Michoacán omitió ejercer 80% del presupuesto de seguridad

En 2013, Michoacán registró las tasas más altas de incidencia delictiva por homicidio doloso, secuestro y robo de vehículo con violencia que haya tenido durante el presente siglo.

De acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto de la incidencia delictiva del fuero común, el año en que Fausto Vallejo Figueroa y José de Jesús Reyna García gobernaron Michoacán (de abril a octubre Reyna suplió a Vallejo en su cargo como gobernador), se perpetraron en la entidad 902 homicidios dolosos, 194 secuestros y 1 mil 436 robos violentos de vehículos.

Estas cifras expresadas en tasas por cada 100 mil habitantes (19.91, 4.28 y 31.70, respectivamente) permiten determinar que para 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo federal, Michoacán ocupó la posición cinco respecto de las entidades del país con más incidencia de secuestros; la 10 entre las que reportaron más homicidios dolosos, y la 11 con más vehículos robados violentamente.

En 2013, periodo en alusión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó el ejercicio de los dineros destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Fasp), mismos que para el caso el caso de Michoacán ascendieron a 277 millones 615 mil 499 pesos, lo que representa el 13 por ciento del presupuesto total que el gobierno del estado destina en materia seguridad pública.

El fallo de los auditores resultó negativo. En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 señalan la falta de gestión eficiente, eficaz y transparente, en apego a la normativa que regula el ejercicio de dicho Fondo, situación que impactaría de manera negativa en el cumplimiento de las metas y los objetivos programados.

Destaca, entre las irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización del país, un subejercicio, al 31 de diciembre de 2013, del 88.5 por ciento del total de recursos etiquetados para el Fasp, lo que equivale 245 millones 686 mil 600 pesos: dinero no devengado, según consta en el reporte de los auditores, por “la formalización del Convenio de Coordinación y de su Anexo Técnico –condición para el ejercicio de los recursos en la que participan el gobierno federal y el estatal–” y porque no existía dinero en la cuenta bancaria destinada para tal fin, ya que éste fue trasladado a otras cuentas del estado.

Al 30 de junio de 2014, el monto ejercido por la entidad fiscalizada pasó de 31 millones 928 mil 900 pesos a 48 millones 15 mil 700, sobre todo a raíz de la reprogramación que el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán realizó de las metas originales de los recursos del Fasp. Reprogramación de 11 millones 677 mil 100 pesos que justificó bajo los argumentos de “planeación inadecuada de las acciones por realizar” y de “cambios de proyectos y replanteamiento de necesidades”.

Como puede observarse, para mediados de 2014, fecha de corte de la revisión, el porcentaje del subejercicio de los dineros transferidos de la federación a la hacienda pública michoacana para tareas específicas de seguridad pública fue del 82.7 respecto del 88.5 reportado al cierre de 2013, lo que representó un monto de 229 millones 599 mil 800 pesos.

El Informe general de la Cuenta Pública 2013, a cargo de la ASF, califica la situación como subejercicios “significativos y recurrentes” por parte de los gobiernos locales respecto de algunos fondos y programas. Tal es el caso del Fasp –que forma parte del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios–, cuyo monto total para 2013 ascendió a 7 mil 631 millones 760 mil 775 pesos, de los cuales quedaron sin devengar para el año fiscal correspondiente 3 mil 587 millones 900 mil pesos, es decir, el 47 por ciento del total presupuestado.

El Fasp, previsto en los artículos 25, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, contempla los dineros etiquetados para los rubros siguientes: reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración del personal vinculado a la seguridad pública; equipamiento de policías judiciales o preventivos, peritos, agentes del Ministerio Público y custodios de centros penitenciarios; operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; e infraestructura de instalaciones de procuración e impartición de justicia, de cuerpos de seguridad y de centros penitenciarios.

Con relación a la eficiencia y eficacia de las metas del Fasp para el gobierno de Michoacán en el ejercicio fiscal 2013, la ASF reporta que los índices delictivos de robo a bancos, secuestro, lesiones y homicidio presentaron variaciones al alza con respecto de 2012 de hasta el 157.1 por ciento para el primero de los casos, y de 43.7, 6.5 y 5.4 para los subsecuentes. En tanto, los delitos de robo a transeúntes, robo de vehículos, robo a casa habitación y robo a negocios mostraron variaciones a la baja de 3.2, 4.5, 6 y 6.4 por ciento, respectivamente.

