Informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, alertan de la presunta complicidad de transportistas afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) con bandas delincuenciales dedicadas al robo de combustibles que, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno de Felipe Calderón significó pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos para las finanzas públicas.

El amplio documento de ese órgano gubernamental de seguridad nacional señala a Sergio Padilla Corona, director general de Grupo Transportes, que aglutina a seis empresas transportistas (TUSA, AFSA, TCSA, TOSA, TPSA y TSSA) propiedad del empresario Carlos Hank Rhon, de mantener vínculos con Fabián Rodríguez Moreno, jefe de una banda de robo de combustibles que opera en el Noreste del país (Tamaulipas y Nuevo León) y lucra con los petrolíferos robados a Pemex por los cárteles de El Golfo y Los Zetas.

Dicho líder de la banda de robo de combustibles fue capturado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) a fines de noviembre de 2012, junto a varios cómplices. Les aseguraron 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de productos petrolíferos, los cuales contenían 16 mil litros de combustible, aproximadamente; 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros.

El Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de su órgano de Inteligencia Militar, indagan a empresarios, transportistas, funcionarios y exdirectivos petroleros, así como a trabajadores sindicalizados para determinar si participan o tienen algún vínculo con bandas del crimen organizado para facilitarles el robo de productos petrolíferos.

El director general de Grupo Transportes y empleado del Grupo Hank confirma conocer al jefe de la banda de robo de combustibles Fabián Rodríguez Moreno, con quien, dice, se reunió en varias ocasiones a petición del gerente de Transporte Terrestre de Pemex, Sergio Regino Bueno Salazar, y del líder de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, para permitirle que cinco camiones de carga usados para el robo de petrolíferos fueran enlistados en el Grupo Transportes y, mediante el Convenio Marco que tiene la Canacar con la subsidiarias Pemex Refinación, obtener los permisos correspondientes.

Entrevistado en un hotel de la zona de Polanco, en el Distrito Federal, Sergio Padilla asegura que “desconocía que se tratara de camiones pertenecientes a una banda de robo de combustibles. El favor me lo pidió directamente el gerente de Transporte Terrestre de Pemex, por eso lo hice, y a él se lo pidió el líder petrolero Héctor Sosa Rodríguez, quien es primo de Fabián Rodríguez [jefe de la banda]”.

El directivo del Grupo Transportes explica que el consejo que preside el empresario Carlos Hank Rhon ya lo había reprendido por utilizar al Grupo en beneficio de otros intereses. “Ya me regañaron por lo que hice”, se lamenta.

El vocero de Carlos Hank Rhon, Fernando Solís Cámara, deslinda al presidente del Grupo Transportes y del Banco Interacciones de cualquier acción que haya desarrollado su director general Sergio Padilla Corona, de quien dice “actuó de manera autónoma, sin autorización del señor Hank Rhon”.

Explica que Grupo Transportes tiene seis porteadores (transportadores), uno por cada empresa transportista propiedad de Hank Rhon, y cuenta con 285 permisos para la transportación de productos petrolíferos en igual número de camiones, de los cuales 265 son de Pemex Refinación y 20 de Pemex Exploración y Producción. Dichos permisos tienen antigüedad de entre 10 y 20 años.

Solís Cámara asegura que el director general del Grupo Transportes cuenta también con permisos propios, porque él tiene una empresa transportista, “y si tuvo alguna relación con el líder de la banda Fabián Rodríguez es a título personal, nunca representando a las empresas de Carlos Hank Rhon”. Fuentes de inteligencia confirman también que fue el secretario general de la Sección 34 del Sindicato Petrolero quien habría solicitado al gerente de Transporte Terrestre de Pemex que los camiones, tractocamiones y semirremolques de la banda dedicada al robo de combustibles fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales y evitaban ser detenidos cuando trasladaban petrolíferos robados de la misma paraestatal.

