La Unión Europea busca salvavidas en América Latina

La llamada “gran recesión” de 2008-2009 que golpeó duramente a los países capitalistas desarrollados y a las naciones más débiles de Europa, entre éstas Irlanda, Grecia, Islandia y España, extendió, en 2011, sus efectos al resto de la Unión Europea, que hoy en día pasa por el momento más grave y dramático de su historia.

Los estragos que, en lo social, la crisis de la Unión Europea ha traído a su población mediante la aplicación de las llamadas políticas de austeridad por parte de sus gobiernos, son inmensos, pues lejos de buscar salidas diferentes a las planteadas por el decadente modelo neoliberal insisten en rehuir a su responsabilidad social, y optan por dejar de invertir en sus propios países, con lo que dejan tras su “huida al exterior” a 26 millones de personas en el desempleo.

Es por ello que, más allá de un probable escenario de relación comercial y de inversión entre los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea, los Estados del Continente Americano deben poner las reglas del juego bien claras para evitar que sus objetivos comunes, tanto en lo económico como en lo social, se vean afectados por la intención de los inversionistas europeos que buscarán, a través de las poderosas multinacionales, obtener una avasallante “certeza jurídica” que atente contra su autonomía e independencia e intente imponer, como sucede en Europa, condiciones de precarización a los trabajadores.

Los países del centro y Suramérica, que además de constituirse en la Celac han buscado una mayor integración y cooperación regional para su desarrollo económico a través de otros organismos, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) o la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), no deben pasar por alto que una de las causales de la debacle europea es su abierta crisis política, originada por la marcada insensibilidad social mostrada por sus gobiernos y la Comisión Europea. Todo el mundo ha atestiguado que las medidas impuestas por las autoridades de la zona son sencillamente antidemocráticas.

Varios Estados europeos están utilizando la crisis económica como pretexto para operar cambios en sus políticas sociales, sobre todo en el campo laboral, incluso más allá de las exigencias de los organismos financieros, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, con lo cual borran de tajo lo que queda del llamado Estado de bienestar y condenan a las futuras generaciones a una vida en condiciones sociales y económicas inferiores a las presentes. En su afán por desplazar al dólar del escenario mundial con su moneda única (el euro), la Unión Europea se olvidó en su integración de plasmar una constitución social europea.

Los gobiernos latinoamericanos tampoco deben pasar por alto que en la medida en que la crisis de la zona del euro se intensificó a partir de octubre de 2011, el control en la formulación de políticas quedó sólo en manos de dos Estados miembros: Alemania y Francia, con lo cual se alienta una peligrosa tendencia hacia soluciones autoritarias. Ambas naciones supervisan la ejecución en los puntos clave, al grado de darse el lujo de cambiar mediante los llamados “golpes de Estado blandos” a jefes de gobierno elegidos democráticamente, como sucedió en Italia y en Grecia, para colocar a tecnócratas que den confianza a los mercados financieros, o mejor dicho, a las mafias financieras.

De esta forma, la crisis del euro ha convertido a la Unión Europea en algo totalmente distinto a lo planteado en sus orígenes, y lejos de ser una asociación voluntaria, subsiste mediante una dura disciplina; y lejos de ser una asociación de iguales, se ha mutado a una disposición jerárquica en la que el centro dicta la política mientras que la periferia está cada vez más subordinada.

No debe pasarse por alto que a últimas fechas han surgido posturas europeístas que han lanzando una ofensiva a favor de la creación de una nueva federación europea que busca entregarles mayores poderes a los tecnócratas de la Comisión Europea y su presidente. Son estas fuerzas emergentes que entienden dicho proyecto como una construcción universalista las que al igual que promueven un tratado de libre comercio con Estados Unidos también alientan la realización de encuentros como la Cumbre, celebrada en los pasados días en Chile.

Otro aspecto que debe ser valorado por los países latinoamericanos es que las políticas de austeridad expresadas en el conocido pacto fiscal no han logrado detener la caída en la economía europea, con lo que dejan en evidencia que las soluciones neoliberales (la llamada troika) han fracasado estrepitosamente en reactivar el consumo interno y la inversión, al impedir la reactivación de una eventual recuperación económica. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos refieren que la inversión fija de la Unión Europea al segundo trimestre de 2012 estaba en 485 billones de euros por debajo del primer trimestre de 2008.

Debe por ello destacarse que a la par de la realización de la Cumbre de la Celac-Unión Europea, organizaciones sociales y populares de América y Europa se dieron a la tarea de analizar el contexto en que se dio dicho encuentro, y emitieron la Declaración de la Cumbre de los Pueblos, que además de lanzar una voz de alerta a sus gobiernos ha denunciado en la comunidad internacional lo paradójico que resultó el título del encuentro: “Alianza para el desarrollo sustentable, promoviendo las inversiones de calidad social y ambiental”, cuando los representantes del viejo continente dejaron bien clara su intención de invertir en áreas como la minería y los servicios, y exigir “más garantías” para acabar, según dijeron, con el clima de desconfianza generado por las expropiaciones realizadas el año pasado por países como Bolivia y Argentina, que operaron sendas nacionalizaciones en la defensa de sus energéticos.

Exigencias que contrastan, como ya se apuntó, con las recientes iniciativas de integración regional surgidas en América Latina –Alba, Unasur, Celac– que, aun con sus imperfecciones, han logrado establecer nuevas prioridades como la inclusión de temas ambientales.

La Declaración de la Cumbre de los Pueblos concluyó por ello su rechazo al actual modelo de relaciones entre la Unión Europea y la Celac, por responder sólo a los intereses de las grandes corporaciones al pretender profundizar el ya fracasado esquema del libre comercio, así como la exigencia por abandonar los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, y la salida a la crisis a través de un modelo diferente al neoliberal, que sólo beneficia al capital financiero en detrimento de la clase trabajadora.

Las organizaciones sociales de América instan a sus gobiernos a transitar hacia un modelo económico basado en el pleno reconocimiento de todos los derechos colectivos, laborales, de las mujeres, de los pueblos originarios y de las comunidades, y hacen un llamado a los pueblos de ambos continentes para redoblar sus lazos de solidaridad en contra del neoliberalismo, para que la crisis no les transfiera su alto costo.

La Unión Europea hace agua y debe ser ejemplo, a los gobiernos de nuestro continente, para no seguir sus pasos ni caer en la trampa de convertirse en su cómodo salvavidas.