Última trinchera vs megaminería tóxica en BCS

En el siguiente enlace se puede escuchar la conversación entre Mario y Radio Zapatista Sudcaliforni@. Es una llamada grabada en la radiodifusora minutos después de las detonaciones, cuando la pareja estaba escondida en el monte (http://rzsud.org/2015/05/30/audio-hostigamiento-a-balazos-de-los-cardones-contra-el-rancho-las-padercitas/).

Mario es sobrino de don Jorge Cordero, dueño del predio en cuestión y del rancho Las Padercitas, quien dice tener una sesión de derechos de posesión sobre el predio solicitada por su madre al gobierno en 1982. El rancho está enclavado en una cañada verde atravesada por un riachuelo, enfrente del Cerro Paredones Amarillos, en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna. Ahí ha sido el hogar de los Cordero por más de tres generaciones. Espacio vital del que los intereses mineros que hay en la zona y su terreno pretenden despojarlos. Fue el 3 de marzo de 2015 cuando los guardias de Adamantium Private Security Services establecieron un campamento en las inmediaciones del rancho. En abril de 2014, los guardias de seguridad ya habían bloqueado el acceso al rancho pero fueron echados por los Cordero y otros ciudadanos. Desde entonces la familia ha sido acosada e intimidada de diversas maneras. El 4 de abril pasado, el jefe de seguridad de Adamantium Security les dijo que su misión era “sacarlos de su propiedad vivos o muertos”, me comentó Cristian Cordero, hijo de don Jorge Cordero. En otras ocasiones los guardias han hecho “gala de su civilidad” orinando cuando las hijas o nueras de don Jorge pasan cerca de su campamento, emplazado a un costado del único camino de terracería que comunica Las Padercitas con la carretera La Paz-San José del Cabo, en un predio colindante con la propiedad de don Jorge, mismo que presumiblemente Desarrollo Zapal, SA de CV –empresa que contrató los servicios de Adamantium Private Security Services–, ya compró. Otras veces, cuando los guardias están menos agresivos, les dicen que los quemarán vivos con ácido y les toman fotografías cuando se trasladan por el camino o incluso al interior de lo que queda del rancho, y hasta cuando van al baño, me comentaron Maricela Higuera, esposa de Cristian, y Verónica Cordero, hija de don Jorge.

¿Y por qué el emplazamiento de un campamento de guardias de seguridad privada? ¿Y por qué la intimidación y las agresiones contra la familia Cordero? La respuesta es que los Cordero y su rancho Las Padercitas son la última línea de defensa, de resistencia física en la Sierra de la Laguna, son la última trinchera desde la que se impide la entrada de la compañía minera Desarrollo Zapal, promovente del proyecto minero Los Cardones. Porque don Jorge Cordero ha sido categórico con Gonzalo Zavala, representante de Desarrollo Zapal y le ha dicho una y otra vez, y lo ha hecho público, que no va a vender su predio, primero, porque ese acto implicaría destruir su historia familiar y, segundo, porque tanto él como su familia están conscientes de que una mega mina en la zona pone en riesgo el abastecimiento de agua de cientos de miles de personas de Baja California Sur.

Pero los intentos por explotar esta región no son nuevos. El megaproyecto para la extracción de oro en la Sierra de la Laguna ha sido motivo de un gran descontento social desde hace años. El proyecto ya fue presentado a las autoridades desde hace décadas y en tres ocasiones desde 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, por la trasnacional canadiense Vista Gold, cuyas peticiones fueron denegadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante la movilización de la sociedad civil surcaliforniana. Nuevamente la empresa Desarrollo Zapal presentó el proyecto en octubre de 2013, bajo el nombre de Los Cardones, cuya manifestación de impacto ambiental (MIA) fue aprobada el 12 de junio de 2014 por la Semarnat, a pesar de que parte de la zona que será explotada se encuentra en un Área Natural Protegida, decretada reserva de la biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, áreas protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Aunque se le impusieron condicionantes como tener un plan de manejo de residuos mineros y obtener los permisos conducentes de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Según Exequiel Ezcurra, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, quien realizó un análisis de la MIA aprobada, el documento, además de ser similar a los presentados antes, tiene fallas, por lo que ha cuestionado la aprobación del mismo (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/08/24/megamineria-toxica-en-baja-california-sur/).

