Ni el análisis político más juicioso podría predecir qué sucederá en el Perú durante el tercer año de gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
Por un lado, debido a no cumplirse el original mandato de la mayoría y contrariamente ejecutar el programa de la oposición derrotada –la derecha neoliberal ahora aliada-.
Y por el otro, que la ciudadanía ha cambiado en dos años transcurridos, alejándose definitivamente de Humala, mostrándole su desafección y rechazando su gestión.
Marchas y protestas en festividades patrias se lo hicieron conocer y anunciaron concluido el plazo otorgado para cumplir antiguas promesas.
A esa fragilidad política se suma su escasa aprobación en la población, su pérdida de credibilidad y la carencia de planteamientos políticos.
Ello hace de su gobierno un ente endeble –casi ornamental- soportado en una extraviada tecnocracia ministerial y corruptos grupos políticos.
Junto con razonables apreciaciones y estudios de opinión, se podría establecer por ello un panorama con turbulencias.
Su informe a la Nación lo habría ratificado.
Mostró a Humala manipulando expectativas, enumerando hechos y cifras engañosas, sin solucionar prioridades sociales y sólo mostrando fidelidad al “mercado” en un “sistema” declinante -que reconoció-.
El conflicto político en este año se sujetaría al grado de subordinación de la alianza gubernamental, para satisfacer imposiciones de los insaciables intereses económicos foráneos y criollos.
En contraparte se hallarían el hartazgo de la población con políticas neoliberales y las aspiraciones sociales no satisfechas.
La actuación gubernamental ante esta coyuntura constituye interrogante de difícil respuesta, pues al abjurar de su original plan anunció que su acción política se guiaría por el “pragmatismo político”.
Presumimos actúe discrecionalmente en función de la coyuntura política, planteando un abanico de probabilidades en que no se descarta incluso la autocracia.
Empero, por ello no deja de tener “un fin político” previsto; porque, si lo posee.
Es seguir obedeciendo dictados del “Consenso de Washington” previstos en una “hoja de ruta”, cuyo extremos incluirían, la firma secreta del “TPP” que enajenaría la soberanía de la nación –a EE.UU.-.
Ello haría del Perú un país en súbita implosión política y social, donde se conjugarían lucha política, reclamaciones socio-económicas y la ya usual represión policial a la población.
Pero en el futuro político del país habría cambios, con la aparición de agrupaciones políticas nuevas y la prevista desaparición de otras existentes.
Aparece con fortaleza la que une partidos y movimientos de izquierda peruana en el “Frente Amplio de Izquierdas” (FAI), llamado a ser un auténtico –y de repente único- partido político peruano de inicios de siglo.
Para enfrentarlo las “derechas políticas” -sin ideología y bases- aglutinadas, movilizadas y sufragadas por los EE.UU. para apuntalar al neoliberalismo, serían transformadas por su “mecenas”.
Si la diversidad une ahora las izquierdas, las derechas disolverían su conglomerado creando una única y nueva agrupación, que absorba votos del sector congregado sólo para fines electorales.
Un representante aparentemente “desligado” de la corrupción, de “buena imagen mediática” y con engañoso libreto “cuasi-progresista” –un caballo de Troya neoliberal-, reemplazaría a viejos “líderes” y agrupaciones en descomposición moral –casi todas-.
Viejos “líderes” que pretendieran preeminencia ante el flamante “adalid” serían desaparecidos del escenario político por el “reorganizador”, acusándolos de corrupción en sus gestiones políticas –con datos “filtrados” por el espionaje del “benefactor” en el país -.
Esas fuerzas políticas de izquierda y derecha serían –en nuestro parecer-, aquellas que se enfrentarían en lo que resta del gobierno de Humala.
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