2. junio, 2013 Martin Esparza Opinión

Nuevamente también es en las cortes estadunidenses donde se ventila tan grotesco caso de corrupción, tal vez porque en nuestro país la palabra impunidad protege a pillos que como Nava se han dado el lujo de comprar departamentos en Polanco a un costo de 15 millones de pesos sin ser requeridos a demostrar sus ilícitas riquezas, como sucedió también con el tráfico de influencias ejercido en la paraestatal por los júnior Bribiesca, hijos de la exprimera dama Marta Sahagún. Y como sucedió con el caso del exdirector operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Moreno Díaz, fue el sistema de justicia del vecino país del Norte el que sacó a relucir los yates, el Ferrari y los miles de dólares que el exfuncionario recibió también vía sobornos para favorecer a firmas extranjeras en la entrega de jugosos contratos de la mal llamada “empresa de clase mundial” y que albergó al Cártel de la Electricidad liderado 11 largos años por Alfredo Elías Ayub, otro pájaro de cuenta que tiene pendientes con la justicia.

Lo que ahora trasciende en el plano internacional ya había sido denunciado profusamente en la prensa nacional, precisamente en medios como Contralínea. Y a pesar de que se tuvieron las pruebas contundentes de la corrupción azul, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón se cruzaron de brazos encubriendo a sus socios y amigos que hicieron de la paraestatal una de sus entidades favoritas para los negocios personales. El país observó azorado el cinismo con que el entonces titular de Bucareli, Juan Camilo Mouriño, amigo personal de Felipe Calderón, aceptaba haber obtenido de Pemex Refinación 10 contratos para la empresa de su familia, Transportes Especializados Ivancar, SA (TEISA), por más de 100 millones de pesos, contratos que en su calidad de director jurídico de la paraestatal firmó el propio Nava, quien también estuvo al tanto del tráfico de influencias ejercido por los júnior Bribiesca. Ese abierto y descarado tráfico de influencias que en cualquier nación del primer mundo hubiera implicado la renuncia del funcionario involucrado, se justificó bajo el esquema de que el titular de Gobernación era un político-empresario, y por lo cual tenía derecho a realizar negocios con el gobierno.

De acuerdo con las pruebas recabadas en la denuncia presentada por Pemex en contra del exdiputado federal, la empleada de Pemex Lucía Munive viajó en 2002 a Japón a fin de cobrar cheques para Pemex, pero fue interceptada en el aeropuerto de Corea del Sur por un mensajero que le dijo tener “nuevas instrucciones de Nava Vázquez”. Bajo amenaza de ser despedida y hasta consignada, se le prohibió de manera terminante seguir con el cobro de dos cartas de créditos por 102 millones de dólares que Siemens y SK Engineering debían sufragar como compensación a las violaciones del contrato firmado con Pemex a través de la firma Conproca, en la reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

Ahora César Nava niega tales hechos y busca evadir su responsabilidad, pero la historia reciente ha demostrado que él como otros tantos panistas son, además de pillos y corruptos, consumados mitómanos. Baste recordar cuando en su carácter de líder nacional de su partido, negó haber firmado un acuerdo con la entones dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Beatriz Paredes para impedir alianzas y coaliciones en elecciones como las del Estado de México. El escandaloso asunto que provocó la renuncia del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sacó a la luz pública el documento en cuestión y mostró tal cual a Nava: un perfecto mentiroso y un político sin palabra.

Desde 2011 diputados del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) le tenían puesto el ojo al exfuncionario pues ya los medios habían publicado abundante información como para llevar ante los tribunales a César Nava y a otros panistas que se hicieron millonarios con contratos de Pemex (como los casos del diputado federal Juan Bueno Torio y el exsenador Jorge Nordhausen). Motivos había y de sobra para iniciar una investigación a fondo sobre la sospechosa riqueza del panista como la ostentación que mostró sin pudor alguno el exsecretario particular de Calderón cuando en 2010 y en vísperas de su enlace matrimonial con su segunda esposa, la actriz Patricia Sirvent, Patylu, adquirió en la mejor zona de Polanco, con vista al Bosque de Chapultepec, un departamento de 330 metros cuadrados, cuyo costo era nada menos que de 15 millones de pesos.

Como ya es costumbre en la doble moral de los panistas, César Nava había dejado en una boyante prosperidad financiera a su exsuegro, el empresario Emilio Baños Urquizo, cuyo Grupo Básico México, SA, recibió de parte del entonces director de Banobras y más tarde presidente de la República, Felipe Calderón, financiamientos por 400 millones de pesos y contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar obras en todas las carreteras del país. De algo le valió al también esposo de Cecilia Romero, exsecretaria general del PAN, haber tenido de yerno a Nava.

En el fondo del saqueo a Pemex y la denuncia que se ventila en las cortes estadunidenses, subyace de manera inadmisible la aceptación de que si se busca que las denuncias sobre corrupción y demás injusticias que se cometen en el país caminen hay que ponerlas en Estados Unidos o en cortes internacionales. A esas instancias hay que llevar los expedientes porque aquí la impunidad sigue inalterable en su protección a los prevaricadores.

Por cierto, y de eso ya hay también pruebas y denuncias públicas, Néstor Moreno Díaz y Elías Ayub tuvieron como una de sus empresas contratistas consentidas a Siemens, a pesar de que organismos internacionales habían advertido a los exdirectivos de la CFE de la mala reputación de la firma alemana, proclive a los sobornos con tal de lograr millonarios contratos en todo el mundo. Ojalá que en las cortes estadunidenses se haga justicia contra la corrupción azul que saqueó impunemente en los 2 sexenios pasados no sólo a Petróleos Mexicanos sino también a la Comisión Federal de Electricidad.

Y valdría preguntarle al exlegislador César Augusto Santiago, ahora apoderado legal de la CFE, ¿qué sucedió con la investigación que le encomendaron los diputados de la pasada legislatura sobre la galopante corrupción en esta empresa del sector eléctrico? ¿O acaso también habrá que llevar ese expediente a intancias internacionales porque en México no pasa nada?

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Fuente: Contralínea 337 / junio 2013