Magistrados del Tribunal Electoral, la obscenidad del dispendio

Cada mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perciben 151 mil pesos netos, mientras que el magistrado presidente gana 246 mil 945 pesos, detalla el “Acuerdo por el que se utoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2014”.

Aunado a ello, este año se embolsarán 450 mil 976 pesos correspondientes al bono por riesgo; el aguinaldo, por 247 mil 169 pesos, y una prima vacacional, por 40 mil 861.

Pero esto no es todo, en tan sólo 2 días, el Congreso de la Unión avaló un haber de retiro adicional para José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López, magistrados del TEPJF.

Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fracción 3, artículo 209, aprobadas por senadores y diputados, los pasados 14 y 15 de mayo, permiten al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Comité de Administración, otorgarles la pensión vitalicia.

Debido a la inconformidad social que se generó, el día 21 se presentaron dos iniciativas que buscan cancelar o reducir tal privilegio. Sin embargo, las demás prebendas que gozan no están a discusión.

De acuerdo con Javier Corral, senador de la República por el Partido Acción Nacional, la pensión vitalicia que se buscó imponer de manera subrepticia es resultado de un acuerdo entre los magistrados y el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, quien –a través del consejero Jurídico, Humberto Castillejos– incorporó de última hora esa reforma en un “claro acto de violación de la división de poderes y de atropello al Congreso [de la Unión]”.

Para el legislador se trata de una adición subrepticia, planeada maliciosamente. Prueba de ello, dice, es que el Congreso nunca fue convocado para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Desde ahí, es ilegal la reforma. No lo enlistaron para evitar llamar la atención. Que el consejero jurídico de la Presidencia haya tenido secuestrado el dictamen de principio a fin, que haya tenido el control de la redacción del dictamen, no es una responsabilidad sólo de Castillejos, sino de los presidentes de las comisiones, del presidente del Senado y de los coordinadores parlamentarios que han permitido ese trato indigno, absolutamente invasivo de facultades.”

Según indica, no es la primera vez que se ha intentado aprobar la pensión vitalicia para los magistrados de la Sala Superior. El tema fue incluido por primera vez en las discusiones al decreto de reforma constitucional en materia electoral, durante noviembre de 2013, e incluía la ampliación de 9 a 15 años su ejercicio en el cargo.

“Me opuse. Impugné; hice 47 reservas en aquella ocasión. Desde entonces, todo mundo sabía que en el Senado de la República eso había sido rechazado”, señala.

El 16 de mayo, el Tribunal emitió un comunicado en el que niega que lo aprobado por el Congreso de la Unión sea una pensión vitalicia o un bono. En el escrito, los magistrados aducen que se trata de un haber de retiro, “garantía prevista en el artículo 94, párrafo décimo segundo de la Constitución”.

Aseguran que el haber de retiro está previsto ante la disposición legal que prohíbe a los exintegrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión en un periodo de 2 años.

Ante las imputaciones, también negaron por escrito que se trate de un soborno anticipado. “Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo”.

Pese a que el legislador panista no duda que se logre echar abajo la adición, señala que el hecho muestra “hasta dónde están metidos los personeros de Peña en el Congreso”.

Ante ello, Corral señala que Enrique Peña Nieto debe ser extrañado por el Congreso y pide la remoción de Castillejos. “Y que tanto éste último como Nuño sean catalogados como inconfiables”.

A su parecer, los magistrados debieron transparentar su pretensión. “No dice bien de este Tribunal que lo anden cabildeando sigilosamente; le quita confianza, credibilidad. No debemos aceptar los argumentos del magistrado [Flavio] Galván. Es patético decir que evita la corrupción en magistrados”.
Negocian bono para 2 años

Ante la nueva propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que la bonificación que reciban los magistrados sea por los 2 años posteriores al término de su cargo, Javier Corral adelanta que votará en contra. Argumenta que la resolución a favor podría sentar un precedente que tendría que aplicarse para todos los servidores públicos.

“El nivel salarial es más que suficiente para cubrir las supuestas tentaciones a las que están sometidos los jueces y para cubrir el plazo de veda. El que no quiera tener prohibiciones laborales cuando ejerce altas responsabilidades públicas pues que no participe.

“Hay una discusión de fondo: en un país como el nuestro de enormes desigualdades, de una pobreza insultante, andar asegurando esos bonos de retiro y esas pensiones es un escupitajo en la cara de los mexicanos.”

Por su parte, el senador por el Partido del Trabajo David Monreal lamenta que el Congreso que aprueba para “un grupo” pensiones vitalicias millonarias, sea el mismo que discute la pensión universal de apenas 500 pesos para la mayor parte de la población.

Los beneficios de los magistrados

Tal como lo publicó Contralínea (edición 292), los integrantes de la Sala Superior reciben múltiples beneficios económicos. Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del TEPJF el 28 de junio de 2012, apenas 3 días antes de que se celebraran las elecciones federales en las que resultó electo el priísta Enrique Peña Nieto.

Fuentes allegadas a la institución aseguraron entonces que se trató de un “bono de riesgo”; y que en la semana del 18 al 24 de junio los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.

Creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y de las prestaciones que reciben de por sí los funcionarios. Su objetivo es “bonificar económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores públicos por sus labores.

Sin embargo, el TEPJF no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.

La justificación que esgrimió el Poder Judicial para el “pago por riesgo” es que éste se otorga “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.

La elección presidencial

Cuatro días después de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro Luna Ramos advirtió que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Con esta declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba a la impugnación que finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elección presidencial. También, fijaba su posición respecto del conflicto postelectoral.

En una entrevista concedida al programa “Justicia electoral a la semana”, y cuando aún no concluía el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal Electoral, Luna Ramos dijo que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.

Además del bono por riesgo, los magistrados ordenaron blindar sus instalaciones, en particular aquella en donde ellos sesionan: la Sala Superior, ubicada en la avenida Carlota Armero, 5000, colonia Culhuacán CTM, delegación Coyoacán.

El argumento para tal decisión fue la violencia que asola al país: con esta medida, queda garantizada la seguridad personal de los siete servidores públicos. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos, como lo informó la columna Oficio de Papel.

Previo a las elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca Grand Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.

La hacienda pública también paga a Luna Ramos, Alanís Figueroa, González Oropeza, Carrasco Daza, Nava Gomar, Galván Rivera y Penagos López un seguro de separación individualizado, uno de gastos médicos mayores y uno más de vida.

De acuerdo con el acta de la novena sesión ordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF, el 27 de noviembre de 2011 se autorizó la contratación de las pólizas de seguros –con una vigencia de las 12 horas del 31 de diciembre de 2011 a las 12 horas del 31 de diciembre de 2014– por un monto de hasta 58 millones 301 mil 172 pesos.

Dispendio por elecciones

A pesar de sus altos sueldos, los siete magistrados no gastan en el consumo de alimentos: el erario les otorga 15 mil pesos mensuales para cubrir este fin, ocho veces el salario mínimo mensual. Cuando los funcionarios se exceden de este monto, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal les retribuye como “atención a magistrados”.

Existe además un presupuesto superior a los 100 mil pesos para pagar aparatos electrónicos, como iPod; electrodomésticos, como una cafetera de 20 mil pesos. El erario también paga la camioneta del presidente del Tribunal.

No obstante los múltiples beneficios que reciben, para los senadores Javier Corral y David Monreal la actuación del Tribunal ha sido “mala”: tienen el caso Monex y el rebase de topes de campaña pendientes por resolverse desde hace 1 año.