El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal

La capital de México padece un grave retroceso en materia de respeto y garantía de derechos humanos que alcanza todos los niveles de gobierno y poderes. Poco queda de la llamada “Ciudad de la Esperanza”, que promovió el reconocimiento de la diferencia, la justicia social, la libertad de expresión y manifestación. De acuerdo con las viejas prácticas priístas, el gobierno en turno ejerce airadamente la represión contra medios alternativos de comunicación, brigadas de información ciudadanas, grupos populares y movimientos sociales.

No hay lugar para los pobres en el Distrito Federal. No hay vivienda que se pueda pagar con un salario de 60 pesos diarios, de modo que desalojos forzados, desahucios y rentas exorbitantes obligan a centenares de familias a vivir en la calle o buscar vivienda en la periferia de la Ciudad mientras se acrecienta la construcción de condominios de lujo, que sólo unos pocos pueden pagar. Ni hablar del aumento al costo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, principal medio de movilidad de los trabajadores y trabajadoras.

En este escenario no es vano preguntarse si es de izquierda el Gobierno del Distrito Federal. ¿Es éste un gobierno del pueblo? Un auténtico gobierno de izquierda debe promover cambios en todos los ámbitos, entre los que destacan la procuración de justicia y una nueva política de seguridad pública no represiva ni discriminadora. No es un proceso sencillo, se tiene que luchar contra inercias, viejos hábitos y fuerzas retrógradas enquistadas en las instituciones. Es manifiesto que en los países en los que la izquierda ha llegado al poder se han dado progresos democráticos, pero en lo que se refiere al actuar de los cuerpos policiacos, la procuración de justicia y el sistema penitenciario, los cambios han sido muy lentos.

Una de las razones de lo anterior es que las policías, la sociedad e incluso el nuevo gobierno tienen internalizado y estructurado el clasismo y el racismo. En la mayoría de países latinoamericanos se criminaliza la pobreza, así como el color de piel y la pertenencia a alguna etnia. En algunas ocasiones llegan al gobierno fuerzas políticas progresistas pero emanadas de las clases acomodadas, empresarios con buena conciencia, profesionistas o clases medias que buscan sacar a sus países del atraso, pero que dentro de sí llevan los viejos prejuicios contra la plebe. En realidad no son gobiernos del pueblo y, por tanto, muy en el fondo siguen sosteniendo que los pobres son, o bien ovejas a las que hay que conducir o potenciales delincuentes a los que hay que contener. Parece que los ricos, los blancos, los privilegiados que gobiernan, lo hacen a favor de intereses en los que el odio, el exterminio, el destierro y la exclusión de los pobres es política pública fundamental. Lo más grave es cuando en la gente humilde permea la ideología del oligarca y hace suyo ese odio, reproduciendo la semilla que lo genera: la ignorancia del otro, el temor y la estigmatización que genera el consenso social, que luego utilizan los gobiernos para ejecutar acciones fuera del marco de derechos humanos.

La más reciente encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México revela como causas de discriminación la pobreza, con 19 por ciento; color de piel, con 17 por ciento; situación económica, con 11 por ciento; clase social, con 7 por ciento; ignorancia, 7 por ciento; y educación, 7 por ciento. Sin embargo, los porcentajes de la pobreza, la situación económica y la clase social se pueden sumar porque en realidad son tres maneras de nombrar lo mismo. En total arrojan un 37 por ciento. Por otro lado, el color de piel está relacionado con la condición social: la gran mayoría de las personas en pobreza extrema son indígenas o de piel morena o negra y, en contraparte, la gran mayoría de los magnates del país son de piel blanca. La ignorancia o la falta de educación son en buena medida consecuencia de la miseria.

A la pregunta: ¿cuál es la principal forma en la que se discrimina a las personas pobres? La encuesta menciona el trato humillante; el pago menor por trabajo igual; señalamientos por la apariencia y forma de vestir; la negativa para entrar en algunos lugares, obtener empleos y oportunidades, servicios públicos y acceso a la justicia.

En México 53.3 millones de personas son pobres, lo cual quiere decir que cerca de la mitad de la población del país es discriminada, despreciada y ninguneada. Esto es grave y no se soluciona únicamente con campañas de tolerancia, respeto y trato igualitario, que es como decir: “que sigan en la pobreza pero no los traten mal”. La solución de fondo está en la eliminación de la miseria.

