PRI: Inversión privada en Pemex necesita reforma constitucional (III)

El diputado priísta Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice en entrevista con Contralínea que para ejecutar la propuesta de su partido de que la iniciativa privada participe en la paraestatal petrolera es necesario reformar la Constitución Política.

“Depende de la aéreas en las que se vaya a hacer [la propuesta para una apertura de Pemex, Petróleos Mexicanos] que se tendría que plantear [una reforma constitucional]. Lo más sano es reformar la Constitución. Tendríamos que revisar el alcance de la reforma energética que se propone, y en ese sentido revisaremos la reforma constitucional que se requiere”.

Bernal se refiere a los cambios en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dados a conocer a principios de marzo de 2013, en los que se promueve una flexibilización en los esquemas de participación económica para capitales privados en Pemex.

La discusión sobre la apertura de la paraestatal se tiene programada para el segundo semestre del año. En ese sentido, la importancia de los cambios a los estatutos radica en que el PRI puede formar junto con el Partido Verde Ecologista de México una fuerza suficiente en el Congreso de la Unión para que se den los cambios estructurales en la petrolera.

No obstante, el legislador explica que en sectores como gas y petroquímica la iniciativa privada se insertó sin que se hubiera modificado la Carta Magna. Sin embargo, “en áreas como refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos sí habría que pensar en una reforma constitucional”.

—¿La propuesta del PRI va dirigida a esas áreas?

—Sí, va en ese camino.

Julio César Moreno Rivera, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que la reforma energética que propone el PRI es estructural. Por lo tanto, advierte, se espera una reforma a la Constitución.

“Pemex es un patrimonio nacional y es el punto central de la reforma energética. El debate será álgido: nuestro partido no va a dejar que se privatice Pemex por ningún motivo. Estamos abiertos a la inversión privada, pero no en los márgenes en los que se ponga en riesgo el petróleo mexicano”.

—¿La inversión privada que ya existe en Pemex es constitucional?

—Por supuesto. Está apegada a derecho; lo que no vamos a permitir es que en el fundamento de una reforma constitucional como la energética se quiera aprovechar una mayoría mecánica para poder privatizar Petróleos Mexicanos.

El legislador comenta que además de darse la discusión sobre los artículos 27 y 28 de la Constitución, el debate más fuerte será en las leyes secundarias. El PRD va a velar porque no se viole ninguna norma constitucional: “Protegeremos el patrimonio de todos los mexicanos, como lo es el petróleo”.

Sin embargo, el especialista Miguel Covián Andrade menciona que habría que conocer punto por punto la estrategia priísta. “Si el proyecto es tal que deja en manos del Estado la capacidad de decisión en todas la aéreas de Petróleos Mexicanos ni siquiera habría que modificar la Constitución: no se está cambiando realmente el régimen jurídico que regula a Pemex, el cual establece que se trata de una empresa pública que se dedica a operar en un ámbito de intervención exclusiva del Estado”.

El especialista expone que el punto central de Pemex es el financiamiento, al ser ésta una empresa pública no se puede capitalizar a sí misma porque todas sus utilidades pasan a formar parte del erario. Además, en términos generales, se calcula que cada año el 33 por ciento de ingresos totales establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación que soporta el Presupuesto de Egresos de la Federación proviene de Pemex: de cada peso que se gasta en el ámbito público, 33 centavos provienen de Pemex.

“Es por ello que Pemex al no capitalizarse no se moderniza, no puede operar eficientemente, no tiene tecnología adecuada, por ello necesita recursos frescos. Por eso se necesitan formas de financiamiento sin que el Estado pierda el control de la petrolera.”

Sin embargo, la diputada María del Socorro Ceseñas señala que el PRI sí se propone abrir Pemex a la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera, y no solamente en el tema de la extracción, sino también en de los ductos y la refinación, porque piensan que México no es capaz de potenciar la industria petrolera con la tecnología que tiene.

Advierte que la posición de su partido es contraria a la del PRI y no es necesario abrir la paraestatal al sector privado, ya que en este país existe la tecnología y los cerebros que puedan ayudar a potenciar la refinación, la conducción y la extracción de manera más efectiva.

“No se necesita abrir la paraestatal a la iniciativa privada, es necesario abatir la corrupción y también fortalecer a Pemex porque, a pesar de los malos manejos, las ganancias han sido redituables. La mayor parte de la canasta mexicana son las ganancias del petróleo.

“La propuesta del PRI es equivocada, todo lo quieren arreglar abriéndolo a la iniciativa privada. Sin embargo, se tienen ejemplos concretos de que eso no ha servido. En Nuevo León se privatizó el suministro de gas para uso doméstico y el servicio de recolección de basura; en Saltillo, Coahuila, se privatizó el servicio de suministro de agua. En los tres casos las quejas ciudadanas por la ineficiencia de quienes los operan son muchas.”

—¿Cuál podría ser una alternativa a esta situación?

—Construir más refinerías para dejar de importar tanta gasolina.

El abogado Juan de Dios Hernández Monge declara que la apertura de Pemex a la iniciativa privada es un saqueo histórico de los bienes nacionales. Además, “es una falacia mencionar que no hay tecnología nacional para explorar y explotar los ductos de aguas profundas.

“Se han entregado 650 mil hectáreas en el Golfo de México para la exploración y explotación al capital extranjero. Hay 3 billones de pesos que entraron como ingresos extras al erario, pero no sabemos dónde quedaron”.
Con respecto a lo que propone el PRI, Manuel Barquín Álvarez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que habría que conocer a fondo su propuesta. “Hasta la fecha no han señalado con detalle cómo se daría la apertura de Pemex al sector privado”.

No obstante, explica, es importante cuidar el aspecto constitucional, si no, puede ser motivo de una impugnación en el Poder Judicial de la Federación que pudiera ser o no exitosa, pero retrasaría las cosas. Se debe analizar que las modificaciones que propone el PRI estén en condiciones de no ofrecer un rango vulnerable a una impugnación por inconstitucionalidad, haría necesaria una revisión constitucional para adecuarla a dicho marco.

“Las inversiones en materia de energía son de miles de millones de pesos y los inversionistas no van arriesgar su capital si no hay una ley clara que los proteja. Ya sea una reforma que esté dentro del marco constitucional actual o que plantee una reforma, ellos esperan que el texto sea claro y no ponga en riesgo sus inversiones”, considera el investigador.

Sin embargo, dice, “el Estado mexicano es propietario del subsuelo donde están los hidrocarburos, además de todo el ramo industrial de la explotación de hidrocarburos, por ello, la nación no pierde control sobre sus recursos”.

Finalmente, menciona que los posibles artículos afectados en caso de que se necesite una reforma constitucional son el 28, el 25 y el 27, en su párrafo cuarto y sexto, los cuales se refieren a subsuelo y explotación petrolera.

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