Número dos en la estructura del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana –apenas abajo del máximo dirigente Carlos Romero Deschamps–, Héctor Sosa Rodríguez desmiente las afirmaciones de directivos del Grupo Hank y niega, en entrevista, conocer a quien dicen es su “primo”, Fabián Rodríguez, y mucho menos recomendarlo en Pemex y al Grupo Transportes para que dieran de alta sus camiones para el transporte de petrolíferos.

Entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal por el rumbo de Azcapotzalco, el dirigente petrolero rechaza cualquier parentesco con el líder mafioso capturado; y aunque sí acepta conocer al gerente de Transporte Terrestre de Pemex y al director general del Grupo Transportes, dice: “Nunca he hecho negocios con ellos”.

En la investigación, el Cisen da cuenta de que “Pemex Refinación y empresas transportistas de productos petrolíferos agremiadas a la Canacar se encuentran en proceso de renovar un convenio marco, firmado el 28 de diciembre de 2008, para el transporte de petrolíferos.

“El ingeniero Carlos Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones, representa a Pemex en la negociación y su propuesta afecta intereses de un grupo de la Canacar, encabezado por Sergio Padilla Corona, director general de Transportes Unidos (TUSA).

“Sergio Padilla articula denuncias administrativas y penales por el supuesto incumplimiento del convenio y una demanda por actos de corrupción en contra de Carlos Murrieta, con el fin de presionar a éste para que modifiquen las condiciones del nuevo convenio. Incluso organiza artículos y notas en periódicos y revistas en contra del ingeniero Murrieta.”

El Cisen explica que Sergio Padilla se asesora con varios abogados, entre quienes menciona a José Néstor García Reza, quien fuera abogado general de Pemex de 2004 a 2010 y a quien ha consultado en varias ocasiones sobre sus problemas legales; a Roberto Jensen Valverde, quien auxilió a Padilla en la elaboración de un oficio dirigido al director general de la paraestatal, donde se asienta la denuncia en contra de Carlos Murrieta y el problema de la tarifa; y Gerardo Ramírez Ornelas, quien ganó un amparo para Padilla en 2003.

La información del Cisen precisa: “Sergio Padilla recurrió a Néstor García cuando se enteró que Fabián Rodríguez Moreno fue detenido por dirigir una organización de compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de refinados robados de ductos de Pemex, en el Noreste del país, actualmente desactivada.

“Rodríguez Moreno fungía como porteador (transportista) de Transportes Unidos”, empresa propiedad de Carlos Hank Rhon.

En otra ocasión, Sergio Padilla obtuvo información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), por conducto del abogado Néstor García Reza, sobre los contratos entre Pemex y la Canacar.

Hank: Grupo Transportes

En la página de internet del Grupo Transportes, se afirma que ésta es propiedad de Carlos Hank Rhon, distinguido priísta del Grupo Atlacomulco. Este consorcio de transporte está integrado por seis empresas: TUSA, AFSA, TCSA, TOSA, TPSA y TSSA, cuyo objetivo principal es “el servicio de traslado de productos derivados del petróleo entre diversas zonas geográficas del país”.

También se afirma que Grupo Transportes cuenta con más de 45 años de experiencia en el manejo de productos derivados de petróleo. En 1952 realizó su primer viaje, de Salamanca, Guanajuato, a Toluca, Estado de México. Cuenta con unidades de marcas mundialmente reconocidas. Sus vehículos arrastran 610 tanques de acero inoxidable y acero al carbón, con una capacidad de arrastre total de 18.5 millones de litros. En esta flota de tractocamiones están incluidas unidades a presión de doble semirremolque para el transporte de gas isobutano.

Escribe Carlos Hank en su página: “Nos sentimos comprometidos en todo lo que realizamos para permanecer al frente innovando y mejorando prácticas internacionales como la gestión de cuidado ambiental que está teniendo cada vez mayor importancia. Estamos haciendo ahora un esfuerzo para construir y apoyar un proyecto ecológico, el cual generará un aire más limpio y una mejor eficiencia a largo plazo con efectividad de costos.”

