En los albores de la recién desempacada administración, en diciembre de 2012, las autoridades afirmaban que los cambios aprobados en el Congreso de la Unión para modificar sustancialmente la Ley Federal del Trabajo (LFT) que nunca se aplicó a cabalidad, permitirían a México dar un enorme salto de 30 lugares en el Índice de Competitividad Mundial. Dos años después, los parámetros internacionales confirmaron que luego de la reforma laboral nuestro país experimentó un salto, pero en reversa: de acuerdo con el ranking establecido en el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), para 2014 el mercado laboral mexicano había caído 11 lugares en el rubro de la competitividad.

El espejismo se esfumó dando la razón a las estimaciones hechas por organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que en su momento alertó que la creación de empleos depende del fortalecimiento de la economía interna de los países, de tal forma que si el crecimiento económico se encuentra paralizado, como viene ocurriendo en México con el precario 1.9 por ciento anual del producto interno bruto (PIB), al igual que su mercado de consumo por la falta de poder adquisitivo de su población, todas las reformas son obsoletas, sobre todo si anulan el incremento real a los salarios y reducen las prestaciones y los derechos de los trabajadores, como sucede en el país.

Es por estas razones que el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, representará para la clase trabajadora de México no un día de festejo, sino de luto nacional. Sinónimo de empleos inestables y salarios de hambre, como resultado de una reforma laboral contraproducente en todos los sentidos a las expectativas oficiales, pues en los hechos ha permitido la desatada subcontratación, la precarización de la fuerza laboral, afectando la justa remuneración de los trabajadores y arrojando a millones de desempleados, sobre todo jóvenes, a la informalidad o a los tentáculos del crimen organizado.

A 3 años de su puesta en marcha, la que debería ser la panacea para la fuerza laboral del país se ha mutado en una caja de Pandora, de la que han brotado su ineficiencia y complicidad al permitir la explotación, a nivel de esclavitud, de los 2 millones de jornaleros agrícolas, el vergonzoso y encubierto trabajo infantil y la apatía por cumplir convenios firmados, en 2011, con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el 189, que garantizan los derechos laborales y humanos de las miles de trabajadoras domésticas.

Lejos de combatirse los contratos de protección por parte de los sindicatos blancos y alentarse la libre sindicalización, las autoridades laborales apoyan la intención patronal por desmembrar a gremios como el del Sindicato Nacional de Mineros. Por todo el país se otorgan registros a sindicatos de empresa que no cuentan con adherentes y que en la mayoría de las ocasiones se encuentran en la esfera de figuras corporativas decadentes, como la Confederación de Trabajadores de México o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos: el charrismo sindical que por décadas ha permitido la insultante expoliación de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California, y que ahora busca hacer las funciones de esquirolaje y división en el gremio de los mineros.

Ahora que han iniciado las campañas electorales donde participan los partidos que desde el Congreso alentaron reformas como la laboral, es momento de que los millones de trabajadores del país aprovechen la actual coyuntura para cuestionarles sobre las consecuencias que ha tenido su irresponsable actuación legislativa. El país se encuentra postrado y medios internacionales como The Financial Times y The Economist, a la par de la propia Cepal, coinciden en que la promesa anunciada a inicios del sexenio, de llegar a un crecimiento anual del 5 por ciento del PIB, no será alcanzada ni con las 11 reformas puestas en marcha (sin el consentimiento de todo la nación).

Muchos diputados y senadores que traicionaron a los trabajadores, cercenando de un plumazo sus derechos y conquistas laborales, son parte del selecto club de chapulines que brincarán de una Cámara a otra, acudiendo nuevamente a pedirle su voto en el marco de una tramposa reforma electoral que les permitirá reelegirse hasta por 12 años.

La brutal realidad que enfrentan millones de trabajadores en sus hogares debe ser motivo de reflexión y rechazo electoral a estos redomados políticos cínicos que en sus spots ocultan que el 37 por ciento de los 49 millones de personas empleadas en el país, poco más de 18 millones, subsisten apenas con dos salarios mínimos, insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, pues el poder adquisitivo, de 1978 a la fecha, se ha deteriorado en un 78 por ciento.

Los partidos y sus candidatos ocultan además, como en su momento lo hicieron ante el Congreso, que paradójicamente México es el país de América Latina donde se pagan los peores salarios: mientras en el resto del Continente casi se han duplicado en la última década, en el nuestro, desde la adopción del modelo neoliberal en el gobierno de Miguel de la Madrid, se ha mantenido una política restrictiva en materia salarial, de tal forma que mientras en Argentina el salario mínimo mensual es en promedio de 474 dólares; en Costa Rica de 516; Uruguay de 300; Guatemala de 273 y hasta El Salvador de 224, en México apenas alcanza los 147 dólares. Estos salarios, que colocan a la clase trabajadora en los márgenes de la miseria, han paralizado también al mercado interno a diferencia de lo que ocurre en otras naciones latinoamericanas, que mediante el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población alientan el consumo interno reactivando sus economías.

Ahora que los partidos insisten en hablar, como la parte oficial, de las bondades de sus reformas mágicas, es momento de hacerlos volver a la realidad, porque este 1 de mayo son millones los trabajadores que no tendrán nada que festejar y sí mucho que exigir a una clase política cínica e irresponsable que ahora nuevamente solicita su voto. El pueblo demanda respuestas y resultados, no más promesas.

Segunda parte

Martin Esparza Flores
Fuente
Contralínea (México)