Ley de Coordinación Fiscal, el “adelgazamiento” de la nómina magisterial

El retorno a la centralización de la nómina educativa es inminente: la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal así lo mandata. En 1992, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Federación transfirió a los gobiernos locales los servicios de educación básica y normal, incluidos los recursos financieros destinados a su operación. A 23 años de distancia, la federación recobrará dicha potestad.

La nueva Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, crea el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), que será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Éste proveerá a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y de los municipios los recursos complementarios para ejercer sus atribuciones en materia de educación básica y normal.

El magisterio mexicano agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación –fracción disidente del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación– ha expresado su rechazo y preocupación ante las posibles consecuencias de la Ley de Coordinación Fiscal reformada. Y es que, como lo manifiesta Martín Rodríguez, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una “ley muy leonina” que contempla distintos mecanismos para ajustar presupuestalmente las plazas docentes, con miras al adelgazamiento de la nómina.

Por ejemplo, en lo que respecta al ejercicio de recursos en materia de servicios personales, el artículo 26 A de la nueva Ley establece que sólo se pagará la nómina del personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Será requisito también estar registrado en el sistema de administración de nómina a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos datos deberán de corresponderse, a su vez, con los del Sistema de Información y Gestión Educativa previsto en la Ley General de Educación.

El artículo 26 de la Ley en cuestión establece, asimismo, que se cubrirá el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados, siempre que estas plazas estén validadas por la SEP en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

Para Martín Rodríguez resulta imperativo difundir el contenido de la nueva Ley de Coordinación Fiscal a la luz de la reforma educativa, que en febrero de 2013 modificó los Artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ambas son parte de un mismo proyecto, asegura. La reforma educativa –en realidad laboral– establece los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de los docentes de educación básica y normal; la Ley de Coordinación Fiscal es “refrendo de la reforma educativa” en tanto que contribuye a operar en términos presupuestales –financieros, administrativos y contables– sus postulados.

Lo anterior, explica el especialista, implica que las plazas en riesgo de perder el subsidio sean también las que no están en regla con lo estipulado en la reforma educativa y sus leyes secundarias, entre ellas, las de los profesores que no cumplen con los perfiles establecidos para cada nivel; de los que no están titulados; de los que ocupan plazas que no se corresponden con el nivel para el que fueron creadas; de los que no ingresan al Servicio Profesional Docente, es decir, que no se someten a los procesos de evaluación-certificación que éste contempla.

Aunque no hay un conteo preciso respecto del personal docente que se encuentra en irregularidad según los criterios arriba enunciados, Martín Rodríguez asegura que se cuentan por miles. Tan sólo los que no tienen título suman alrededor de 300 mil a nivel nacional. Ellos y ellas están en riesgo de ser separados de su labor, sobre todo quienes la desempeñan bajo contratos temporales, interinatos o plazas de tiempo indeterminado.

De acuerdo con el integrante del Área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM, con la nueva legislación, la federación arrebata a los profesores el control de su materia de trabajo al condicionar el pago de la nómina magisterial, entre otras, al cumplimiento de los “perfiles de medición de calidad” impuestos a través de la reforma educativa.

Respecto de la condicionante que establece que sólo se pagará la nómina del personal que cuente con Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, el profesor universitario comenta que se trata de una medida encaminada a reforzar el control sobre los ingresos de los docentes. “Este mecanismo de control fiscal permite retirarles un monto mayor de recursos a través del pago de impuestos, bajo la premisa de que la gente no vive con lo que gana y que, por tanto, realiza 20 mil actividades que se ven reflejadas en su nivel de ahorro y endeudamiento”.

En entrevista con Contralínea, Roy Argel Gómez Olguín, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, manifiesta que la nueva Ley de Coordinación Fiscal sólo afectaría a aquellas personas que no están cumpliendo con lo que marca la ley y a las que no estén devengando su plaza.

El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional comenta que es un “mito” que la Ley de Coordinación Fiscal “acorte las plazas”, puesto que todas las que se han “recuperado” han sido concursadas. “No se ha reducido la nómina, al contrario, se ha incrementado la cantidad de maestros con el mismo número de plazas porque anteriormente había personas que tenían hasta tres plazas”.