La autorización del gobierno de Enrique Peña, a través de Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, de la MIA a Desarrollo Zapal, SA de CV, permitiría a la minera iniciar el establecimiento de una megamina a cielo abierto para la extracción de oro. De acuerdo con la arquitecta Irina Trasviña Mar, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), esa empresa es propiedad de Invecture, de Grupo Salinas, al igual que Adamantium Private Security Services (Oficio FRECIUDAV-0200615, 18 de junio de 2015). Debido a lo anterior no parece coincidencia que, desde hace unos años, Sergio Sarmiento haya estado visitando Baja California Sur y participando en foros a favor de la minería y en contra de los activistas opositores, como en uno de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) en La Paz, en noviembre de 2012. Lo expresado por Sarmiento (www.sergiosarmiento.com/index.php/columnas/reforma/199-mineria-y-ongs) causó enojo en diversos sectores de la sociedad, pues demuestra gran desconocimiento sobre el tema, principalmente en lo que considera grandes beneficios de la minería para los más pobres. Además de que ataca a los activistas opositores, quienes le respondieron de manera sustentada (http://medioambientebcs.blogspot.mx/p/respuesta-sergio-sarmiento.html). El descontento de parte de la sociedad es tan grande que el domingo 3 de agosto de 2014, dentro de una gran manifestación contra el megaproyecto minero, una caravana de más de 120 vehículos procedentes de diversos puntos del estado, bloqueó la calle Licenciado Primo Verdad en la ciudad de La Paz, frente a las instalaciones de Tv Azteca. Ahí gritaron consignas contra el proyecto minero, la empresa televisiva y su dueño. Además, los inconformes quemaron dos piñatas que aludían al secretario Guerra Abud y a Ricardo Salinas Pliego (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/08/24/megamineria-toxica-en-baja-california-sur/).

En el caso de la familia Cordero, ésta opone resistencia y ha sido apoyada por un sector importante de la sociedad surcaliforniana. Desgraciadamente durante la noche del 4 y la madrugada del 5 de marzo pasado su rancho fue saqueado y destruido. Esa noche sólo se encontraba Rodolfo Nava Rojas, amigo de la familia, a quien le habían encargado el rancho, pues don Jorge Cordero (diagnosticado con cáncer de hueso) se había trasladado con otros familiares a La Paz, para someterse a una quimioterapia. Los guardias de seguridad, apoyados por alrededor de 30 individuos, encapuchados, atacaron el rancho, y ante la poca resistencia que pudo presentar Rodolfo, quien tuvo que huir, destruyeron el corral, la casa y se llevaron los escombros de ésta y todas las pertenencias de los Cordero, incluidas dos plantas solares, cocina, refrigerador, horno, una carreta, 13 vacas y tres borregas. Cristian Cordero me comentó que a la mañana siguiente, tras el desmantelamiento de su rancho, los abogados de Desarrollo Zapal se presentaron en el lugar acompañados de un notario público de La Paz para dar fe de que el rancho Las Padercitas se encontraba abandonado. Con ello, la empresa ha iniciado un litigio civil contra la familia Cordero por la posesión del predio El Encantado o El Saucito. Además Cristian menciona que desde la semana siguiente de los hechos no han sabido nada de Rodolfo Nava Rojas. Dice que está desaparecido. Nava Rojas presenció los acontecimientos y fue quien dio aviso a los Cordero vía telefónica de lo que sucedió en su rancho la noche de la invasión.

Ante esta intimidación y despojo, la lucha contra el proyecto Los Cardones está teniendo un nuevo enfoque. Pues si desde hace años gran parte de la sociedad surcaliforniana se ha manifestado en contra del proyecto, por considerarlo un riesgo para su forma de vida y para el medio ambiente, ahora la valiente resistencia de la familia Cordero ante los embates de Desarrollo Zapal se ha convertido en punto de confluencia de diversos grupos, como Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad (MAS), Agua Vale Más que Oro, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Freciudav. Incluso congrega a cientos de extranjeros avecindados en el estado y a un sector de empresarios agrupados en la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), que ha hecho público su rechazo al proyecto (www.facebook.com/photo.php?fbid=1578319242440282&set=a.1578315549107318.1073741846.100007866642538&type=1&theater). Pues todos son consientes del gran impacto negativo que esta forma de despojo y explotación puede traer a la región.