Daño por más de 230 millones de pesos

El gobierno de Michoacán, ahora con Salvador Jara Guerrero a la cabeza, deberá responder por un probable daño a la hacienda pública federal de 230 millones 637 mil 904.50 pesos, equivalentes al 83.1 por ciento del total de los dineros que la federación le transfirió en 2013 por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Así lo determinó el personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública acota que, respecto del ejercicio de los recursos, el gobierno de Michoacán incumplió principalmente en materia de transparencia y registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En un hecho irregular, las autoridades michoacanas transfirieron 269 millones 167 mil pesos del Fasp a una cuenta propia. Al 26 de junio de 2014, sólo reintegraron 50 millones 57 mil 700 de estos dineros, por lo que quedaron pendientes de devolución 219 millones 109 mil 300 pesos.

Asimismo, el gobierno con sede en Morelia –la capital del estado– no presentó documentación original de justificación y comprobación del gasto de 9 millones 780 mil 614.96 pesos; empleó 1 millón 119 mil 825.30 pesos en pagos que no cumplen con la normativa que estipula la Ley de Coordinación Fiscal; y adquirió un vehículo que se encuentra siniestrado por 228 mil 180 pesos, sin que haya realizado el trámite de recuperación con la aseguradora, por lo que el destino de estos recursos no cumplió con los fines previstos.

Sin sistema de control interno adecuado

La ASF inició, igualmente, seis promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria ante la Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán para que investigue y, en su caso, emprenda el procedimiento administrativo correspondiente por diversos actos u omisiones de servidores públicos en ejercicio del cargo.

La primera de ellas se deriva del incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que la entidad federativa sólo proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público uno de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos: el formato a nivel Fondo del cuarto trimestre. Además de que las cifras que le reportó del presupuesto comprometido, devengado y pagado no se corresponden con las de los diferentes reportes contable-presupuestales.

Respecto del programa con prioridad nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, el máximo órgano de fiscalización del país señala que no se erogaron los montos comprometidos ni se alcanzaron las metas de alineación normativa, difusión del servicio profesional de carrera, de formación inicial, actualización, evaluaciones del desempeño, equipamiento de personal e infraestructura de institutos o academias.

En lo que compete al programa con prioridad nacional: Nuevo Sistema de Justicia Penal, los auditores detectaron que la entidad en revisión no presentó evidencia de la publicación en órganos oficiales del decreto del nuevo sistema de justicia penal; de la entrada en vigor de los nuevos modelos de gestión; de los vistos buenos de cursos de capacitación, aplicaciones, equipos informáticos y proyectos en marcha; ni de la ejecución de la obra pública comprometida.

Con relación al programa con prioridad nacional: Registro Público Vehicular, el gobierno de Michoacán falló, igualmente, en la presentación de evidencia del personal capacitado, de la instalación de tres centros de verificación, de la colocación de dos arcos de monitoreo, de los reportes de los centros de monitoreo, de las constancias del padrón vehicular, así como del estado que guarda la iniciativa de modificación del Reglamento de Tránsito Estatal en el Congreso.

La quinta promoción de responsabilidad administrativa refiere el incumplimiento de las metas del programa con prioridad nacional: Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia, en función de que no se alcanzaron los montos de la inversión en infraestructura y equipamiento comprometidos.

Finalmente, la ASF apunta que la entidad fiscalizada no contó con indicadores del Fondo de Aportaciones Federales ni de los programas y convenios que servirán de base para evaluar los resultados de dichos recursos.

A partir de lo anterior, el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para la revisión de la Cuenta Pública advierte que “el estado no dispone de un sistema de control interno adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.

Con el objetivo de conocer la posición oficial respecto de las inconsistencias detectadas por los auditores y, en su caso, la forma en que éstas fueron solventadas, se solicitó entrevista con el gobierno de Michoacán a través de Georgina Morales Gutiérrez, coordinadora General de Comunicación Social. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.