17. noviembre, 2013 Martin Esparza Opinión

Orillado por la abrumadora realidad, al mandatario no le quedó otra salida que enviar al Congreso de la Unión, el 2 de diciembre de aquel año, una iniciativa de ley tendiente a la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que se concretaría el 14 de agosto de 1937, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas. Era urgente, en aquellos años, que el Estado mexicano no sólo metiera en cintura al monopolio de las firmas extranjeras que controlaban a la incipiente industria eléctrica en el país, sino además, adoptara un papel de primer orden en el sector para asumir, tal y como lo establecía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, su responsabilidad para generar, distribuir y comercializar la electricidad; en una palabra: convertirla en motor del desarrollo económico y social del país.

Desde aquellos años quedó bien claro que los intereses de las firmas extranjeras eran totalmente ajenos al interés nacional, por ello la importancia de que la CFE naciera con los bien definidos objetivos sociales de una empresa pública.

Hoy tal parece que la historia ha dado un marcado retroceso, y ahora son millones los consumidores en el territorio nacional que se han agrupado nuevamente (ahora en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica) para exigir al gobierno –paradójico– no que meta al orden a empresas extranjeras, sino a una empresa pública que debiera velar por el interés colectivo y no por el de las trasnacionales, que en los gobiernos panistas retornaron a sus antiguos privilegios en el sector energético.

Desde las reformas hechas en 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas al sector privado para construir, operar y hasta tener en propiedad plantas de generación de electricidad, como parte del modelo neoliberal, la CFE ha extraviado sus orígenes y objetivos para los que fue creada. Uno de los puntos básicos de este embate en contra del sector eléctrico nacional y su desmantelamiento era, sin duda, la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ejecutada de manera artera durante el pasado sexenio.

Los hechos han dado la razón a la tesis sostenida por el SME, en el sentido de que con la ilegal extinción de LFC no bajarían las tarifas de luz, pues los compromisos contraídos y ya pactados por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con las trasnacionales (que ya generan la mitad de la electricidad que se produce en el país) implican de manera obligada, y por contratos de hasta 25 años, la compra total de su energía, de tal forma que, a diciembre de 2009, esta política energética, a todas luces antinacionalista, le había costado a las finanzas públicas 268 mil millones de pesos, estimándose, de acuerdo con análisis realizados por la Auditoría Superior de la Federación, que tal monto ascenderá, para 2041, a 1.6 billones de pesos. Este desplazamiento de la generación de la CFE no es de ninguna forma casual, pues responde a una encubierta y silenciosa privatización. Al respecto, las cifras hablan por sí mismas: mientras en 2000, a la llegada de los gobiernos panistas al poder, la CFE –y todavía Luz y Fuerza–, generaban 191 mil 400 GWh (gigavatio hora) en todo el país, los permisionarios privados apenas y producían 12 mil 200 GWh; empero, para 2009, el panorama era totalmente distinto: los particulares, entre los que se cuentan poderosas multinacionales como Iberdrola, Unión Fenosa, Intergen, Mitsubishi y AES, por citar algunas, ya habían alcanzado una generación de 105 mil 900 GWh, mientras que el sector público disminuyó a 157 mil 900 GWh.

Y así como la compra de energía a un alto costo para revenderla a un menor precio a los consumidores ocasionó la inducida quiebra técnica de LFC, se pretende que con la compra obligada de energía a las trasnacionales, la CFE termine por meterse en un callejón sin salida en sus finanzas, buscando trasladar el costo de sus pérdidas nada menos que a los millones de consumidores a los que Felipe Calderón prometió disminuir el cobro de sus recibos con la ilegal desaparición de Luz y Fuerza. Lo que ahora sucede demuestra que nunca fue la inexistente inviabilidad financiera de la entidad la razón central del autoritario decreto de extinción de Felipe Calderón, sino la protección a los intereses económicos de las multinacionales.

Como prueba de todo ello baste remitirnos al análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, en donde se establece con claridad que la CFE, destinará el próximo año, para el pago de compra de energía a productores privados, nada menos que 56 mil millones de pesos. Cifra que como ya han señalado diversos medios, representa 10 veces el costo anual estimado para aplicar a programas sociales como el seguro de desempleo y la pensión universal. Dicho monto será superior en 8 mil millones de pesos al mismo rubro del presente año, que ascendió a 48 mil 880 millones de pesos.

Es entendible ahora el porqué millones de usuarios, que antes se mostraban indiferentes con el golpe perpetrado contra el SME, han tenido que agruparse en la defensa de sus intereses, no únicamente por las excesivas tarifas e ilegales cobros en sus recibos, sino por la impositiva colocación de los medidores de prepago en sus domicilios, los cortes de luz sin previa notificación y ejecutados mediante el uso de la fuerza pública, sin dejar de mencionar las amenazas para el cobro de adeudos que despachos privados están infringiendo a los consumidores bajo la amenaza que de no resarcir las cuentas pendientes con la –supuestamente– empresa pública, serán sujetos de procesos judiciales. En 5 años, la “empresa de clase mundial” ocupa el nada honroso primer lugar de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

No es casual que, como ocurrió en 1933, los usuarios de todo el país, cansados de los abusos de la CFE, se unan para defender la naturaleza pública del servicio de energía eléctrica, antes de que con la reforma energética se concrete el proyecto neoliberal y antinacionalista iniciado en el sexenio de Carlos Salinas.

De ahí la importancia de la toma de conciencia de millones de usuarios que a lo largo y ancho del territorio nacional han asumido la responsabilidad no sólo de pelear por sus derechos, sino por asumir la defensa de nuestros recursos energéticos. La lucha ya comenzó y no deberá darse tregua por echar atrás la pretendida desnacionalización de nuestra industria eléctrica.

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Fuente: Contralínea 361 / 17 de noviembre de 2013