Transgénicos: la Sagarpa no escucha “razones indígenas” (VI)

Los apicultores han solicitado reiteradamente declarar la Península de Yucatán una zona libre de transgénicos. De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, se podrán establecer zonas libres de dichos organismos para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante si se trata de organismos de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación.

A través de su Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realizó en 2012 una investigación en localidades del Soconusco con el fin de conocer más la influencia de los transgénicos en la elaboración de miel y determinar con elementos científico-técnicos si era viable la coexistencia entre apicultura y soya transgénica.

Derivado de esa investigación, en diciembre de 2012 elaboraron un reporte técnico donde daban cuenta de que, contrario a la información difundida por AgroBio (asociación civil que congrega empresas desarrolladoras de biotecnología agrícola, cuyos miembros son Bayer, Dow AgroSciences, Monsanto, Pioneer y Syngenta), las abejas sí visitan las flores de soya, y en consecuencia, la gran mayoría de las muestras de miel y de polen contuvieron polen de soya transgénica.

“Los contenidos de polen de soya en las muestras fueron en algunos casos mayores al 40 por ciento del total del polen. Las abejas pecorean en plantíos de soya que distan hasta 2 kilómetros de las colmenas. En algunas muestras cercanas y lejanas de los plantíos de soya se encontraron porcentajes muy altos de polen de soya genéticamente modificada sobre el total del polen de soya.”

Las muestras de miel obtenidas por los investigadores de Ecosur fueron enviadas al prestigiado laboratorio alemán Intertek, SA de CV. El análisis permitió determinar que no se considera viable la coexistencia.

El secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Ariel Álvarez Morales, asegura que han recibido algunas solicitudes para establecer zonas libres de transgénicos. “[Pero] hasta donde sabemos no se estaban afectando los derechos de productores de miel orgánica. Ellos son quienes tienen que hacer la solicitud. Es un derecho, una posibilidad. No puede uno ir a decirles que tienen que hacer la solicitud”.

Asegura el investigador que si la apicultura orgánica tiene algún problema lo van a revisar y “quizá hay que buscar alguna forma de hacer que coexistan las tecnologías”.

—¿Esto no debería de ser antes de la autorización?

—¿Cuántos productores de miel orgánica hay en la Península de Yucatán con un certificado de producción de miel orgánica? Nosotros fuimos a Quintana Roo cuando nos llamaron para preguntarnos los productores orgánicos del lugar, y hasta donde nosotros tenemos registrado eran los únicos productores orgánicos de toda la región; ahora tal vez ya hay más, ahora tal vez ya quieren ser productores orgánicos. Está bien, pero deben tener un certificado.

El proceso para determinar las zonas no es fácil, dice Ariel Álvarez Morales, “porque se trata también, a veces, de no pasar por encima de los derechos de los individuos. Si hay una comunidad que dice ‘estos materiales que estoy sembrando me sirven, tengo derecho a utilizarlos, me traen un beneficio’, y el de junto dice ‘no quiero’, bueno, ‘pues dime por qué’. Se trata de que esté bien fundamentado”.

Aunque Álvarez no desestima el trabajo de Ecosur, sugiere que éste se realizó en época de lluvias, cuando, dice, se produce la miel que no se exporta. Además, anota que se hizo cuando todavía no se sembraba soya de manera comercial, “porque hubo algunos amparos, [por] situaciones de esta naturaleza, no se sembró nada, entonces de dónde sale esa soya genéticamente modificada de 2012”.

—¿De los cultivos experimentales y piloto? –se le inquiere.

—Pero esa soya es anual, entonces no es soya de 2012, no son 40 toneladas de miel.

Refiere que cuando se dieron a conocer las denuncias de los apicultores “no nos quedamos sentados a ver qué pasa. Conseguimos información, fuimos a la Península, buscamos un grupo independiente con expertos que nos pudieran asesorar y se les pagó el estudio. Es gente del Departamento de Apicultura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ellos son los expertos. A ellos les preguntamos, ellos nos corroboraron los datos, ellos nos dijeron que veían muy difícil que hubiera este problema”.

—¿Para usted entonces no tienen valor los resultados del laboratorio Intertek?

—Si me dicen que hay polen de estas plantas en septiembre, no tengo por qué negarlo. Claro. Y nuestro propio estudio seguro nos va a decir que hay polen, pero en qué cantidad. Esa miel no es la que normalmente exportan. No estoy cuestionando la de los laboratorios; no tengo evidencia para cuestionarlo; tampoco voy a meter la mano al fuego por esos datos que no he visto. Nosotros tomamos muestras y las enviamos a un laboratorio certificado de medio ambiente y no encontramos polen en la miel que se exporta”.

Álvaro Mena viajó desde Campeche hasta la Ciudad de México para hacer una denuncia pública en el marco del debate sobre maíz transgénico, que se llevó a cabo el 7 de febrero pasado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, debate al que se negaron a asistir las autoridades de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Cibiogem.

Ahí Álvaro comentó ante un auditorio atiborrado: “La Sagarpa no tiene un apartado en internet para poner razones de cultura de los pueblos indígenas por las cuales no queremos transgénicos. Los del gobierno no escuchan razones científicas; razones culturales, menos; razones indígenas, mucho menos. Y esas razones no las podemos poner en la Sagarpa; la Sagarpa pide ‘razones científicas’, ‘razones técnicas’. Las nuestras no lo son, son razones de vida, de resistencia, de cultura de muchos pueblos”.

Sin consultar a las comunidades, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria avaló la coexistencia entre la apicultura tradicional y la agricultura transgénica bajo el argumento de que la liberación al ambiente de soya genéticamente modificada no implica riesgo alguno. No obstante, un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea, en Alemania, que colocó a los apicultores como afectados directos de los cultivos de organismos genéticamente modificados, contradijo a la dependencia. Siete amparos han sido interpuestos desde entonces. La batalla judicial apenas empieza

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