El también licenciado en informática y en lengua extranjera (inglés) apunta que el objetivo de la concentración de la nómina magisterial “no es únicamente detectar errores”, sino encontrar y aprovechar las fortalezas que se tienen para beneficiar a un mayor número de personas con el presupuesto educativo, incluidos los recién egresados de normales o de carreras enfocadas a la educación.

“Hacia la autogestión de las escuelas”

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, que entrará en vigor en el ejercicio fiscal 2015, sustituirá al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), que tiene su origen en la política de descentralización educativa.

Martín Rodríguez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, explica que, aunque alrededor del 80 por ciento de los recursos del Faeb –que para 2014 cuenta con un presupuesto de 292 mil 583 millones 472 mil 824 pesos– son para subsidio de las plazas de los trabajadores de la educación, el gobierno federal deposita en este “cochinito” todos los dineros destinados a la educación básica y normal.

La diferencia con el nuevo fondo (el Fone), dice, es que éste ya no agrupará el conjunto de estos dineros, dejando fuera, por ejemplo, lo relativo a los gastos de ampliación y equipamiento de las escuelas. Para ello, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal alude a otras figuras, como el Fondo de Aportaciones Múltiples y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

El Fondo de Aportaciones Múltiples se destinará al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria. En tanto, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social será para el financiamiento de obras y acciones sociales básicas, tales como la infraestructura básica del sector educativo y de salud.

Sin embargo, acorde con lo estipulado en el artículo 33 de la nueva legislación, los recursos del segundo de estos fondos se otorgarán únicamente a las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

En esta condicionante, Martín Rodríguez encuentra un vínculo más entre la nueva Ley de Coordinación Fiscal y la reforma educativa, que en su artículo quinto alude a la autonomía de gestión de las escuelas, entendida como el involucramiento de alumnos, maestros y padres de familia en la mejora de la infraestructura de las escuelas y en la compra de materiales.

¿Si los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sólo serán para las localidades rezagadas según los criterios de las instancias oficiales, quién se hará cargo, entonces, de la infraestructura básica de las escuelas ubicadas en localidades no rezagadas?, cuestiona el docente.

Al respecto, Roy Argel Gómez Olguín, secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, comenta que, aunque aparentemente se ve reducido el presupuesto dirigido a la infraestructura educativa, en realidad no es así. La pretensión es, más bien, dirigirlo hacia “donde realmente se necesita” para cumplir con el objetivo de “llevar la educación a todos los mexicanos”.

—La reforma educativa que data de hace 19 meses no ha logrado operar eficazmente en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas entidades con gran presencia del magisterio disidente. Así el panorama, ¿qué posibilidades reales tiene de la nueva Ley de Coordinación Fiscal de prosperar en los hechos? –se le pregunta.

—Obviamente hay resistencia. El cambio provoca resistencia. Hay estados en donde se ha notado mayormente la resistencia, como en Oaxaca y Guerrero. Resistencia no únicamente a la reforma educativa, que tiene como objetivo incrementar el nivel educativo en nuestro país, sino también a la reforma fiscal. Y, bueno, sin duda alguna esto ha repercutido en los resultados. Claro está que los maestros que realmente están cumpliendo con su responsabilidad, que trabajan frente a grupo y que todos los días se esfuerzan para mejorar su calidad educativa, se verán beneficiados.

Incrementos salariales, anclados al Servicio Profesional Docente

El artículo 27 A de la Ley de Coordinación Fiscal reformada establece que la negociación sobre el incremento de las remuneraciones se llevará a cabo entre la representación de las autoridades educativas de las entidades federativas y la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La SEP sólo participará como vigilante de la negociación, particularmente para constatar la consistencia del financiamiento con los objetivos del Servicio Profesional Docente.

De acuerdo con el mismo artículo, los incrementos en las remuneraciones del personal docente serán acordados con base en la disponibilidad de recursos públicos aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como en los objetivos, metas y resultados alcanzados del Servicio Profesional Docente.

La nueva dinámica de negociación, implica, a decir de Martín Rodríguez, que la revisión de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación no tenga peso alguno en la determinación de los incrementos salariales, además del “ahorcamiento” de las posibilidades de “promover derechos a través de la bilateralidad del contrato”. Antes, explica, existía una negociación a nivel nacional y, posteriormente, se emprendían negociaciones locales para ajustar los incrementos a las condiciones estatales; “ahora ya no, porque todos se reúnen para hacer una sola negociación y el presupuesto es uno solo”.