Periodistas pagan el precio de la represión en Egipto

Un censo penitenciario realizado por la organización con sede en Nueva York, Estados Unidos, a principios de junio pasado y publicado el jueves 25 de ese mes concluyó que las autoridades egipcias tienen detenidos al menos a 18 periodistas por causas vinculadas a su labor informativa.

La cifra es la más alta desde que el CPJ comenzó en 1990 a llevar la cuenta de los trabajadores de los medios de comunicación tras las rejas.

El grupo afirma que el gobierno del presidente Abdelfatah Al-Sisi, quien ganó las elecciones casi sin oposición en mayo de 2014, recurrió al pretexto de la seguridad nacional para reprimir los derechos humanos, incluida la libertad de expresión.

El general Al-Sisi encabezó un golpe de Estado en julio de 2013, que depuso a Mohamed Morsi, del ahora ilegalizado Hermanos Musulmanes, tras 1 año en el poder, después de haber sido electo en las consideradas primeras elecciones democráticas del país. Un tribunal condenó a muerte a Morsi en mayo por conspiración, entre otros delitos.

Estados Unidos sigue siendo el mayor benefactor de El Cairo. Aunque el gobierno de Barack Obama envió en mayo a su Congreso legislativo un informe crítico sobre Egipto, de todas maneras recomendó que Washington siga apoyando a ese país con 1 mil 300 millones de dólares en ayuda, principalmente militar.

Inter Press Service (IPS) le pregunta a Sherif Mansour, coordinador para Oriente Medio y el Norte de África de CPJ, si Estados Unidos debería utilizar su ayuda como presión para exigir reformas.

“Nos gustaría que los responsables políticos y las instituciones internacionales insistan en el respeto por la libertad de prensa y el cese absoluto de la censura vigente como condiciones para la ayuda bilateral y multilateral”, responde.

“También deben pronunciarse contra los abusos contra la prensa tanto en las declaraciones públicas como en las comunicaciones privadas con el gobierno egipcio”, añade.

Más de la mitad de los periodistas encarcelados trabajaban en medios en internet, un indicio de que el gobierno egipcio se concentra cada vez más en la red mundial para acallar a los disidentes.

Seis de los periodistas en el censo del CPJ fueron condenados a cadena perpetua en un juicio colectivo realizado a 51 acusados.

Otros están detenidos en prisión preventiva, sin fecha prevista para su comparecencia ante los tribunales.

Uno de ellos es Mahmoud Abu Zeid, arrestado en agosto de 2013 cuando tomaba fotografías de la violenta dispersión de una protesta en apoyo del depuesto presidente Morsi, en la que murieron cientos de islamistas. Abu Zeid está en prisión preventiva desde entonces, sin una acusación formal.

Según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), un elemento fundamental en la represión es el decreto sobre “entidades terroristas”, emitido el 26 de noviembre.

La definición de “terrorista” del decreto es sumamente amplia. Además de la violencia y las amenazas de violencia, la ley abarca todo delito que, en opinión de las autoridades, dañe “la unidad nacional”, el medio ambiente o los recursos naturales, e impida el trabajo de los funcionarios y la aplicación de la constitución o las leyes.

“Terrorista” es toda persona que apoye a entidades que realicen estas actividades, y ese apoyo puede incluir “el suministro de información”.

Los comunicadores extranjeros también son blancos de la represión. El 23 de junio de 2014 un tribunal condenó a tres periodistas del canal de televisión satelital Al Jazeera y a 15 más por su presunta asociación con el proscrito Hermanos Musulmanes.

Washington protestó en su momento que el veredicto “se burla de las normas más elementales de la libertad de los medios de comunicación y representa un golpe contra el progreso democrático en Egipto”, pero no cesó la ayuda a El Cairo.

Los tres periodistas de Al Jazeera, que habían trabajado anteriormente en otros medios de comunicación internacionales, son el egipcio-canadiense Mohamed Fahmy, el australiano Peter Greste y el egipcio Mohamed Baher.

Los periodistas fueron detenidos tras una redada a su estudio en el hotel Marriott de El Cairo, acusados de pertenecer a Hermanos Musulmanes y de manipular material de archivo de video para “aparentar que Egipto se encuentra en una guerra civil”.

Los tres fueron inicialmente condenados a 7 años en una prisión de máxima seguridad, con 3 años adicionales para Mohamed por la posesión de un casquillo de bala que guardaba como recuerdo.

Otros, en su mayoría estudiantes, fueron acusados de ayudar a los periodistas en la manipulación del material de archivo. Dos fueron absueltos, pero la mayoría fue condenada a 7 años de prisión. Los procesados en rebeldía fueron condenados a 10 años.

Fahmy, Greste y Mohamed ya salieron de la cárcel, aunque Fahmy y Mohamed deberán someterse a otro juicio por los mismos cargos de apoyo al “terrorista” Hermanos Musulmanes.

“El juicio fue una farsa total”, sostuvo Philip Luther, director para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

En un informe publicado el 6 de marzo, HRW denunció que las detenciones arbitrarias y los arrestos por motivos políticos se multiplicaron desde que Al-Sisi derrocó, en julio de 2013, a Morsi.

“El gobierno de Al-Sisi actúa como si para restaurar la estabilidad Egipto necesitara una dosis de represión de las que no se ha visto en décadas, pero el tratamiento está matando al paciente”, escribió Joe Stork, subdirector de HRW para Oriente Medio y el Norte de África.

Según el CPJ, el presidente se prepara para promulgar una ley contra la delincuencia informática, en el contexto de la legislación antiterrorista, que permitirá a las autoridades bloquear portales de internet y condenar a largas penas de cárcel a los usuarios por “dañar la paz social” y “amenazar la unidad nacional”, entre otros delitos vagamente definidos.

“Las posibles consecuencias para los blogueros y los periodistas son nefastas”, advirtió Human Rights Watch.

El proyecto de ley ya fue aprobado por el gabinete ministerial. Sólo falta la firma de Al-Sisi para que la ley entre en vigor.