“Después del huracán Sandy, los americanos [estadunidenses] abrieron sus billeteras para la Cruz Roja. Confiaban en la organización no gubernamental [ONG] y pensaron que estaba a la altura de las circunstancias. Se equivocaban.”
Con estas líneas se abría, en abril del año pasado, una larga serie de artículos y reportajes en los que las organizaciones periodísticas estadunidenses ProPublica y National Public Radio (NPR) han ido evaluando la actuación de la Cruz Roja estadunidense en dos de los desastres naturales más mediáticos de los últimos años. Sus conclusiones son inquietantes y ofrecen algunas lecciones de las que todos deberíamos aprender.
Tras recaudar 312 millones y 500 millones de dólares destinados, respectivamente, a las víctimas del huracán Sandy y el terremoto de Haití, la verdadera respuesta de la organización sobre el terreno se parece poco a la imagen de eficacia que daban sus responsables. Las irregularidades, destapadas a partir de informes y correos internos, incluyen el desvío de recursos de programas hacia actividades de relaciones públicas, mayúsculas torpezas logísticas, desperdicio de recursos esenciales –como ayuda alimentaria– y opacidad en el tratamiento de la información. Veinte piezas completan hasta ahora una serie que incluye reportajes, noticias e intercambios con Cruz Roja en los que ProPublica y NPR analizan las cuentas, las acciones y los resultados de la ONG. Su último reportaje (“Cómo la Cruz Roja recaudó 500 millones de dólares para Haití y construyó seis casas”) ha dado lugar a un intenso debate público sobre la respuesta a las emergencias y la información que facilitan las agencias humanitarias en estas circunstancias.
El alcance de esta investigación va más allá del caso concreto de la Cruz Roja estadunidense. Con independencia de las posibles ilegalidades, describe la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las tareas humanitarias, sean gubernamentales o de organizaciones privadas. Durante demasiados años, la sociedad y las autoridades de los países ricos han estado más preocupadas por asegurar la corrección contable del gasto (“que mi dinero llegue”) que por conocer el verdadero impacto de las acciones.
Eso tiene que cambiar: cuando se trata de recursos escasos destinados a la lucha contra la pobreza, evitar el fraude no es suficiente, porque los resultados pueden llegar a ser tan relevantes para el contribuyente y el donante como las propias leyes.
La buena ayuda ofrece servicios básicos que salvan y transforman vidas, apuntala procesos de desarrollo productivo y genera la creatividad y el emprendimiento que están en la base del progreso. Pero nada de todo eso llega a quienes deben pagarlos si no somos capaces de medirlo y comunicarlo de manera activa y transparente, mucho más en una época de crisis en que la competencia es feroz. En el Reino Unido, por ejemplo, la aprobación de la ley que garantiza el 0.7 por ciento para ayuda oficial de desarrollo ha venido precedida de todas las cautelas necesarias para otorgar valor a cada libra entregada por los contribuyentes.
No son los únicos. Además de los resultados que ofrece el Reino Unido, pueden encontrar portales de calidad dedicados a este asunto en las páginas de la cooperación de Estados Unidos, Canadá, Banco Mundial y otras tantas. También en alguna de las grandes ONG, como Save the Children. Todas ellas hablan de la eficacia de la ayuda y ejercen la transparencia que reclaman.
Si esta tendencia se consolida, el caso de la Cruz Roja estadunidense será en el futuro la excepción, porque en todos los países las organizaciones públicas y privadas estarán sujetas a un escrutinio mucho más estricto que el que han conocido en el pasado. Bienvenido sea: la ayuda es tan sumamente importante para tantos millones de personas que todo lo que podamos hacer para apuntalarla será insuficiente.
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