Los despidos de los trabajadores del INAH no deben tomarse a la ligera. Se debe analizar la pertinencia laboral de los contratados antes de realizar cualquier destitución o simplemente antes de no renovar la contratación de los trabajadores. Y es aquí donde radica el mayor problema laboral de miles de empleados en el INAH, pues desde hace decenios el Instituto se ha servido de la mano de obra de pasantes y licenciados de las diversas áreas pertinentes a la antropología y la historia, sin el mínimo respeto por los derechos laborales de los mismos; esto en las áreas académica y de investigación, pues en el área administrativa el panorama es otro, aunque también hay trabajadores temporales.

En este sentido, en la página del INAH se establece que la institución cuenta con una secretaría técnica, siete coordinaciones nacionales y 31 centros estatales; instancias de investigación responsables de 110 mil monumentos históricos, 29 mil zonas arqueológicas registradas de las cuales sólo 181 están abiertas al público, más de 120 museos de diferentes categorías –aunque Diego Prieto ha declarado que son 192 zonas arqueológicas abiertas y más de 160 museos–, así como bibliotecas y fototecas. Además, la institución realiza trabajo antropológico en diversas comunidades. Es evidente que el INAH requiere para la investigación, conservación y difusión de lo mencionado una gran cantidad de investigadores, aunque sólo cuenta con entre 800 y 900, incluidos los profesores de las tres escuelas del Instituto. En su conjunto, el personal mencionado es insuficiente para las actividades de investigación y académicas requeridas; por eso es que durante décadas se ha contratado a personal eventual, aunque siempre se ha negado la necesidad que se tiene de este, pretexto que usa el INAH para no reconocer los derechos laborales de estos trabajadores.

Esta situación es bien retratada en los pasillos de la institución cuando investigadores eventuales o recién egresados de la universidad buscan una plaza de investigación, que en primer instancia se abre a concurso porque un vetusto y encumbrado científico, después de decenios de ardua labor se ha retirado y por esa causa se abrió la plaza, misma que detenta unos estándares académicos altísimos debido a la longevidad estudiosa del que la ha abandonado. Dicen en el INAH que “una plaza se abre a concurso cada que muere un investigador”, y esa es una expresión que refleja la realidad laboral del instituto: no hay una apertura de plazas de investigación desde hace décadas, salvo contadas excepciones, ya que la mayoría se reciclan como se ha señalado.

El 5 de febrero pasado, en entrevista con Carmen Aristegui, Diego Prieto dijo que hasta antes de los recortes laboraban en el INAH 6 mil 500 trabajadores, de los cuales 5 mil son de base y 1 mil 500 contratados de manera eventual. Desafortunadamente de esos 1 mil 500 un .08 por ciento ya no fue recontratado debido a los recortes mencionados. Cabe señalar que de los 5 mil de base la mayoría son administrativos, técnicos, manuales y de servicios; pues como ya mencioné, los investigadores, en el mejor de los casos, son 900.

Es injustificable que una institución cuyos propósitos fundamentales son la investigación y la enseñanza académica, tenga una plantilla de administrativos tan superior a la de los investigadores y profesores. Esa es una de las grandes contradicciones del INAH, que deriva de una mala planeación y de una burocracia acendrada en sus formas de perpetuación; burocracia administrativa que desde hace décadas tiene el control del Instituto.

La otra gran contradicción del INAH tiene que ver con los trabajadores eventuales, los contratados por cortos periodos en una estrategia “de esclavitud laboral”, misma que se emplea para evitar su basificación. Esos trabajadores son llamados “los indocumentados” y, aunque parezca absurdo, son casi el doble de los investigadores con base. Con la contratación eventual el INAH evade las mínimas obligaciones laborales que marca el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo del mismo Instituto (aunque Diego Prieto asegura que actualmente todos los eventuales reciben servicio médico). Situación que debió ser regulada en los meses recientes, pues se tiene noticia de que hace poco algunos investigadores sólo firmaban una nómina en proyectos en los que sólo interviene el INAH. Además de que en general los investigadores que reciben servicio médico son aquellos que laboran para terceros que mantienen convenios con el INAH; por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o las compañías constructoras involucradas en la edificación de ductos, carreteras y tendido de líneas eléctricas e infraestructura de otra índole, esto en el caso de los arqueólogos de salvamento; y son esos terceros los que dan el servicio médico.

Ojalá que todos los eventuales de cualquier área del INAH, los que sobrevivieron al recorte, reciban el servicio médico que Diego Prieto asevera que el instituto les facilita.

Es una burla que el INAH, la entidad encargada de la preservación de la memoria histórica y arqueológica, así como del estudio antropológico de la sociedad –todas materias de las que el hombre es la parte fundamental–, sea una de las instituciones que más socava los derechos laborales del trabajador; de ese “indocumentado” sin prestaciones, que además es contratado a capricho del director de un proyecto; de ese hombre que es sustituido o cesado, sin mayor mediación, después de años de labor; de esa mujer que accidentada debido a la negligencia de su jefa, debió abandonar la práctica de su profesión sin la indemnización adecuada; de ese joven investigador que ya no es contratado porque un aviador planea de lejos la oficina, el archivo o la fototeca, porque el subdirector le debe un favor.

La administración federal tiene que reflexionar sobre los despidos de los trabajadores del INAH, pero sobre todo acerca de la situación laboral del Instituto y, en conjunto con el director del mismo, así como con los trabajadores, revisar los tipos de contratación que se celebran, sobre todo de los investigadores. Las autoridades deben revertir las injustas situaciones laborales que prevalecen en el INAH, ya que es una dependencia gubernamental y sus trabajadores son responsabilidad del Estado mexicano; y éste debe ser garante de los derechos individuales y colectivos de esos trabajadores, que mantienen a una institución que investiga y protege el devenir social en sus múltiples manifestaciones culturales, pero que también carcome la integridad de su componente humano.

Roberto E Galindo Domínguez
Fuente
Contralínea (México)