16. enero, 2015 Autor: IPS Línea Global

Diego Arguedas Ortiz/IPS/Tierramérica/Ilustraciones: Manrique

San José, Costa Rica. La transparencia política y los datos abiertos como una política pública necesitan un ingrediente activo para lograr un cambio social que atempere la desigualdad en América Latina: la participación de la ciudadanía, coinciden especialistas regionales consultados por Inter Press Service (IPS).

Ése es el eslabón que enlaza los datos abiertos con la transformación de la sociedad y democratiza el acceso a derechos y oportunidades, dicen activistas y representantes gubernamentales que trabajan para democratizar el acceso a la información y los procesos públicos en la región.

Durante el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrado a finales de noviembre pasado en San José de Costa Rica, expertos en transparencia martillaron una idea una y otra vez: sólo la ciudadanía empoderada podrá transformar la información pura en una mejor democracia.

“Sólo abrir un dato nunca cambió la realidad de nadie, ni redujo la brecha de desigualdad. Sólo abrir un dato por sí mismo no hace eso. Milagros no hay”, explica a IPS el coordinador de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, Fabrizio Scrollini.

Lo que sí acontece, dice, “es que con determinada política hay un set de acciones paralelas que pueden ser grandes facilitadores de estos procesos de empoderamiento” de las sociedades regionales.

Scrollini insiste en que la integración de la ciudadanía permite convertir un simple avance tecnológico, como podría ser una plataforma o un sitio de información estatal, en una herramienta de cambio social. El cambio se construye desde la base y con la gente, asegura.

Pone como ejemplo el proyecto uruguayo Por mi Barrio, que permite a los habitantes de la capital Montevideo reportar incidentes en su comunidad, desde baches y pilas de basura hasta problemas de alumbrado público, y ser recibidos inmediatamente por la administración de la ciudad.

Para lograr esto, el gobierno municipal permitió por primera vez a los desarrolladores, un grupo de la sociedad civil, integrarse a su sistema informático.

“Acerca el gobierno a todos los sectores de la población. Estamos haciendo talleres en todos los barrios para poder informar”, señala a IPS el uruguayo Fernando Uval.

El énfasis “se pone especialmente en los que menos acceso tienen a la tecnología, para que puedan reportar problemas de su barrio y mejorar su condición de vida”, explica este representante de la organización Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la información (Data), impulsora de Por mi Barrio.

La clave, dicen los expertos, está en hacer de los datos abiertos y las políticas públicas de transparencia un medio para lograr un cambio social, y no un fin por sí mismos.

Además, si existiera abierta toda la información en tiempo real, las políticas públicas y la respuesta de la ciudadanía ante la problemática social podrían ser más acertadas.

“Si tuviéramos en un formato totalmente abierto la información gubernamental para que un politólogo pueda saber dónde está la desigualdad –mediante el índice de Gini que la mide, por ejemplo– y combinar con datos relacionados con crecimiento económico o poblacional, podríamos to-mar mejores decisiones”, asegura a IPS la salvadoreña Iris Palma. La experta es directora ejecutiva de la organización no gubernamental DatosElSalvador, dedicada a liberar información pública en el país centroamericano.

Los datos abiertos son información pública liberada de modo que permiten a otras personas apropiársela para construir cosas, en formatos que pueda hacer sencillo su manejo.

Por ejemplo, si un economista fuera a pedir la información de un censo, le sería más útil en versión digital, para analizarlos con modelos y programas estadísticos, en lugar de recibirlos únicamente en versión impresa.

En el caso del concepto del gobierno abierto, éste promulga que la administración pública debe ser transparente, dar fácil acceso a la información, rendir cuentas a los ciudadanos e integrarlos en la toma de decisiones.

En la región más desigual del mundo y sujeta durante décadas a regímenes autoritarios, el concepto de un gobierno participativo es relativamente reciente.

“Pasamos de Estados y gobiernos que operaban con el secreto como lógica a un cambio radical, con la apertura como lógica”, dice Scrollini.

“Eso muestra nuevos desafíos, porque la información debe ser usada, y para ser usada deben haber políticas que ayuden a que sea usada; y hay que empoderar a la gente para hacerlo”, añade.

A pesar de esto, la sociedad civil latinoamericana está sacando provecho al concepto.

Los ciudadanos de México pueden consultar en qué se usa su dinero mediante el programa Presupuesto Abierto, por ejemplo.

En el ámbito regional, la Red Latinoamericana para la Transparencia Legislativa integra esfuerzos de vigilancia de congresos en nueve países de la región.

Mientras, en Costa Rica, unos emprendedores veinteañeros tomaron datos públicos del Ministerio de Economía para crear una aplicación para teléfono inteligente llamada Ahorre Más, que ayuda a tomar decisiones a la hora de comprar en el supermercado.

“En el tema de gobierno abierto, América Latina y el Caribe están un paso adelante y llevando la delantera en todo el mundo”, dice Alejandra Naser, investigadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien facilitó un taller sobre gobierno abierto durante el encuentro continental.

“Precisamente por eso queremos reforzar esto con herramientas para los tomadores de decisiones”, apunta. El reto es precisamente cómo integrar a los ciudadanos a estos procesos.

Scrollini desconfía de la tecnología como único camino para los datos abiertos y más bien invita a repensar las viejas herramientas de consulta social, como talleres o reuniones de vecinos, para identificar cómo puede incorporarse la visión ciudadana en el diseño de estas políticas.

Otros métodos buscan integrar a grupos clave de la población, que luego puedan desatar un uso mayor por parte de otros sectores sociales: desde maratónicas sesiones donde se invita a esos grupos a trabajar con datos hasta programas de fondo con los usuarios del futuro.

“Trabajamos activamente en hackatones (encuentros para el desarrollo colaborativo de programas), para que los periodistas se involucren, porque estos periodistas van liderando el involucramiento de la sociedad”, expone Cristiana Zubilega, directora ejecutiva adjunta de la gubernamental Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay.

Al mismo tiempo, explica: “Trabajamos con la academia para formar a los estudiantes en el manejo de datos”. Otro aspecto importante es la cooperación internacional, gran financiadora de estos programas en la región, destaca que es fundamental apoyar a grupos de la sociedad civil que ya tienen camino andado y pueden servir como punta de lanza.

“Apoyamos a organizaciones que pueden traducir la información en términos comprensibles para la ciudadanía, mostrándoles cómo pueden involucrarse y que la disponibilidad de información les compete”, explica Ana Sofía Ruiz, oficial del Programa para Centroamérica del Instituto Humanista de Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS, por su sigla en holandés).

“Tratamos de acercar esto a la gente para que se involucre”, destaca a IPS la representante de la organización no gubernamental holandesa, que ha financiado proyectos como Ojo al Voto, una iniciativa costarricense que brindó información independiente durante las elecciones presidenciales y legislativas de 2014.

Ahora HIVOS pretende servir de observatorio del trabajo parlamentario en la Asamblea Legislativa costarricense.

Diego Arguedas Ortiz/IPS/Tierramérica/Ilustraciones:Manrique

Contralínea 419 / del 12 al 18 de Enero de 2015