La versión oficial es de barbarie. Según el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam, un grupo de policías asesinó a seis personas –tres de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa– y secuestró a 43 más para entregarlas a un grupo de delincuentes que opera en la zona, quienes los mataron para después quemar sus cuerpos en un basurero; trituraron luego los huesos que quedaron y los pusieron en bolsas negras que arrojaron al Río San Juan. Sería por eso imposible encontrar los cuerpos de las víctimas. Los autores intelectuales habrían sido el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, que ya están detenidos junto con decenas de policías y algunos individuos a los que acusan de ser sicarios del crimen organizado.

Aun dando crédito a tan inverosímil versión, tendríamos que preguntarnos por el móvil. ¿Cuál fue la ganancia de quien o quienes ordenaron semejante crimen?
La verdad parece ser otra

Ayotzinapa es la sede de una Escuela Normal Rural, de las que estorban al gobierno. Fue fundada en la etapa en que el gobierno de México se asumía como promotor de la educación popular y creó instituciones que se encargaran de preparar a los profesores que atendieran la educación básica en el medio rural. Su principio esencial es que la educación debe vincularse con el trabajo, para contribuir a la comunión entre el quehacer intelectual y el manual.

El proyecto fue abandonado por el Estado mexicano, junto con otras orientaciones de orden social. Los derechos colectivos fueron desapareciendo del texto constitucional o quedando como meros adornos literarios. La educación entró en un proceso abiertamente privatizador, bajo la sabia orientación del Banco Mundial primero, y más tarde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Las normales se volvieron peligrosas para el nuevo modelo, de corte neoliberal. Sobre todo porque su enseñanza tiene contenido libertario. Y si son rurales, mucho peor, porque el sector agropecuario de los países dependientes ha sido devastado y está en proceso de grave debilitamiento como sector económico. ¿Para qué profesores y, aún más, para qué profesores rurales en plena globalización?

Así como desaparecieron la Normal de Roque, Guanajuato, en tiempos de Jesús Reyes Heroles al frente de la Secretaría de Educación Pública, y la de El Mexe, Hidalgo, cuando gobernaba ese estado el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los políticos del sistema quieren exterminar Ayotzinapa y las otras normales que quedan. Eso explica su odio hacia lo que queda de educación popular en México y serviría para saber por qué ocurrió la bárbara masacre de Iguala. Las cosas van mucho más allá de un ayuntamiento y de un gobierno estatal.

La clave para develar lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 está en la persona o personas que ordenaron exterminar y borrar toda huella de los normalistas de Ayotzinapa. Fue alguien tan poderoso que se hizo obedecer por dos alcaldes, dos cuerpos policiacos en pleno y bandas de criminales de la peor calaña. Un hecho relevante es que los soldados no intervinieron para impedir la barbarie.

Educar para liberar

Vendrán transformaciones provenientes de las semillas del estudiantado de Ayotzinapa. El país disfrutará (o sufrirá, según nos vaya) de cambios sustanciales en la vida política y social. Después de esto, ya nada será igual.

Esperemos que no se modifique el país para empeorar. Pugnemos porque camine en sentido positivo y produzca un nuevo sistema educativo que recupere nuestra historia y ponga el quehacer educacional al servicio de la emancipación.

José Enrique González Ruiz
Fuente
Contralínea (México)