Resultado de una política económica equivocada, la pobreza tiene su mayor y más grave expresión en la existencia de poblaciones callejeras. Jóvenes en su mayoría, pobres entre los pobres, son ahora el blanco no de una política de inclusión y justicia social, sino de acoso, hostigamiento e incluso persecución por parte del Gobierno del Distrito Federal. Son víctimas de discriminación, desaparición forzada, trata de personas, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, juicios injustos y desventajosos. Esto es el indicador más revelador de la degradación de nuestras instituciones. Para muestra un botón: el desalojo forzado de poblaciones callejeras de la calle Artículo 123, el denominado “Grupo Juárez”.

El 22 de abril de 2014, antes del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron con violencia al “Grupo Juárez”. Sus pertenencias (alimentos, colchones, cobijas, carriolas, dinero, ropa, zapatos, documentos) fueron destruidas y depositadas en un camión recolector de basura de la delegación Cuauhtémoc.

Durante el desalojo detuvieron a 17 personas, que en un primer momento fueron llevadas a la Alameda Central y retenidas por varias horas, pues los policías les señalaron que los tendrían ahí “sólo mientras tiraban sus casitas”. Más tarde, seis de los jóvenes fueron trasladados al juez cívico acusados de faltas administrativas. Los otros 11, a la Agencia del Ministerio Público CUH-2, donde cinco fueron incriminados por delitos contra la salud y los otros seis por robo agravado calificado en pandilla.

El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, señaló que lo ocurrido “no fue un desalojo y que las personas que se encontraban ahí ya fueron identificadas plenamente por dos víctimas a las que les robaron; adicionalmente a otras que ultrajaron a la autoridad se les tuvo que detener, y en la revisión se les encontró piedras de droga, inhalantes que utilizan permanentemente y por eso fueron puestos a disposición” (sic).

Sin embargo, dicha declaración se contradice con la información que Julio Cárdenas, subdirector de Información de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, proporcionó ese mismo martes a Contralínea: “el operativo se llevó a cabo en la calle Artículo 123 alrededor de las 14:00 horas por una denuncia ciudadana. Los vecinos se quejaron porque escandalizan en la noche, hacen del baño en la vía pública y agreden a los transeúntes”.

Las contradicciones entre las autoridades, así como las declaraciones de la pareja que refiere haber sido asaltada, permiten suponer que el Gobierno del Distrito Federal tiene la intención de fabricar delitos y con ello deshacerse de las personas que viven en situación de calle. Desde el pasado 26 de abril, los cinco detenidos que fueron acusados por delitos contra la salud enfrentan su proceso judicial en libertad, luego de que la fianza fijada en el Juzgado 23 de Delitos no Graves fue pagada por el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, mediante donativos que hicieron los ciudadanos. El 30 de abril, la licenciada Olivia Ikeda Martínez, jueza interina cuarta penal del Distrito Federal dictó auto de formal prisión a los seis jóvenes acusados de robo.

El proceso judicial ha sido complicado debido a la discriminación por parte de autoridades hacia los testigos presentados, en su mayoría personas en situación de calle, quienes para que se tomara en cuenta su testimonio tuvieron que tramitar de urgencia identificaciones, toda vez que las suyas fueron arrojadas al camión recolector de basura durante el desalojo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDHFFV), en conjunto con El Caracol, AC, han apoyado la defensa de los jóvenes con la elaboración de opiniones jurídicas amistosas (amicus curiae), recabando testimonios, fotografías, videos y notas periodísticas que permitan demostrar su inocencia. La defensa del CDHFFV fue obstaculizada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través del agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto Penal.

El desprecio y desinterés que las autoridades tienen por las poblaciones callejeras, su plena convicción de que estas personas no tienen derecho a habitar la Ciudad quedó resumido en una pregunta que el agente del Ministerio Púbico dirigió a los testigos de los acusados, quienes también eran parte de la población callejera: “¿y quién les dio permiso de vivir allí?” Lo próximo es que a los marginados les pregunten: “¿y quién les dio permiso de morirse de hambre?”