Los extraditables

Sólo una perversa razón permitiría que Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fuera extraditado a Estados Unidos: impedir que hable e involucre con el crimen organizado a políticos, exfuncionarios, jefes policiales y empresarios.

El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene la ley de su lado y muchos argumentos más para impedir que ese líder del narcotráfico sea entregado a la justicia del vecino país, en donde seguramente lo obligarían a contar todo lo que sabe sobre la mafia de la droga.

Sin embargo, los motivos principales para impedir que Guzmán Loera salga del país son los crímenes que cometió en México y la información que ese jefe del Cártel de Sinaloa puede proporcionar a las autoridades mexicanas sobre muchos delitos. Por ejemplo, las operaciones del crimen organizado en México y sus complicidades en otros países, incluido Estados Unidos; las rutas del lavado de dinero en el sistema financiero mexicano y el mundo; la corrupción de políticos, funcionarios y policías, principalmente en México y en Estados Unidos, así como la enorme fortuna que posee en diversos países.

De obtener esa información en los interrogatorios a los que será sometido, el gobierno mexicano realmente estaría por primera vez en posibilidades de asestarle un duro golpe a las mafias del crimen organizado en México y exhibir la enorme corrupción y complicidad en la que se desenvuelve en nuestro país y en Estados Unidos, además de mostrar la vulnerabilidad de las leyes financieras en ambos países que permite el blanqueo de capitales sucios.

La experiencia acumulada por México en los 2 sexenios gobernados por los exmandatarios del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox y Felipe Calderón, se reduce a la sumisión total ante las autoridades estadunidenses. Cuando se capturaba a un narcotraficante que era reclamado por Estados Unidos, de inmediato la “justicia” mexicana lo extraditaba.

Entonces, si el gobierno de Peña Nieto extradita a Estados Unidos a Guzmán Loera por las presiones que ejerce ese país, sólo mostraría su debilidad para que en México se aplique la justicia y la continuidad de la sumisión que por tantas décadas ha asumido el gobierno federal y su Presidencia de la República. Por eso estamos ante la oportunidad de que esta captura sirva como punto de partida para una nueva estrategia de paz y tranquilidad.

La justicia mexicana

Desde hace varios sexenios, destacadamente en los 2 últimos gobernados por el PAN, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes se acumularon.

Para frenar esa ola de violencia que parecía no tener fin, el gobierno del país suramericano negoció con los jefes de las mafias para que no fueran extraditados, y a cambio éstos se comprometían a renunciar a los asesinatos de políticos, periodistas, burócratas y líderes sociales.

En el caso mexicano, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón aceptaron sin protestar las condiciones impuestas por su homólogo de Estados Unidos para extraditar de manera inmediata a narcotraficantes. Esta actitud sumisa y entreguista de las autoridades mexicanas, que permite encerrar en cárceles estadunidenses a delincuentes connacionales considerados como de alta peligrosidad, contrasta ahora con la primera posición asumida por México en voz de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que no será extraditado Guzmán Loera, por lo menos no antes de que declare en México y pueda aportar toda la información que posee sobre las actividades del crimen organizado.

Es verdad que los narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos desde hace 3 décadas han puesto poca resistencia a su traslado, pues han encontrado en el sistema de justicia de aquel país una vía más eficaz y expedita para disminuir sus condenas y alcanzar su libertad.

El trámite para los delincuentes mexicanos juzgados en tribunales estadunidenses ha permitido que aquéllos negocien una situación penal más favorable a cambio de proporcionar información relevante de la operación del crimen organizado en México y los vínculos de éste con políticos, funcionarios, legisladores y empresarios mexicanos, además de pagar multas millonarias en dólares que van a parar al erario de Estados Unidos.

Un ejemplo es el caso de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del Cártel del Golfo y de la banda de Los Zetas en Tamaulipas, quien fue extraditado a Estados Unidos y que en 2010 llegó a un acuerdo con el gobierno de Barack Obama para lograr una sentencia de sólo 25 años de prisión y el pago de 50 millones de dólares por declararse culpable de cinco cargos federales, además de proporcionar información de la estructura de los cárteles de la droga en México.

Éste es sólo un ejemplo de los muchos narcotraficantes y lavadores de dinero mexicanos que durante los mandatos de Fox y Calderón fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en aquel país, con lo cual México asumió una vez más su incapacidad de aplicar la justicia y eludió su responsabilidad constitucional para juzgar y sancionar a aquellos que delinquen en el país.

Ahora habrá que conceder el beneficio de la duda al gobierno priísta de Peña Nieto hasta conocer con precisión cuál será su estrategia para la aplicación de la justicia hacia los integrantes de los cárteles de la droga capturados o si continuará la misma política entreguista y sumisa que mostraron los gobiernos panistas.