A partir de la destrucción del rancho, gran parte de la sociedadha apoyado a la familia Cordero en diferentes rubros: desde asesoría técnica en cuanto a los riesgos al medio ambiente y a la salud que conlleva la explotación minera a cielo abierto, hasta asesoría legal en el largo y tortuoso periplo que implica levantar una denuncia por agresiones y despojo ante las autoridades, que han empantanado el proceso dando largas a las peticiones de los agraviados. La ayuda también ha sido en obra y especie para la reconstrucción del rancho, al que han ido diversas caravanas desde diferentes puntos del estado durante los meses de abril, mayo y junio. En abril, un grupo de ciudadanos de Todos Santos convocó a una caravana para constatar las denuncias de la familia Cordero, a la que se sumó gente de otras partes del estado, así como un grupo representativo del Freciudav. El 16 de abril por la mañana esa organización acudió a la presidencia municipal de La Paz para solicitar el apoyo de la policía, pues sabían que los guardias de Adamantium Security estaban armados. Así la caravana quedó integrada por civiles, dos patrullas, algunos periodistas y un vehículo de migración. Para los activistas, la presencia de este último fue para intimidar a los extranjeros que apoyan a los Cordero y se han manifestado en contra de la megaminería en la región. La caravana se encontró con un portón que impedía el libre tránsito sobre el único camino vecinal de jurisdicción municipal de acceso hacia el rancho Las Padercitas. A un lado de éste había instalado un sanitario móvil, todo resguardado por seis guardias que se encontraban a unos 200 metros del lugar a bordo de una camioneta doble cabina de la empresa Adamantium. En el área del campamento, los integrantes de la caravana observaron varios cardones derribados, señal de la tala llevada a cabo para establecer el campamento, un delito más cometido por Desarrollo Zapal. Los policías no encontraron armas, sólo una caja de balas vacía. Fue evidente que alguien les advirtió de la visita de inspección y se llevaron las armas a otro lugar (http://frenteaguayvida-bcs.org/2015/04/20/a-rio-revuelto-ganancia-del-grupo-salinas-y-su-mina-toxica-los-cardones/).

En otra caravana, realizada el 25 de abril, hubo un conato de pleito en las inmediaciones del rancho Las Padercitas, en donde uno de los guardias de seguridad privada identificado como vecino de la comunidad de El Rosario se puso violento ante el arribo de la misma y debió ser sometido por policías estatales y municipales que acompañaron a la caravana. En esa ocasión al inspeccionar los vehículos de los guardias de seguridad se encontraron diversas pertenencias de la familia Cordero, mismas que habían sido sustraídas de su rancho la noche del 4 de marzo. Un video y varias fotografías que muestran los hechos pueden ser consultados en (http://frenteaguayvida-bcs.org/2015/04/27/asi-fue-la-caravana-por-nuestros-rancheros/). Después de ese incidente, los guardias de Adamantium Security se retiraron del lugar, pero sólo temporalmente. A los pocos días regresaron e instalaron su campamento nuevamente, aunque ahora ya no bloquearon el acceso de terracería que conduce al rancho Las Padercitas. El 2 de mayo se realizó otra caravana que también contó con el apoyo del ayuntamiento y los policías municipales. En esta ocasión la misión fue reconstruir el corral derribado la noche del brutal despojo, de acuerdo con los activistas, en una muestra de apoyo a la familia Cordero y como un mensaje para Desarrollo Zapal de que la ciudadanía está dispuesta a luchar al lado de la familia Cordero y por la defensa de su medio ambiente en contra de la entrada de la megaminería tóxica a Baja California Sur.

El 24 de mayo en el rancho Las Padercitas, Maricela Higuera, esposa de Cristian Cordero, comentó a Contralínea que “todas las autoridades de todas las dependencias, de todos los niveles de gobierno conocen nuestro problema y saben que Desarrollo Zapal está violando la ley y está cometiendo delitos contra nosotros y no pasa nada, tenemos miedo”. Por su parte, Cristian Cordero me enseñó las fotografías de su rancho antes de ser destruido. En las imágenes impresas se aprecia la casona, el corral, los animales y los pocos bienes materiales con que contaba la familia antes del ataque. Ahora sólo queda el piso firme de cemento donde ubicaron una casa rodante donde ahora viven.

El 18 de junio pasado la familia Cordero se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañada por integrantes del Freciudav y ciudadanos sin ninguna filiación, en donde le entregaron un oficio del Freciudav al procurador Adonaí Carreón Estrada. En éste le exigieron que se proteja el derecho de la ciudadanía a tener acceso a agua potable y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ante los reiterados intentos de establecer una megamina en la Sierra de la Laguna, con la que aseguran se pondría en riesgo el abasto de agua para la población. También le reiteraron al procurador su irrestricto apoyo a la familia Cordero por los hechos ya mencionados y también le exigieron una rendición de cuentas claras en referencia a las averiguaciones previas interpuestas ante ellos (LPZ/154/AMP1/2015, LPZ/155/AMP10/2015 y LPZ/162/AMP(/2015).

La respuesta de la autoridad fue que no tienen jurisdicción en el asunto y que debían dirigirse a las autoridades municipales, esto después de varios meses de que las denuncias fueron interpuestas (oficio del cual se tiene copia); lo que someterá, sin duda, a los Cordero a más vejaciones y trámites burocráticos que parecen interminables, en un largo proceso que puede también estar direccionado al desgaste de las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía que hasta ahora ha apoyado la gesta de la familia Cordero contra Desarrollo Zapal y su proyecto de megaminería a cielo abierto Los Cardones. Así, don Jorge Cordero, Loreto Rodríguez (su esposa), Cristian y Maricela salieron de las oficinas de la Procuraduría del estado con desánimo y las manos vacías, justo como entraron hace meses cuando levantaron las denuncias.