Investigan vínculos de banda criminal

La PGR y el Cisen investigan los vínculos de la principal banda de robo de combustibles en el Noreste del país que operaban bajo la protección de Los Zetas y del Cártel del Golfo, en Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, a la cual se le aseguró casi 1 millón de litros de combustible.

El líder de la banda capturado, Fabián Rodríguez Moreno, compraba el hidrocarburo a las células de las mencionadas organizaciones delictivas, según declaró a la prensa el encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos.

El combustible robado lo escondían en empresas de Nuevo León, en oficinas logísticas y administrativas, además de que contaban con gasolineras donde comercializaban el hidrocarburo y domicilios particulares.

Junto con el líder del grupo delincuencial, fueron capturados Irineo Pompa González, segundo al frente de la banda, así como Juan Francisco Sota Mendoza, Inocencio Santes Castillo, Claudia Juárez Ovalle y Dayaena Margarita Jaramillo Álvarez.

El Convenio Marco de Pemex-Canacar

El director jurídico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio de la Peña, señaló que de 2006 a la fecha se han presentado 6 mil denuncias por el robo de hidrocarburos, que han derivado en 300 procesos penales contra 600 personas.

A propósito del aniversario petrolero del 18 de marzo, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene la misión y el encargo directo de la Presidencia de la República de hacer una limpia de actos de corrupción y malos manejos en la principal empresa del Estado.

Por instrucciones de Lozoya, los directivos petroleros revisan todas las áreas de la paraestatal a fin de eficientar su operación, ahorrar costos y disminuir la corrupción y prebendas que durante décadas ha marcado el trabajo de esa paraestatal petrolera. Para ello, revisan meticulosamente todos los contratos multimillonarios asignados en el último sexenio a empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las nuevas contrataciones de bienes y servicios que realizan en este momento.

En esa exhaustiva revisión, aparece el Convenio Marco firmado en diciembre de 2008 entre Pemex Refinación y la Canacar para el transporte de productos refinados. Posterior a dicho acuerdo, Pemex ha firmado contratos individuales anuales con cada una de las empresas transportistas afiliadas a la Canacar.

El último contrato firmado tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y éste se amplió 2 años más para su conclusión el 31 de diciembre de 2013. Una de las características de estos contratos establece que el pago del servicio de transportación de refinados se actualizará cuatrimestralmente, de acuerdo con el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Productos Petroquímicos e Interorganismos.

Este Convenio Marco se negocia actualmente entre funcionarios petroleros encabezados por el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, y los representantes de la Canacar, lo que ha desatado una batalla legal y mediática de los transportistas en contra de Pemex y su líder negociador, a quien han demandado penalmente ante la PGR (denuncia que ya fue rechazada y enviada al archivo) y presentado una acusación en la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento del Convenio Marco, al negarse Pemex Refinación, según los inconformes, a actualizar las tarifas desde el 1 de octubre de 2009.

En la PGR el Ministerio Público desechó la acusación en contra de Murrieta Cummings por “improcedente”, y así puso a salvo momentáneamente al director corporativo de Operaciones, a quien Pemex se niega a remover de las negociaciones como lo ha solicitado la Canacar.

En respuesta a la agresiva campaña legal y mediática en contra de la paraestatal petrolera y sus directivos, el director Lozoya pidió el auxilio de todo el gobierno federal por considerar que los transportistas de productos refinados ponen en riesgo la seguridad de abasto en todo el país, al comportarse con actitudes gansteriles; sobre todo algunos que, se investiga, tendrían vínculos con el crimen organizado para el robo, almacenaje y transportación de petrolíferos.

Esta investigación de las áreas de inteligencia del gobierno apunta a encontrar más responsables por el robo de combustibles y esto ha puesto muy nerviosos a funcionarios de Pemex, transportistas privados y líderes sindicales que podrían tener algún vínculo con la delincuencia organizada.

Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)