En este espacio escribimos el año pasado sobre la impunidad y complicidad del gobierno de Felipe Calderón con los cárteles de la droga y cómo su negligencia permitió el florecimiento de la industria del crimen organizado y el fortalecimiento de 88 cárteles en el país, de acuerdo con un informe confidencial elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las Células delictivas con presencia en el país, fechado el 25 de marzo de 2013 y dado a conocer en Contralínea http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/06/02/los-89-carteles-arrasan-mexico/ por la reportera Nancy Flores.

Ahí se da cuenta de cómo México vivió un sexenio sangriento: más de 100 mil civiles fueron ejecutados, otros 30 mil desaparecieron; miles de familias (se calcula 250 mil) fueron desplazadas por la violencia y otros cientos de miles más perdieron su patrimonio. Centenas de niños y niñas quedaron huérfanos, sin protección alguna, y otros cientos de personas viajan por todo el país en busca de sus familiares.

Oficialmente, Calderón dijo que la “guerra” acabaría con el crimen organizado, pero lejos de esa “promesa”, los grupos delincuenciales florecieron y se han convertido en verdaderas empresas trasnacionales, al grado que su antecesor, el expresidente Vicente Fox, también panista, planea ya producir a gran escala la mariguana, para lo cual promueve la legalización y espera convertirse en el principal productor de esa droga.

En el sexenio anterior prácticamente nadie fue a parar a la cárcel. La impunidad no sólo cubrió a los delincuentes: también a quienes los protegieron y los fortalecieron, un grupo de políticos y policías corruptos encabezados por el exmandatario.

El reporte de la PGR precisa que la consolidación de la delincuencia es tal, que ni la autoridad puede desmentirla. Y es que no es fácil ocultar la prosperidad: los negocios de los cárteles del narcotráfico llegan a más de 50 países en los cinco continentes.

El mapa de la delincuencia abarca prácticamente todo el país, y de las 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, ocho son consideradas como “grandes organizaciones del narcotráfico”, entre las que destacan Los Zetas.

Se calcula que tan sólo por venta de drogas en Estados Unidos, esos ocho grupos criminales –Los Zetas, el Cártel del Pacífico, el Cártel de los Arellano Félix, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Nuevo Cártel de Juárez, el Cártel de la Barbie y el Cártel de los Beltrán Leyva– obtienen ganancias anuales superiores a los 39 mil millones de dólares (unos 468 mil millones de pesos).

El amplio documento oficial destaca la información del grupo de Los Zetas, considerados como los narcotraficantes más violentos del país y cuyos negocios abarcan el Continente Americano y llegan hasta el Europeo, quienes tendrían bajo su control, según la PGR, a tres organizaciones de menor nivel pero igual dimensión de brutalidad: Los Talibanes, Los Legionarios y Los Hijos del Diablo.

No obstante, al parecer, dos se han deslindado del que originalmente era el brazo armado del Cártel del Golfo, conformado en un principio por militares de elite que desertaron de los grupos Aeromóvil de Fuerzas Espaciales y Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano.

El grupo de Los Talibanes se ubica en Tamaulipas y Quintana Roo. Esta facción, sin embargo, declaró la “guerra” a Los Zetas el 1 de junio de 2012. Ese día se colocaron en Zacatecas unas mantas presuntamente de su autoría, con las fotografías impresas del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, y de otros delincuentes que habían sido abatidos o capturados, bajas que entonces le achacaban al Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca.

El 20 de agosto de 2012, el líder de esta célula, Iván Velázquez Caballero, el Z-50 o el Talibán, rompió abiertamente su vínculo con Los Zetas tras señalar en unas mantas colocadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y Heriberto Lazcano se aliaron con “los federales” y traicionaron a sus jefes para poder controlar el Cártel. El Z-50 fue capturado el 28 de septiembre y el Lazca fue “abatido” el 7 de octubre de ese mismo año por elementos de la Secretaría de Marina. Desde entonces el Z-40 asumió el liderazgo.

El segundo grupo que la PGR vincula a Los Zetas opera en San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Su objetivo, según refirieron el 20 de octubre de 2012 a través de unas mantas, es acabar con el Z-40. “Los Legionarios somos un grupo de Zetas renegados que fuimos traicionados por Z-40. Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias… Ojo por ojo”.

Los mensajes, reportados por algunos medios de información, concluían así: “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente. Respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco” (sic).

De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la República, Los Hijos del Diablo se localizan en San Luis Potosí y Zacatecas. A esta célula se le vincula con el narcotraficante capturado Miguel Ángel Treviño e incluso con miembros del supuestamente extinto Cártel del Golfo.