abandonados a propósito para justificar otra irrupción policiaca a las instalaciones o incriminar a ciertos policías.

Las defensoras rescatan el mensaje de impunidad que acompaña el hecho. Y es que, es tanta la ilegalidad que priva en Michoacán, que los uniformados pueden dejar abandonado su equipo, documentación personal e imágenes de sus malos tratos sin que ocurra absolutamente nada.

Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con la SSP federal, a través de Juan Carlos Buenrostro, del Área de Comunicación Social de esa dependencia. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.