El panorama para los 9 millones de mexicanos que padecen insuficiencia renal crónica –129 mil de ellos en estado de gravedad– es desolador. El problema se complica aún más para quienes carecen de seguridad social, pues se enfrentan a tratamientos caros y escasez de nefrólogos (médicos especialistas en enfermedades del riñón). En la actualidad, México presenta un déficit de nefrólogos, pues sólo hay unos 900 en toda la República Mexicana.

Según el testimonio de José Fabricio, “esta enfermedad es muy cara: estamos hablando de 8 mil a 12 mil pesos mensuales; si no tienes seguro, es inalcanzable”.

El médico nefrólogo Sergio Hernández menciona: “Los atendemos en el hospital, les recetamos su tratamiento; pero al no poder adquirir las medicinas o las bolsas para dializarse en sus casas, que tienen un costo de 6 mil pesos al mes, optan por terapias más pobres que derivan en la muerte”.

Ante el panorama que enfrentan los enfermos de insuficiencia renal, el Hospital Civil de Guadalajara inició la capacitación de médicos de primer contacto en la identificación, diagnóstico y tratamiento de la falla renal en etapas iniciales. Se incluye el seguimiento clínico integral con el apoyo de médicos especialistas. Hasta ahora se han incorporado 7 mil 700 individuos-paciente y la meta es llegar a 10 mil, en los que se pueda retardar o de plano frenar la progresión de la falla renal.

El director del Hospital Civil de Guadalajara explica que la falla renal tiene cinco etapas. Entre la primera y la tercera, el problema se puede revertir, “pero casi nadie lo sabe y, de hecho, pasan desapercibidas”. La mayoría de los diagnósticos se obtienen hasta que ya es irreversible y se requieren las terapias de sustitución (diálisis o hemodiálisis).

En Jalisco se desarrolla un estudio piloto a petición de la Secretaría de Salud federal y ya hay resultados; entre otros, se destaca que 43 por ciento de los individuos con diabetes también tiene un grado de daño en los riñones. Esto puede y debe ser atendido para evitar su progresión. Un examen clínico de orina es suficiente para detectarlo.

Algunos especialistas consultados plantean que desde la reforma a la Ley General de Salud en 2000, y a pesar de las estadísticas oficiales, es muy poco lo que se ha avanzado. En ese año se instauró el andamiaje jurídico para la donación y trasplante de órganos y tejidos; entre otras cosas se establecieron los criterios para determinar la muerte cerebral de una persona, así como para lograr la creación del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El problema de fondo con la donación y trasplante de órganos en México es la falta de control y capacidad de vigilancia del Cenatra, ente rector en la materia, el cual tampoco ha logrado impulsar realmente la cultura que genere donadores, afirman médicos especialistas.

Desde hace algunos meses, el Seguro Popular paga los trasplantes de riñón, pero sólo en los niños. Los adultos, que son la mayor parte de los afectados con complicaciones de diabetes, están fuera de ese beneficio. Estimaciones oficiales recientes indican que 300 mil personas en el país ya tienen insuficiencia renal.

Donación de órganos, solución

Con la infraestructura ya instalada, de 2 a 5 años tomaría terminar con el problema de insuficiencia renal crónica en México. Para ello se requiere garantizar la obtención de riñones para trasplante y realizar las cirugías, pues los pacientes realmente se verían beneficiados.

Actualmente, cada afectado requiere una inversión de 700 mil pesos para las terapias de diálisis y hemodiálisis, monto que resulta insostenible. Por ello lo que se necesita es que las personas con insuficiencia renal ingresen a un programa de trasplante de inmediato. La inversión para evitar el rechazo del nuevo órgano no rebasaría los 200 mil pesos anuales, pero además los pacientes estarían en posibilidades de reincorporarse a la actividad productiva y dejar de ser una carga para el país y para sus familias.

Existe una solicitud en este sentido, de acuerdo con los responsables de este esquema de protección social; sin embargo, ésta no se podrá cumplir por falta de recursos.

Tan sólo cubrir la atención de los 64 mil pacientes con insuficiencia renal crónica afiliados al Seguro Popular –y que no son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado– implicaría gastar 9 mil 200 millones de pesos por año.

Esa cifra, explican, representa todo el dinero destinado al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para atender las 20 enfermedades más caras en el país, por lo que de usarse para hemodiálisis y diálisis ya no se atendería a pacientes con cáncer o con VIH-Sida; aunado también a problemas que aquejan al país como la carencia de agua, sin la cual, las máquinas para diálisis y hemodiálisis no pueden funcionar.

Los especialistas estiman que para más de la mitad de las 129 mil personas con insuficiencia renal crónica su última opción para prolongar la vida es un trasplante de riñón; pero, a falta de donadores cadavéricos, se ha optado por la donación viva. Tan sólo en 2012 se realizaron 2 mil 450 trasplantes. Sin embargo no es suficiente, pues las cifras de enfermos, cotidianamente, va en aumento.

Propuesta

Ante esta situación es necesario sensibilizar a los legisladores –incluso a los de los congresos estatales– para que propongan y ejecuten una ley que permita realmente, sin corruptelas ni preferencias, el libre trasplante de órganos.

Se propone al Poder Ejecutivo federal promulgar una ley que beneficie y apresure la donación de órganos que tenga como parámetro a los enfermos terminales desahuciados.

Asimismo, la liberación de plazas en los diferentes hospitales del sector salud, primeramente para la especialidad de nefrología, que es la que a nivel nacional refleja el menor número de especialistas (900) para atender a toda la República Mexicana.

Miguel López Ortigoza
Fuente
Contralínea (México)